Beatriz Mortera Millan
Expediente 141/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 141/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Beatriz Mortera Millan
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, tres de marzo de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el proveído de diecisiete de febrero del año en curso (acuerdo 1), notificado por lista de acuerdos el veintidós de febrero siguiente, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así como en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa...
- Principal
Debido a que la parte quejosa ******* no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, se publica el acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Analizada la demanda de amparo interpuesta por *******, contra actos del Juez de Control de la Sala 1 del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XII Distrito Judicial, con residencia en Coatepec, Veracruz, y otras autoridades, se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 141/2022 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. DESECHAMIENTO De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, como a continuación se expone: HIPÓTESIS NORMATIVA Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, establece la improcedencia del juicio de amparo, que derive de disposiciones contenidas en esa ley o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la improcedencia de la vía constitucional. De manera que el catálogo de causas de improcedencia legal no es limitativo si no enunciativo, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras distintas que surjan de la propia ley. Ahora, del artículo 5° de la Ley de Amparo, se observa que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1°, de la ley de la materia y con ello se produzca una afectación real y actual en sus derechos, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese sentido, el numeral en cita resalta que, para la procedencia del juicio de amparo, es un presupuesto indispensable que la ley o el acto reclamado cause perjuicio o afecte los derechos del quejoso, de manera real, objetiva y jurídica. Así, de la interpretación sistemática de dichas disposiciones se colige que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, por lo que corresponde a la parte quejosa demostrar el derecho que le asiste para reclamar en esta vía e indicar con exactitud el acto o actos violatorios de los derechos humanos en su perjuicio, así como acreditar que dicho acto reclamado le ocasiona un perjuicio al momento de la presentación de la demanda, esto es, una ofensa o daño en sus derechos o intereses. Por ejemplo, tratándose del proceso penal, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, la citación para la audiencia inicial no conlleva, por sí misma, afectación a la libertad personal del citado, tal como se desprende de lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 141 de ese ordenamiento, como se observa a continuación: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y Por lo que, si la citación a la audiencia inicial consiste en la comunicación que dirige el Juez al imputado, a petición del Ministerio Público, mediante la cual se le informa que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia, con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra y formularle imputación en términos del artículo 309 de ese ordenamiento procesal. Se concluye entonces, que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, no es un acto que afecte su libertad personal, puesto que en dicha audiencia podrá o no ser vinculado(a) a proceso y, en su caso, sometido(a) a una medida cautelar. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª./J. 78/2018, décima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018828, de rubro y texto siguiente: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." No obsta a lo anterior el hecho que conforme a la fracción II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales invocado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública o se dicte en su contra orden de aprehensión, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Ahora bien, en el caso específico es pertinente mencionar que, tratándose de actos futuros, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra aquellos actos que además sean inminentes, es decir, que exista certeza sobre su realización, bien porque estén acreditados actos previos de la autoridad que hagan evidente su existencia futura, o bien que, por sus características inherentes se concluya que el acto reclamado ha de ejecutarse como lo refiere la parte promovente en su demanda. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 19, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo VI, Apéndice de 1995, 3 Página: 13, Quinta Época del texto y rubro siguientes: ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones." Asimismo, la diversa jurisprudencia 23, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 19 localizable en el Apéndice de 1985, Tomo 20 VIII, Página: 45, Quinta Época del rubro y texto siguientes: ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza." En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada, un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente, no puede reputarse propiamente como integrante de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º, fracción I, de la ley de la materia, condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique al quejoso. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo, y si se promueve, en este supuesto, el mismo se torna improcedente. HECHOS En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la probable imposición de una medida cautelar de prisión preventiva justificada que implique la privación de su libertad personal y reclusión, derivada de la carpeta judicializada número ******* del índice del Juzgado de Control de la Sala 1 del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XII Distrito Judicial, con residencia en Coatepec, Veracruz. Al respecto, la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que sí existe en trámite un juicio ordinario civil promovido por ******* en su contra, radicado bajo el número ******* del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz, en el que se ejercitaron acciones civiles reclamando lo siguiente: Refiriendo la parte quejosa que la relación contractual que celebraron no proviene de ningún contrato de compraventa, sino de un contrato de promesa de compraventa con reconocimiento de adeudo, razón por la cual en el citado juicio ordinario civil interpuso reconvención debido a que la actora fue quien incumplió con el pago de la promesa, por lo que reconvino la rescisión del contrato de promesa de compraventa, habiéndose celebrado todas las audiencias de Ley, cerrado el periodo probatorio y de alegatos, turnándose el expediente para el dictado de la sentencia que aún no se ha emitido. No obstante, la parte actora derivado de los mismos hechos formuló la denuncia respectiva y con motivo de ello fue radicada la carpeta de investigación anteriormente precisada, lo cual le fue notificado en la audiencia inicial celebrada el once de febrero de dos mil veintidós, misma que fue aplazada porque el Fiscal no entregó previamente los registros de la carpeta de investigación y no se le permitió que procediera a la formulación de imputación. CONCLUSIÓN Conforme a lo antes expuesto, como bien lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª./J. 78/2018, en contra del auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar, siendo que en caso de no comparecer injustificadamente pueda ordenarse su comparecencia forzosa, sin embargo, ello es un acto futuro de realización incierta al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación, de ahí a que similar razonamiento se debe allegar respecto de la probable imposición de una medida cautelar de prisión preventiva justificada atribuida al Juez responsable, pues a todas luces resulta ser un acto futuro de realización incierta, lo que pone de manifiesto que no existe una afectación real y actual en la esfera jurídica de la directa quejosa, pues su realización está sujeta a meras eventualidades, en el caso, que asista o no a la citación para la celebración de la audiencia inicial dentro de la carpeta judicializada número ******* del índice del Juzgado de Control de la Sala 1 del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XII Distrito Judicial, con residencia en Coatepec, Veracruz, que ésta se lleve a cabo, y que el Ministerio Público manifieste su interés por formular imputación y solicite la medida cautelar de prisión preventiva justificada, así como que el delito atribuible a la aquí quejosa encuadre en alguna de las causas de procedencia previstas en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En virtud de lo expuesto, es evidente la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y, por tanto, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del artículo 113 del ordenamiento en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica, ubicado en esta ciudad. Además, se autoriza con las facultades amplias a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a *******, debido a que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Además, con apoyo en los artículo 3 de la Ley de Amparo, 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los cuales establecen los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, se autoriza a *******, con usuario *******" el ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, únicamente para efectos de consulta del juicio; con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas; lo anterior, sin perjuicio que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles, para su consulta. En ese aspecto, toda vez que resulta necesario habilitarlo, se instruye a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y su reforma por cuanto a su vigencia contenida en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, requiérase a la parte quejosa para que se sirva proporcionar un correo electrónico y/o servicio de mensajería instantánea, tanto de ellas como de sus autorizados, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Además, acorde con los artículos 22, fracción I y 28 del Acuerdo invocado, se le exhorta a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo que deberá informar a este Juzgado, mediante escrito en el que exprese su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se le notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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