Beatriz López Carpinteyro

Expediente 1297/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1297/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • Beatriz López Carpinteyro
  • Junta Especial Número Tres de las que Integran la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Declaración de estado Ha causado estado el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archivo de asunto Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales", publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como asunto concluido; toda vez que en el presente sumario constitucional se dictó acuerdo fuera de audiencia. Valoración Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3°, fracción XVIII, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, que por auto de once de octubre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio biinstancial; en consecuencia, se considera que es susceptible de destrucción, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los citados numerales 12 y 14; en virtud que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b) del referido Acuerdo General. Además, se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado; esto es, no versó sobre delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.

  2. Principal

    Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el contenido de los autos, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6° de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" En los numerales previamente transcritos se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo referido es un requisito indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento de derechos humanos, que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales de la parte quejosa. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3°, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí, por conducto de su representante legal o apoderado, o en su caso, por el defensor público o privado del quejoso, cuando el acto reclamado derive de un proceso penal; en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberla presentado por medios electrónicos, la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En este asunto, del examen del escrito de demanda y de las copias certificadas de la misma que anexó la parte quejosa, se advierte que carece de firma autógrafa. Circunstancia que se corrobora con el contenido de la papeleta realizada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en la cual se asentó en el apartado "Cuenta con firma: No" y en el apartado de observaciones, "F*14641572 RELACIONADO CON BOLETA 14694/2019 DEL JUZGADO 2° DTTO. DEMANDA SIN FORMA AUTÓGRAFA.". De manera que al no obrar la firma del promovente en la demanda de amparo no se advierte su manifestación de voluntad de acudir a la presente instancia constitucional; dado que las partes en un procedimiento a través de la firma expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia de la entonces la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 242775, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma autógrafa del apoderado de la parte quejosa... o en su caso la parte quejosa..., no puede decirse exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. En efecto, la falta de firma, al ser considerada ésta como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional conforme lo dispuesto en el artículo 6°, de la Ley de Amparo. Bajo este contexto, resulta claro que, si el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia que el particular a quien se afecte en su esfera o derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de amparo en su calidad de promovente, y la única manera que el quejoso inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentar la demanda de amparo firmada en original; esto es, de manera autógrafa o mediante firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal; o bien, por conducto de su defensor o su apoderado legal. En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma del promovente o la quejosa, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 314, en el tomo X, del mes de octubre de 1992, octava época del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." De igual forma, la tesis sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 508, del tomo VI, segunda parte- 2, correspondiente al mes de julio a diciembre de 1990, octava época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." En las relatadas consideraciones, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es obstáculo, que por auto de catorce de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la presente demanda, pues las causas de improcedencia son de orden público, de manera que se pueden posteriormente examinar si existen o no motivos de sobreseimiento. Es así, porque el artículo 113 de la Ley de Amparo sólo establece el desechamiento de plano de la demanda, cuando de ella misma se desprenden de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia; más no impide, admitida la demanda, la estimación posterior de causas que, ya supervenientes o anteriores a dicha admisión, determinen, conforme a la ley, el sobreseimiento en el juicio de amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º, todos de la Ley de Amparo y por ende, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por el artículo 63 fracción V, del mismo ordenamiento legal. Se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional. Se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos y una vez que cause estado el presente proveído, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE FECHA ONCE DE OCTUBRE DOS MIL VEINTDOS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el contenido de los autos, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6° de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" En los numerales previamente transcritos se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo referido es un requisito indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento de derechos humanos, que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales de la parte quejosa. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3°, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí, por conducto de su representante legal o apoderado, o en su caso, por el defensor público o privado del quejoso, cuando el acto reclamado derive de un proceso penal; en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberla presentado por medios electrónicos, la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En este asunto, del examen del escrito de demanda y de las copias certificadas de la misma que anexó la parte quejosa, se advierte que carece de firma autógrafa. Circunstancia que se corrobora con el contenido de la papeleta realizada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en la cual se asentó en el apartado "Cuenta con firma: No" y en el apartado de observaciones, "F*14641572 RELACIONADO CON BOLETA 14694/2019 DEL JUZGADO 2° DTTO. DEMANDA SIN FORMA AUTÓGRAFA.". De manera que al no obrar la firma del promovente en la demanda de amparo no se advierte su manifestación de voluntad de acudir a la presente instancia constitucional; dado que las partes en un procedimiento a través de la firma expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia de la entonces la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 242775, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma autógrafa del apoderado de la parte quejosa... o en su caso la parte quejosa..., no puede decirse exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. En efecto, la falta de firma, al ser considerada ésta como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional conforme lo dispuesto en el artículo 6°, de la Ley de Amparo. Bajo este contexto, resulta claro que, si el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia que el particular a quien se afecte en su esfera o derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de amparo en su calidad de promovente, y la única manera que el quejoso inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentar la demanda de amparo firmada en original; esto es, de manera autógrafa o mediante firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal; o bien, por conducto de su defensor o su apoderado legal. En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma del promovente o la quejosa, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 314, en el tomo X, del mes de octubre de 1992, octava época del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." De igual forma, la tesis sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 508, del tomo VI, segunda parte- 2, correspondiente al mes de julio a diciembre de 1990, octava época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." En las relatadas consideraciones, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es obstáculo, que por auto de catorce de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la presente demanda, pues las causas de improcedencia son de orden público, de manera que se pueden posteriormente examinar si existen o no motivos de sobreseimiento. Es así, porque el artículo 113 de la Ley de Amparo sólo establece el desechamiento de plano de la demanda, cuando de ella misma se desprenden de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia; más no impide, admitida la demanda, la estimación posterior de causas que, ya supervenientes o anteriores a dicha admisión, determinen, conforme a la ley, el sobreseimiento en el juicio de amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º, todos de la Ley de Amparo y por ende, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por el artículo 63 fracción V, del mismo ordenamiento legal. Se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional. Se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos y una vez que cause estado el presente proveído, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    Autoridad remite constancias Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Puebla. Se tiene a la autoridad oficiante remitiendo copias certificadas de diversas constancias que obran dentro del expediente laboral..., las que se tomarán en cuenta al momento de emitir la sentencia correspondiente. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.

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