Beatríz Jiménez Juárez

Expediente 419/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 49 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
419/2019
Año
2019
Actuaciones
49
Última actuación
25/06/2021

Partes del expediente

  • Beatríz Jiménez Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 49.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese sin mayor proveído el oficio y anexo signado por el Jefe del Departamento de Trabajo y Servicios Administrativos de "Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, Comisión Federal de Electricidad", con residencia en Alto Lucero, Veracruz, toda vez que mediante proveído de siete de junio del año en curso, se declaró por cumplida la ejecutoria de amparo, ordenando el archivo del asunto como totalmente concluido. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de junio de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, siendo únicamente el autorizado de la parte tercero interesado quien hizo uso de ese derecho. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridades responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección a la parte quejosa Beatriz Jiménez Juárez. Inconforme con la citada resolución, Ulises García Martínez, autorizado de la parte tercero interesada en el presente asunto, interpuso recurso de revisión en su contra, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, en la materia de la revisión, confirmó la sentencia recurrida, en la que se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en los términos y efectos siguientes: ".En conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados sólo por lo que hace a Beatriz Jiménez Juárez, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el quince de mayo de dos mil diecinueve en el juicio ordinario civil 71/2019 y, en su lugar, emita otra en la que proceda con plenitud de jurisdicción a resolver nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del material probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso y una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario regraduar la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la quejosa, haga un análisis comparativo entre las necesidades de dicha acreedora y las posibilidades del deudor, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario, en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance." Como consecuencia de lo anterior, en proveído de diez de marzo de dos mil veinte, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Posteriormente, en proveído veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, pues mediante oficio 1903 de once de noviembre de dos mil veinte, el Juez Decimocuarto de Primera de Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veinte, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de quince de mayo de dos mil diecinueve, mediante la cual resolvió el recurso de reclamación de alimentos, derivado del juicio ordinario civil 71/2019 de su índice, y se pronunció nuevamente al respecto, en la que analizó los elementos de prueba concernientes a la etapa procesal y con libertad de jurisdicción declaró procedente el recurso de reclamación planteado, en la que determinó reducir la pensión provisional alimentaria fijada del 20% (veinte por ciento) al 10% (diez por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí tercero interesado José Vicente Ramírez Cortés. Para lo cual planteó los agravios hechos valer por el demandado y que de forma sucinta baso en que la pensión alimenticia provisional decretada violenta el principio de proporcionalidad ya que no se tomó en consideración que la parte actora no acreditó la necesidad de los alimentos, puesto que no comprueba su capacidad económica o los ingresos que percibe como trabajadora del colegio bilingüe Lancaster. De igual forma, el reo manifiesta que independientemente de que siga casado con la aquí quejosa, él tiene sus propios gastos de alimentos, así como que tiene diversa carga económica relativa a la pensión alimenticia a su primer patrimonio, para lo cual exhibió copia certificada del acta de divorcio expedida por el Oficial Encargado del Registro Civil en Veracruz, Veracruz, documental que se le otorgó valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 235 fracción II 261 fracción IV, 265 y 326 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Asimismo, se tienen como pruebas dos recibos provisionales de pago en efectivo, factura expedida por Vida Imagen, S.A. de C.V., data nueve de marzo de dos mil dieciocho, estados de cuenta de Citibanamex de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, un ticket de doce de febrero de dos mil diecinueve expedido por Costco de México, S.A. de C.V., dos ticket de fecha uno de marzo y veintisiete de febrero de dos mil diecinueve de Farmacia Guadalajara, S.A. DE C.V., dos ticket de veintiocho y veintinueve de febrero de dos mil diecinueve, depósito a cuenta bancaria por la cantidad de cinco mil trescientos pesos de tres de diciembre de dos mil diecinueve, expedido por Santander, estados de cuenta de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve de Megacable, de dieciséis de febrero de dos mil diecinueve, de Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., de Santander México, del periodo marzo de dos mil dieciocho y de enero de dos mil quince, de Banco Mercantil del Norte del período de agosto de dos mil dieciocho, de Costco de México, S.A. de C.V., del período de febrero de dos mil diecinueve, ticket de compra de ABC Aerolínea, S.A. de C.V., de tres de agosto de dos mil dieciocho, recibos expedidos por la Comisión Federal de Electricidad, a favor de José Vicente Ramírez Cortés, detalles de operaciones emitidos por Citibanamex de veintisiete de enero de dos mil dieciocho, estado de cuenta de Afore Coppel, dos copias de notas de servicio expedidas por Ma. Dolores Verónica Zapata Romero relativas a inscripción de colegiaturas y copia del segundo testimonio del instrumento notarial número once mil setecientos diecisiete de la Notaría Pública Número Trece de doce de enero de dos mil quince, documentales que se les otorgó valor probatorio en términos del artículo 266 del Código adjetivo civil del Estado de Veracruz. De igual forma, facturas emitidas por Computación G. Pages, S.C. de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, Óptica Aguilar Moreno S.A, de C.V. de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, factura del laboratorio Zavala, Delfín, Ibañez, S.A, de C.V., de diez de agosto de dos mil dieciocho, dos facturas emitidas por Carmen Castillo