Beatriz López Atilano
Expediente 1011/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1011/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Beatriz López Atilano
Actuaciones
- Principal
- causa estado - Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de nueve de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. - ARCHIVO - Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. - DESTINO DEL EXPEDIENTE - Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: - El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso d), del artículo 21, en razón de que el nueve de diciembre de dos mil veinte, la demanda de amparo se desechó. Se señala como fecha susceptible para tal efecto el nueve de febrero de dos mi veinticuatro, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el presente auto. Una vez cumplido el término antes indicado, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. - INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES - Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. -INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN RESERVADA - De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese por lista a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020.... 1011/2020-IV.
- Principal
Se notifica por lista de acuerdos a la quejosa Beatriz López Atilano el proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte que dice: Vista la demanda de amparo promovida por Beatriz López Atilano, contra actos del Juez Tercero de lo Civil en el Estado; fórmese el expediente impreso y electrónico, anótese en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, con el consecutivo 1011/2020-IV. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis de la demanda de mérito, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". Ahora bien, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Tercero de lo Civil en el Estado, que hace consistir: "El auto de dieciocho de noviembre de veinte, que se dictó en el expediente... del Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial, manifiesta que la autoridad responsable determinó que las publicaciones por edictos fueron publicadas en intervalos menores a siete días y negó acusar la rebeldía e ingresar al periodo probatorio." Como antecedentes del acto de reclamo, la peticionaria de amparo manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 1. En fecha 10 de agosto de 2020 se dictó un auto por la autoridad responsable en el cual se autorizaba la notificación a la contraparte de la demanda del expediente... del Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes por medio de tres edictos los cuales deberán publicarse con intervalos no menores de siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro Periódico de Circulación Estatal, para que en el término de 30 días contados a partir de la última publicación, haga valer lo que a su derecho convenga. 2 En fecha....presenté por medio del C. .... promoción por medio de la cual se exhibían las publicaciones de edicto realizadas tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de mayor circulación en el Estado. Las publicaciones tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en el periódico de mayor circulación fueron publicados los días... 3. En fecha 18 de noviembre de 2020 se dicta un auto por el que la autoridad responsable señala que estas publicaciones se realizaron con intervalo menor a SIETE días, incumpliendo con el arto 114 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, sin fundar ni motivar cómo es que las publicaciones fueron realizadas con un intervalo menor al que señala la ley. 4.- Es por ello, que el Juez Tercero de lo Civil del Estado de Aguascalientes está causando un agravio de imposible reparación dentro del juicio puesto que el tiempo transcurrido no se puede recuperar, amén de que las publicaciones sí fueron realizadas con un intervalo no menor al SIETE días, como lo señala el arto 114 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. 5. De ahí que se solicite el amparo y protección de la justicia de la Unión en vía indirecta para que la autoridad responsable reponga el auto de 18 de noviembre de 2020 y tenga por hechas las publicaciones de conformidad con el arto 114 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes." Esta determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. En la especie, respecto a dichos actos reclamados, de oficio, este juzgador, hace notar que se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento, en virtud de que el acto reclamado es de aquellos "intermedios". El precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean e imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). Conforme al último de los preceptos, los actos de imposible reparación se definen aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, sostuvo que el artículo 107 de ese ordenamiento ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en esas disposiciones -sostuvo el Máximo Tribunal-, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. La citada contradicción de tesis dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de dos mil catorce, tomo I, página 39, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Lo anterior pone en evidencia que el acto reclamado consistente en el auto que determina que las publicaciones por edictos para emplazar a la parte demandada en el juicio de origen fueron publicadas en intervalos menores a siete días, por lo que negó acusar la rebeldía y pasar al periodo probatorio, no es de los considerados de ejecución irreparable en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los tratados internacionales, en los que México sea parte, en favor de la promovente, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones, la propiedad, etcétera; en todo caso, constituye una transgresión de naturaleza procesal, pero no la faculta para instar este medio extraordinario; ya que éste, en los casos en los que se reclaman actos dictados dentro de juicio, tiene por finalidad el garantizar el respeto a los derechos sustantivos de la promovente. Así se considera, porque el acto reclamado sólo implica infracción a derechos adjetivos, lo que únicamente produce efectos dentro del procedimiento, puesto que a través del acto reclamado se pretende integrar debidamente la relación jurídica procesal a una de los demandados; sin que sea óbice la dilación del proceso que podría entrañar la emisión del fallo definitivo, pues tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto. Además, aun y cuando la determinación judicial reclamada implique que la parte quejosa deba realizar nuevamente el pago por la publicación de los edictos en el juicio a efecto de lograr el emplazamiento de la parte demandada, no implica que se afecten de manera directa e inmediata derechos sustantivos de la propia actora en el juicio natural, ya que la circunstancia del impacto patrimonial que pudiera generársele, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial en los juicios civiles, en los que es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Así, conforme a lo expuesto en la demanda, no se advierte alguna otra consecuencia derivada del acto de autoridad que se reclama que pudiera impactar en los derechos sustantivos de la parte actora, más allá del tiempo que llegare a prolongarse el procedimiento y el impacto económico que pudiere generársele, a efecto de considerar que se trata de un acto en juicio de imposible reparación. De ahí que los efectos del acto reclamado son reparables y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias, en una eventualidad, es factible que se extinguen, sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, ya que no necesariamente llegará trascender al resultado del fallo. Por lo tanto, la resolución reclamada no es de aquellos actos de los que alude el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tiene la naturaleza de un acto procesal. Además, la posible violación procesal no producirá de manera cierta e inmediata una afectación a los derechos fundamentales de la quejosa, habida cuenta que puede obtener un fallo definitivo favorable en el que incluso se podría llegar a condenar a su contra parte al pago de gastos y costas judiciales, con lo que desaparecerían fácticamente los efectos de la violación procesal, dejando intacta su esfera jurídica al no alterarse algún derecho sustantivo. Por analogía se invoca la tesis I.14o.C.15 K (9a.), con registro 160816, insta de Tribunales Colegiados de Circuito, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo: Libro I, Octubre de 2011 Tomo 3, página 1662, cuyos rubro y texto son: "NULIDAD DE ACTUACIONES POR DEFECTOS EN EL EMPLAZAMIENTO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE, POR TAL RAZÓN, ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO, AUNQUE ELLO PUEDE IMPLICAR REALIZARLO POR EDICTOS. De igual manera, por identidad jurídica sustancial, se invoca la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 37/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo Libro VIII, Mayo de 2012 Tomo 1, página 741, con rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). Por tanto, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo. ...
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