Beatriz Landero Martínez
Expediente 42/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 42/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 15/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Beatriz Landero Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Córdoba, Veracruz, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, autorizada el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. No obsta lo anterior que no haya transcurrido el aludido plazo de diez días al tercero interesado, toda vez que se sobreseyó el presente asunto, por lo que su sentido no le causa ningún agravio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas que remitiera la autoridad responsable, Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Decimocuarto Distrito Judicial, con residencia en Córdoba, Veracruz, las cuales constan en dos tomos de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, autorizada el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. No obsta lo anterior que no haya transcurrido el aludido plazo de diez días al tercero interesado, toda vez que se sobreseyó el presente asunto, por lo que su sentido no le causa ningún agravio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas que remitiera la autoridad responsable, Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Decimocuarto Distrito Judicial, con residencia en Córdoba, Veracruz, las cuales constan en dos tomos de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 42/2021, promovido por. contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos. PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y la autoridad que a continuación se precisan. AUTORIDAD RESPONSABLE. ACTO RECLAMADO. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda bajo el número 42/2021; en consecuencia, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó emplazar al tercero interesado y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. En proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por emplazado a juicio al tercero interesado. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que se reclaman actos que no requieren ejecución material, por lo cual la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, en términos del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, sintetizado en el inciso b) del considerando anterior, consistente en la omisión de dictar la sentencia definitiva correspondiente en el juicio. de su índice. El artículo 60 del Código de procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz dispone lo siguiente. De la interpretación literal del invocado precepto se advierte que dentro del procedimiento civil, la sentencia se dictará al concluir la audiencia de pruebas y alegatos o dentro de los diez días siguientes, teniendo como única excepción cuando se trata de expedientes de doscientas fojas en adelante, los cuales podrán ser resueltos en un término de quince días. Luego, del análisis de las copias certificadas deducidas del citado juicio civil. remitidas por la responsable en apoyo a su informe con justificación, se advierte en lo que trasciende que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, esto es, el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, el Juez responsable se encontraba legalmente imposibilitado para dictar la sentencia definitiva en dicho litigio, en la medida que aún no se había llevado a cabo la audiencia de pruebas y alegatos correspondiente; pues incluso la propia actora aun no daba contestación a la demanda en reconvención instaurada en su contra. De ahí que la omisión de dictar la sentencia dentro del citado expediente civil, sea inexistente, ya que, se insiste, al momento de la presentación de la demanda de amparo, dicho expediente no se encontraba en estado de resolución. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto el acto de que se trata en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, sintetizado bajo el inciso. del considerando segundo, consistente en la omisión de dictar las medidas necesarias para que se ejecute la pensión alimenticia provisional decretada en el juicio ordinario civil. en favor del menor identificado con las iniciales. particularmente, respecto de girar oficio a la fuente de trabajo del demandado. para que proceda a realizar el descuento respectivo, pues con independencia de que en su informe justificado lo negó, efectuó diversas manifestaciones de las cuales se evidencia la existencia del mismo; por tanto, se tiene por desvirtuada dicha negativa. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte -de oficioque respecto del acto reclamado consistente en. omisión de dictar las medidas para que se ejecute la pensión alimenticia provisional decretada en el juicio ordinario civil. en favor del menor identificado con las iniciales. particularmente, lo relativo a girar oficio a la fuente de trabajo del demandado. para que proceda a realizar el descuento respectivo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece. De acuerdo con el citado artículo 61, fracción XXI, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo. cuando sea de carácter negativo. el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Precisado lo anterior, se reitera, la quejosa. acude al presente juicio de amparo y reclama del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, la omisión de dictar las medidas necesarias para que se ejecute la pensión alimenticia provisional decretada en el juicio ordinario civil. en favor de su menor hijo identificado con las iniciales. particularmente, respecto de girar oficio a la fuente de trabajo del demandado. para que procediera a realizar el descuento respectivo Sin embargo, de las constancias que remitió la citada responsable en vía de informe, relativas al expediente civil. se desprende en lo que al caso trasciende que el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, esto es, con posterioridad a la fecha en que se presentó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. el Juez responsable giró oficio a la fuente de trabajo del demandado. a fin de que realizara el descuento respecto del equivalente al veinte por ciento. del sueldo y demás prestaciones que percibe dicho accionado, que por concepto de pensión alimenticia provisional fue decretada en el auto de radicación de dicho sumario; asimismo, que el quince de febrero siguiente, dicha negociación informó que procedió a efectuar el descuento ordenado por la autoridad judicial. Luego, dichas actuaciones ponen de manifiesto que la conducta omisiva reclamada a la responsable cesó, pues ya actuó para el efecto pretendido por la impetrante de amparo, es decir, los efectos de la omisión reclamada desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada, sobre todo si se toma en cuenta que los efectos de una posible concesión de amparo, se constreñirían a que la responsable girara el oficio en los términos citados; lo que, se insiste, ya aconteció. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto del acto reclamado, al actualizarse la causal de improcedencia en mención. Finalmente, cabe destacar que no pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por las partes, a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario analizarlos, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se. ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 42/2021, promovido por el menor identificado con las iniciales. contra los actos reclamados del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, por los fundamentos y motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
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