Beatriz Loaeza Jímenez
Expediente 402/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 402/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Beatriz Loaeza Jímenez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de cuenta, que suscribe la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, mediante el cual comunica que acepta la competencia planteada, y se avoca al conocimiento del asunto. En consecuencia con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como asunto definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimento a los puntos noveno fracción I, décimo, y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente cuaderno de antecedentes, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. En el entendido que al no contar con documentos originales, transcurridos seis meses contados a partir del presente acuerdo, deberá procederse a su destrucción, en términos del punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Vista la demanda de garantías que promueven Beatriz Loaeza Jiménez, Macrina Santiago Cortés, Alfredo Ríos Luna, María Victoria Colmenares Cruz, Maritza Colmenares Olivera, Virgilio Gutiérrez Pérez, Inés Pérez Cosme y Bibiana Jiménez Cruz, contra actos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese bajo el número 402/2017. Del análisis de la demanda de garantías, se desprende que la parte quejosa reclama, entre otros actos, de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, el no utilizar todos los instrumento legales para hacer cumplir el laudo dictado en el expediente laboral 11/2008. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone expresamente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de este artículo se advierte que existen tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito: a) Por regla general la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que residan las autoridades del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito donde se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquél donde se presente la demanda. Es así que, si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en donde se haya presentado la demanda, de lo contrario, es decir, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar en donde ésta tenga lugar. Atento a lo anterior, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado, a saber, la "falta de ejecución efectiva del laudo dictado dentro del expediente laboral 11/2008", necesariamente tendrá ejecución material en San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, lugar donde ejercen jurisdicción los jueces de distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz; de ahí, que la regla que se actualiza es la mencionada en el inciso a), esto es, la prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, pues si bien es cierto que el acto reclamado es traduce en uno de carácter omisivo, no menos cierto es, que su materialización es de carácter positivo, y consiste en la ejecución por parte de las autoridades responsables del laudo dictado en el juicio laboral 11/2008, pues todo lo concerniente a la debida ejecución del mismo, se verificará en el municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca (residencia de la parte demandada en dicho juicio), el cual, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, corresponde a la jurisdicción de los juzgados de distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. Por ello, aunque el acto reclamado se ubique en su forma de expresión como un acto omisivo, lo cierto es que en virtud de sus consecuencias es positivo, si se toma en cuenta que implica la reinstalación de los quejosos en su fuente de trabajo (municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca). Por tanto, resulta evidente que el acto reclamado se asemeja, por su forma de expresión, a una inejecución simple; sin embargo, por sus efectos se deduce que en realidad tiene naturaleza positiva y como tal debe tratarse, pues constituye una consecuencia directa vinculada con la negativa de la autoridad para ejecutar el laudo en el juicio laboral 11/2008, por lo que ésta, al negarle a la parte quejosa dicha ejecución, actúa en forma positiva, afectando su esfera jurídica; luego, es claro que sus efectos son de naturaleza positiva Sin que obste a lo anterior, que la autoridad responsable resida dentro de la jurisdicción de este juzgado, pues como quedó demostrado, las consecuencias del acto reclamado, se realizarán en el municipio de San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, lugar donde tienen jurisdicción los jueces de distrito en el Estado con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, por lo que, es incorrecto considerar que la residencia de la autoridad responsable, en el caso concreto, determine la competencia para el conocimiento del presente asunto. Resulta aplicable al caso, la tesis emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 2288, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Así como la diversa sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 1299, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En consecuencia, con fundamento en el invocado numeral 37 de la Ley de Amparo, el suscrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata. Remítase la demanda de cuenta y copias al Juez de Distrito en Turno con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados en esa ciudad; solicitándole el acuse de recibo correspondiente; fórmese cuaderno de antecedentes. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda, y para los mismos efectos, a las personas que se mencionan. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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