Segura, de once de septiembre y veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, cuatro factura expedidas por María Dolores Verónica Zapata Romero de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho y uno de febrero de dos mil diecinueve, dieciséis de agosto y veintitrés de abril de dos mil dieciocho, tres facturas del Centro de Prevención y Salvamento de Pie Diabéticc San Elian de siete de febrero de dos mil dieciocho, una factura expedida por Octavio Rojas Huidobro de diez de marzo de dos mil dieciocho, y dos facturas de Óptica Aguilar Moreno, sociedad anónima de capital variable, de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, a los cuales se les otorgó valor conforme a lo establecido por los artículos 29 y 129-A del Código Fiscal de la Federación. Así también, constancias de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Beatriz Jiménez Juárez, de veintitrés de febrero de dos mil diecinueve, con valor probatorio en términos del artículo 261, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo que respecta a la aquí quejosa Beatriz Jiménez Juárez, planteó los agravios en relación a que el porcentaje del veinte por ciento que le fue asignado en la medida provisional no es excesivo, puesto que al demandado le resta el ochenta por ciento para cubrir sus gastos, y si ella trabaja es porque le es necesario para hacerse cargo de sus alimentos. Para lo cual ofreció las siguientes documentales, copia certificada del acta de matrimonio de data veinticuatro de abril de dos mil quince, a la cual se le dio valor probatorio en términos de los artículos 235 fracción II, 261 fracción IV, 265 y 326 del Código Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Asimismo, trece ticket de fechas de uno, catorce, diecinueve, veintiuno, veintidós, veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, veintiocho de octubre, veintiocho de noviembre de ese año, relativas a compras de Walmart, Chedraui, Bodega Aurrera, abonos de la tienda Coppel, pago de Gasolina, compra de Samborns, pago de teléfono, Radio Mil Dipsa, documentos que se les otorgó valor probatorio en términos del artículo 266 del Código adjetivo civil del Estado de Veracruz. Sentado lo anterior, el juez responsable expuso, se debe atender a la constancia de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Beatriz Jiménez Juárez, de veintitrés de febrero de dos mil diecinueve (aproximadamente mes y medio después de la presentación de la demanda de alimentos) de la que se advierte que la actora se encuentra laborando actualmente y que cuenta con un salario base de cotización de trescientos cuarenta y ocho pesos con treinta centavos, enlazado con el hecho que la aquí quejosa manifiesta que sus ingresos le son insuficientes. A lo que reiteró "los cónyuges deben darse alimentos en forma recíproca, por lo que; la premisa que la cónyuge tiene el derecho de pedir alimentos y si ella no tiene trabajo o una fuente de ingresos, ello genera una presunción a su favor sobre su estado de necesidad". Por lo tanto cuando una esposa trabaja tal circunstancia no exime la obligación del cónyuge de otorgar el alimento, la única percusión se refleja en el estado de necesidad aludido, en ese sentido, el estado de necesidad es de especial relevancia para la procedencia de una pensión alimenticia, pues por medio de aquella que se actualiza la obligación a cargo del deudor alimentario para proporcionar los medios de subsistencia. Por lo que debe de acreditarse el estado de necesidad; situación que no acontece, puesto que la actora reconoció tener ingresos. Respecto a las manifestaciones de la parte actora a que tiene una hija y que ella está a cargo por completo de sus alimentos, sin embargo de sus pruebas ofrecidas el juez responsable advirtió que sus gastos no son exclusivos para satisfacer sus alimentos, sino también las de la menor. Así también, se tiene el informe rendido por el Juez del Departamento de Trabajo Administrativos de la Comisión Federal de Electricidad, de la que observó el juez responsable que el reo obtiene una pensión jubilatoria diaria de tres mil cientos cuarenta y seis pesos y noventa y siete centavos, cantidad a la cual se le deducen quinientos pesos por concepto de pensión alimenticia, doscientos veinticuatro pesos por concepto de seguro de obrero, y el impuesto sobre la renta proporcional a su ingreso, dos recibos de pagos quincenales expedidos a favor del demandado por la cantidad mensual de cincuenta y ocho mil ochocientos dos pesos y veinte centavos, con rubros de pensión alimenticia por siete mil pesos mensuales, otra por pensión alimenticia quincenal por la cantidad de nueve mil treinta y dos pesos y la última, por la cantidad quincenal de nueve mil setenta y ocho pesos con veinte centavos. Por lo que el juez responsable expuso, después de analizar el acta de divorcio que exhibió el demandado, advirtió que el reo se comprometió a pagar a la ex cónyuge María Dolores Domínguez Sandoval, la cantidad de quince mil pesos mensuales, y la pensión provisional que percibe la actora es por la cantidad de dieciocho mil cien pesos con sesenta centavos al mes; de lo anterior el juez responsable advirtió que la actora percibe un excedente de aproximadamente doce mil pesos, cuando dice sus necesidades personales son menores. Con todo ello, se declaró procedente el recurso de reclamación planteado por el aquí tercero interesado, y en consecuencia, consideró regraduar el monto de la pensión alimenticia de la quejosa del 20% (veinte por ciento) al 10% (diez por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado José Vicente Ramírez Cortés. En ese sentido, en concordancia con lo anteriormente expuesto se determina que la autoridad responsable Juez Decimocuarto de Primera de Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veinte, y dictó la diversa de quince de mayo de dos mil diecinueve. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que pase inadvertida las manifestaciones realizadas por el autorizado del tercero interesado, en desahogo de vista, mediante el cual expresó su conformidad respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva) del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General 3, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, se estima innecesario que continúe en este juzgado el tomo de pruebas que se formó con las constancias remitidas por el juez responsable en el presente expediente; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. Lo que se notifica por este medio a la parte quejosa, así por estar ordenado en autos.

