BEATRIZ LETICIA CHAVEZ TAPIA y Otros.

Expediente 1035/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1035/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
06/12/2019

Partes del expediente

  • BEATRIZ LETICIA CHAVEZ TAPIA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de loa cuales se advierte, que se encontraban señaladas las nueve horas del día de hoy, a efecto de llevarse a cabo la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; empero, tomando en consideración que partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve, la nueva Titular de este Órgano de Control Constitucional es la jueza ***, conforme al oficio SEADS/1412/2019, de trece de noviembre de dos mil diecinueve, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; hágase del conocimiento de las partes, tal situación, para los fines conducentes. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que la misma tenga verificativo.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE INFORME JUSTIFICADO. Por recibidos los oficios signados por el Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Alto Impacto y Jefe de Célula de Investigación Criminal, ambos con sede en la ciudad de Guanajuato, Capital, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, ténganse por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional y désele vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

  3. Principal

    Vistos los presentes autos, de los cuales se advierte que aún no obra en los mismos, el informe justificado solicitado a las autoridades responsables Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto y Jefe de Grupo de la Unidad Especializada en Investigación de delitos de alto Impacto adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, ambos con residencia en Guanajuato, Capital, ni obra en autos el acuse de recibo en donde conste que ya fueron notificadas para tal efecto; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que la misma tenga verificativo.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 1035/2019-III.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Con fundamento en los artículos 112, 115, 116, 117 y 128 de la Ley de Amparo en vigor, se admite la demanda promovida por ***, contra actos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto y Jefe de Grupo de la Unidad Especializada en Investigación de delitos de alto Impacto adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, ambos con residencia en Guanajuato, Capital. Fijado lo anterior, pídase a las autoridades responsables su informe justificado que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se les solicita. No obstante lo anotado, las responsables deberán de tomar en consideración el artículo 25 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra dice: Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por tanto, si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Asimismo, las autoridades responsables expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; debiendo, en su caso, acompañar el expediente respectivo o bien copia certificada, legible, íntegra y ordenada de las constancias necesarias para apoyar el informe que emita. También, deberán informar a este Juzgado de las resoluciones que se dicten en el juicio de origen, así como de los recursos, o en su caso de distintos juicios de amparo que al efecto se interpongan. Requiérase a las partes para que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de la Federación y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo; lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del citado precepto legal, para el caso de que este órgano jurisdiccional advierta de oficio alguna causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa conforme a lo dispuesto por el artículo 237 fracción I, de la invocada Ley. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo por así permitirlo las labores del Juzgado y para favorecer la pronta y expedita impartición de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Por otra parte, una vez que la autoridad responsable rinda su informe justificado y remita las constancias correspondientes, de estimarse necesario, se acordará lo que en derecho respecto del tercero interesado y su llamado a este juicio de amparo con el indicado carácter. Por otro lado, toda vez que de la lectura integral de la demanda de cuenta se desprende que el acto reclamado consiste en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, actos prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo; de conformidad con el diverso numeral 126 de este último ordenamiento legal SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que ***, no sean detenidos con motivo de la orden de privación de la libertad fuera de procedimiento que se reclama en esta vía constitucional. La medida cautelar en cita no surtirá efectos en favor de los quejosos sí se les sorprende en flagrante delito; o bien, se trata de cumplimentar una orden de comparecencia, presentación, aprehensión o reaprehensión dictada por autoridad judicial. Es aplicable al caso, por lo que informa, la Tesis de Jurisprudencia de rubro y texto que dice: Época: Décima Época Registro: 2013066 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 18 de noviembre de 2016 10:29 h Materia(s): (Común) Tesis: 1a./J. 58/2016 (10a.) ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." Contradicción de tesis 154/2016. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 7 de septiembre de 2016. Sin que sea necesario fijar garantía alguna para que surta efectos la presente medida cautelar, dada la forma en que fue decretada la suspensión del acto reclamado. Por lo que hace al acto reclamado que hacen consistir en el cateo del bien inmueble ubicado en Privada María Sánchez, número 112-A, Colonia Las Insurgentes de esta ciudad, NO ES PROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN, por no reunirse los extremos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que son medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona; es decir, la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial es insuspendible. Es aplicable al caso, la Tesis de Jurisprudencia de rubro y texto que dice: Época: Décima Época Registro: 2016745 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 53, Abril de 2018, Tomo III Materia(s): Común, Penal, Penal Tesis: XXVII.3o.50 P (10a.) Página: 2261 ORDEN DE CATEO DECRETADA POR EL JUEZ DE CONTROL. POR DISPOSICIÓN EXPRESA DEL ARTÍCULO 128, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN NO PUEDE SER OBJETO DE SUSPENSIÓN. De conformidad con el precepto citado, no serán objeto de suspensión: i) las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona; y, ii) la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Ahora bien, el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contenido en el título III, intitulado "Etapa de investigación", capítulo III, denominado "Técnicas de investigación", establece a las órdenes de cateo como actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control; por tanto, al no ser objeto de suspensión por disposición expresa de la Ley de Amparo, debe negarse la medida cautelar respecto de dicho acto. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. En otro orden, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal; asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase por autorizado en amplios términos al licenciado René Vázquez Arreola, toda vez que su cédula profesional se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que lo autoriza a ejercer la profesión de abogado. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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