Beatriz Marquez Cruz
Expediente 196/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 196/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Beatriz Marquez Cruz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó su demanda de garantías, dentro del plazo ... se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. .. archívese este expediente como asunto totalmente concluido. .. Notifíquese por lista a la parte quejosa como está ordenado en proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés.
- Principal
Con la demanda de amparo presentada por ******, contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 196/2022 y dese de alta en el sistema correspondiente. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, reclama lo siguiente: Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca La falta de respuesta al escrito presentado el diez de abril del año en curso, dentro del expediente **************. .. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de análisis de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudiesen allegar las partes al proceso. ... Esencialmente, la parte quejosa reclama al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, la omisión de acordar su escrito presentado el diez de abril de dos mil veintitrés, por el cual solicitó se señale fecha y hora para que tenga verificativo la junta a que se refiere el artículo 779 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Oaxaca, dentro del expediente ***. En ese sentido, el suscrito juzgador advierte, de oficio, que respecto del acto reclamado en el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, a "contrario sensu", en virtud de que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos del quejoso, los cuales, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Del numeral referido en primer orden, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la causa emane de alguna disposición de la Constitución Federal, o de la Ley de Amparo. Del precepto transcrito en último orden se colige que para que los actos puedan ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas. En consecuencia, dada la connotación que el legislador le asignó a lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones que dirimen el tema de personalidad. Al respecto debe precisarse, que al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la actual Ley de Amparo ofrece precisión acerca de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación a partir de la reforma a la Ley de Amparo de fecha tres de abril del año dos mil tres. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es preciso destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia temática consideró que la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8º constitucional, cuando se eleva una solicitud dentro un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, no puede reclamarse de manera autónoma, dado que las reglas que rigen esos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. De igual manera, la Primera Sala sostuvo que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. Por lo tanto, consideró, que por regla general, el amparo indirecto es improcedente, ya que si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, ello no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, pues debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Ahora bien, el acto reclamado en este juicio constitucional consiste, en la omisión por parte de la autoridad responsable en acordar su escrito presentado el diez de abril de dos mil veintitrés, por el cual el quejoso solicitó se señale fecha y hora para que tenga verificativo la junta a que se refiere el artículo 779 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Oaxaca, dentro del expediente **********. Así, queda de manifiesto que dicho acto reclamado no constituye un acto que afecte derechos sustantivos de la parte quejosa; en cambio, se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no la deja sin defensa ni puede analizarse de forma autónoma, como lo estableció la Primera Sala del Alto Tribunal, ya que se considera como una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tiene que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada (Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca); acto respecto del cual el juicio de amparo es improcedente. En efecto, con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales (adjetivos) de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, pues es evidente que los efectos de tal acto reclamado no se traducen al exterior del procedimiento de origen. Es así, porque como se indicó, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación es de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que, el interpuesto contra el acto reclamado en el presente juicio de amparo, al ser de esta naturaleza, resulta notoriamente improcedente. ... DESECHAMIENTO. En consecuencia, al tratarse de actos que no tienen una ejecución de imposible reparación, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V "a contrario sensu", ambos de la Ley de Amparo; por lo tanto, se desecha de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento jurídico. DOMICILIO Como las quejosas señalan los estrados de este Juzgado, para oír y recibir notificaciones, y el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publica en los estrados del Juzgado; por consiguiente, como lo piden, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aun las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. .. AUTORIZADOS Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 24 de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que nombra la parte quejosa, porque en esos términos lo solicita. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de las quejosas a *****. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALES Por economía procesal, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. . INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Atendiendo a lo establecido en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones, para su debida integración; por lo que se instruye al Secretario de Juzgado, al oficial judicial, al actuario judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, que llevan el trámite de este expediente, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo. Lo anterior, a fin de que tanto el expediente impreso como el electrónico coincidan y, una vez concluido el asunto, se realice la certificación correspondiente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista como está ordenado en este proveído.
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