Beatríz Mejía Magallón

Expediente 1119/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1119/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
08/01/2019

Partes del expediente

  • Beatríz Mejía Magallón

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, OCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el oficio número 17413, signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, Michoacán, mediante el cual acusa de recibo del diverso 19592, por el que se le remitió el juicio de amparo 1119/2018, promovido por BEATRIZ MEJIA MAGALLÓN y MA DEL ROSARIO MEJIA MAGALLÓN, asimismo, informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del citado juicio de garantías. Por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que del párrafo que antecede se advierte que el cuaderno de antecedentes en que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida por BEATRIZ MEJIA MAGALLÓN y MA DEL ROSARIO MEJIA MAGALLÓN, contra actos del Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, se advierte que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que a continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: ".Del PRESIDENTE MUNICIPAL señalado come Responsable del posible despojo del Inmueble ubicado en el Domicilio marcado con el numero 143 ciento cuarenta y tres ahora Numero 137 ciento treinta y siete, aduciendo que el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR le autorizó verbalmente que se expropiara a futuro dicho inmueble para instalar oficinas en la Presidencia Municipal de la Ciudad de Jiquilpan de Juárez, Michoacán, indicando contar con la anuencia del H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO para autorizar el presupuesto necesario en un futuro para que el H. Ayuntamiento de Jiquilpan Michoacán adquiera el inmueble, así como con el apoyo del PROCURADOR GENERAL del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y de la FISCALÍA REGIONAL con Sede en Jiquilpan de Juárez, Michoacán de Ocampo, para hacer un probable uso de la fuerza Pública para el caso de resultar necesario, y que a estas dos últimas autoridades les dio la anuencia el GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO para auxiliarlo con uso de la fuerza Pública a fin de evitarnos el acceso al inmueble a que se hará referencia más adelante y al comandante de la policía de mando único de la ciudad de Jiquilpan de Juárez, Michoacán de Ocampo por acudir personalmente al domicilio ubicado en la calle Profesor Fajardo húmero 85 ochenta y cinco norte de la Ciudad de Jiquilpan de Juárez, Michoacán de Ocampo el día 10 diez de Diciembre de 2013 dos mil dieciocho Por habernos acosado con detenernos si nos encontraban en la Ciudad de Jiquilpan de Juárez Michoacán de Ocampo, aduciendo tener "Órdenes Superiores" sin Precisar Quien, pero especialmente que no nos acercáramos al inmueble ubicado sobre la Av. Lázaro Cárdenas #143 ciento cuarenta y ahora #137 ciento treinta y siete materia de éste juicio de amparo, porque dé lo centrado seriamos privados de nuestra libertad. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA de los estados Unidos Mexicanos, el haber autorizado la expropiación futura del inmueble al que haremos referencia en los antecedentes conformadores de esta demanda de amparo. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, el haber autorizado al Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, así como al Fiscal Regional de Justicia con Sede en el Distrito Judicial de Jiquilpan de Juárez, Michoacán de Ocampo para auxiliar al Presidente Municipal de Jiquilpan de Juárez, Michoacán de Ocampo con el posible uso de la fuerza pública -en caso de ser necesario- a fin de evitarnos el acceso al inmueble a que se hará referencia más adelante. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, así como al Fiscal Regional de Justicia con Sede en el Distrito Judicial de Jiquilpan de Juárez Michoacán de Ocampo para auxiliar al Presidente Municipal de Jiquilpan de Juárez, Michoacán de Ocampo con el posible Use de la fuerza pública -en caso de ser necesario- a fin de eviternos el acceso al inmueble a que se hará referencia más adelante. H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO para autorizar el presupuesto necesario -en un futuro- para que el H. Ayuntamiento de Jiquilpan Michoacán adquiera el inmueble. COMANDANTE DE LA POLICÍA DE MANDO ÚNICO de la Ciudad de Jiquilpan de Juárez, Michoacán de Ocampo, por haber enviado a dos de sus elementos -pues traían las insignias del Mando Único- quienes dijeron que iban de su parte, acosándonos en ese momento con detenernos y darnos una paliza si se nos veía al día siguiente en esta Ciudad de Jiquilpan de Juárez, Michoacán de Ocampo, pero especialmente que no nos acercáramos al inmueble ubicado sobre la Av. Lázaro Cadenas número 143 ciento cuarenta y tres ahora número 137 ciento treinta y siete materia de este juicio de amparo, porque de lo contrario seriamos privados de nuestra libertad, de aquí que tenemos el fundado temor que en cualquier momento nos puedan detener de manera arbitraria sin causa justificada alguna" Así las cosas, se estima competente para conocer de la demanda en trato, al Juez de Distrito en el Estado Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, pues el acto reclamado lleva inmersa una ejecución material, que tendrá materialización en Jiquilpan, Michoacán, por ser ese el lugar en donde se encuentra ubicado el bien inmueble, de que se dicen son poseedores las aquí quejosas y que se le pretende despojar y expropiar, será ahí donde habrá de ejecutarse el mismo, lugar donde de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, tiene competencia dicha autoridad federal. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aplicada por identidad de razón, consultable en la página 41, volumen 205-216, cuarta parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCION EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. "Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta". Y la tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." En virtud a lo anterior, sin proveer sobre la admisión de la demanda, previo cuaderno de antecedentes que se forme y se deje en este órgano jurisdiccional se ordena remitir la demanda de amparo y copias relativas, a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, para que previos los trámites y registros administrativos correspondientes, remita la demanda de garantías al Juez de Distrito en el Estado en turno, con la atenta suplica de acusar recibo correspondiente e informar acerca de lo que provea, referente a la competencia planteada. Asimismo, en el caso no ha lugar a proveer lo conducente respecto de la suspensión provisional del acto reclamado, toda vez que no se halla dentro de los supuestos previstos en el artículo 48, párrafo primero de la Ley de Amparo, a fin de que este órgano jurisdiccional proveyera lo conducente y tampoco se ubica en alguno de los supuestos que establece el artículo 128, fracción I, y sin que sea el caso de abrirlo de oficio, en razón a que en la especie no se actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 127 del citado ordenamiento. No ha lugar a tener a los promoventes señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este tribunal, por no encontrarse prevista esa circunstancia en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente según su artículo 2°, párrafo segundo; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 27, fracción III, de la ley reglamentaria en cita, las notificaciones que deban hacerse al promovente, aún las de carácter personal, se le practicarán por lista. Asimismo, se tiene autorizando para oír recibir notificaciones a Javier Ávalos Sosa, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que el primero al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, se advierte que se encontró el dato inherente a la cédula profesional número 2453336, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, no así a Julio César Reyes Calderón, en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la licenciatura en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa y únicamente para recibirlas a María del Carmen Rangel Tena, Edith Martínez Flores, Carlos Eduardo Moreno Piña, Marcela Mejía Magallón y César Roberto Flores Mejía, en razón a que los promoventes manifiestan que son pasantes de la citada licenciatura. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..

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