Beatriz Morales Flores
Expediente 996/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 996/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Beatriz Morales Flores
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por Beatriz Moreno Flores y Ma. Máxima Flores Juárez, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de treinta y uno de octubre del año en curso (fojas 14 a 17), y al efecto manifiesta bajo protesta de decir verdad que el delito que se sigue en la causa penal 313/2015 del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer es el de lesiones en riña y que no se encuentran privadas de su libertad. Por tanto, se tiene por desahogada la prevención efectuada en auto de treinta y uno de octubre del año en curso y al efecto se provee: Desechamiento de demanda. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que las quejosas señalan como acto reclamado, la resolución de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del toca penal 138/2019, del índice de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia, que ordena reponer el procedimiento de la causa penal 313/2015, seguida por el delito de lesiones en riña, en contra de las quejosa, a partir de la notificación irregular del acuerdo de seis de marzo de dos mil dieciocho. Asimismo, señalan que no se encuentran privadas de la libertad con motivo de dicho procedimiento. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En esas condiciones, este juzgado considera que en el presente asunto se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales, 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Sobre los actos cuyos efectos son de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que, al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que los quejosos no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estarán en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de garantías bi-instancial, debe tenerse en cuenta, que en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. En el caso la resolución combatida no afecta ninguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, pues existe la posibilidad de que los efectos de aquellas afectaciones desaparezcan en caso de que la quejosa obtenga lo pretendido al resolverse en definitiva la causa penal, ya que de ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del impetrante. En tales circunstancias, la resolución que aquí se combate, no patentiza una afectación material y directa a los derechos sustantivos de las quejosas Beatriz Morales Flores y MA. Máxima Flores Juárez, dado que el acto concreto de autoridad, ordenó la reposición del procedimiento y las procesadas -aquí quejosas-, no se encuentran privadas de su libertad, lo que en su caso, podía afectar algún derecho sustantivo y hacer procedente este juicio de amparo. Sobre el tema merece invocarse la jurisprudencia siguiente: "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Con base en ello, la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable, el cual está reconocido tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales suscritos por México". A partir de lo anterior, el juicio de amparo resulta improcedente, pues se itera, las quejosas se encuentran en libertad y la determinación reclamada no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, dado que ordenó la reposición del procedimiento; lo cual, sólo implica que se postergue el dictado de la sentencia, pero no afecta materialmente, ni de manera inmediata y directa, derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como pudiera ser el de libertad, en el supuesto de que las quejosas estuvieran en prisión, toda vez que ésta podría verse afectada al prolongarse el pronunciamiento de la sentencia de fondo, cuyos efectos no podrían repararse ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio. Adicionalmente, como el acto reclamado únicamente tiene efectos formales o intraprocesales que no necesariamente van a ocasionar que la sentencia definitiva que se dicte en el proceso penal de origen sea desfavorable a sus intereses, es innegable que el juicio es improcedente, ya que la determinación combatida y sus consecuencias, no resultan de tal gravedad, que impida el ejercicio de un derecho, antes del dictado de la resolución definitiva. De ahí que se asevere que el juicio de amparo indirecto promovido contra el acto reclamado resulta improcedente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V (en sentido contrario), de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se declara infundado el incidente de objeción promovido por Alejandro Moreno Morales, en atención a lo expuesto en le considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alejandro Moreno Morales, contra los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables y para los efectos indicados en el último considerando de la presente resolución.
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