  3. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, siete de junio de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 419/2019, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, siete de junio de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, siendo únicamente el autorizado de la parte tercero interesado quien hizo uso de ese derecho. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridades responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección a la parte quejosa Beatriz Jiménez Juárez. Inconforme con la citada resolución, Ulises García Martínez, autorizado de la parte tercero interesada en el presente asunto, interpuso recurso de revisión en su contra, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, en la materia de la revisión, confirmó la sentencia recurrida, en la que se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en los términos y efectos siguientes: ".En conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados sólo por lo que hace a Beatriz Jiménez Juárez, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el quince de mayo de dos mil diecinueve en el juicio ordinario civil 71/2019 y, en su lugar, emita otra en la que proceda con plenitud de jurisdicción a resolver nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del material probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso y una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario regraduar la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la quejosa, haga un análisis comparativo entre las necesidades de dicha acreedora y las posibilidades del deudor, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario, en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance." Como consecuencia de lo anterior, en proveído de diez de marzo de dos mil veinte, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Posteriormente, en proveído veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, pues mediante oficio 1903 de once de noviembre de dos mil veinte, el Juez Decimocuarto de Primera de Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veinte, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de quince de mayo de dos mil diecinueve, mediante la cual resolvió el recurso de reclamación de alimentos, derivado del juicio ordinario civil 71/2019 de su índice, y se pronunció nuevamente al respecto, en la que analizó los elementos de prueba concernientes a la etapa procesal y con libertad de jurisdicción declaró procedente el recurso de reclamación planteado, en la que determinó reducir la pensión provisional alimentaria fijada del 20% (veinte por ciento) al 10% (diez por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí tercero interesado José Vicente Ramírez Cortés. Para lo cual planteó los agravios hechos valer por el demandado y que de forma sucinta baso en que la pensión alimenticia provisional decretada violenta el principio de proporcionalidad ya que no se tomó en consideración que la parte actora no acreditó la necesidad de los alimentos, puesto que no comprueba su capacidad económica o los ingresos que percibe como trabajadora del colegio bilingüe Lancaster. De igual forma, el reo manifiesta que independientemente de que siga casado con la aquí quejosa, él tiene sus propios gastos de alimentos, así como que tiene diversa carga económica relativa a la pensión alimenticia a su primer patrimonio, para lo cual exhibió copia certificada del acta de divorcio expedida por el Oficial Encargado del Registro Civil en Veracruz, Veracruz, documental que se le otorgó valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 235 fracción II 261 fracción IV, 265 y 326 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Asimismo, se tienen como pruebas dos recibos provisionales de pago en efectivo, factura expedida por Vida Imagen, S.A. de C.V., data nueve de marzo de dos mil dieciocho, estados de cuenta de Citibanamex de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, un ticket de doce de febrero de dos mil diecinueve expedido por Costco de México, S.A. de C.V., dos ticket de fecha uno de marzo y veintisiete de febrero de dos mil diecinueve de Farmacia Guadalajara, S.A. DE C.V., dos ticket de veintiocho y veintinueve de febrero de dos mil diecinueve, depósito a cuenta bancaria por la cantidad de cinco mil trescientos pesos de tres de diciembre de dos mil diecinueve, expedido por Santander, estados de cuenta de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve de Megacable, de dieciséis de febrero de dos mil diecinueve, de Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., de Santander México, del periodo marzo de dos mil dieciocho y de enero de dos mil quince, de Banco Mercantil del Norte del período de agosto de dos mil dieciocho, de Costco de México, S.A. de C.V., del período de febrero de dos mil diecinueve, ticket de compra de ABC Aerolínea, S.A. de C.V., de tres de agosto de dos mil dieciocho, recibos expedidos por la Comisión Federal de Electricidad, a favor de José Vicente Ramírez Cortés, detalles de operaciones emitidos por Citibanamex de veintisiete de enero de dos mil dieciocho, estado de cuenta de Afore Coppel, dos copias de notas de servicio expedidas por Ma. Dolores Verónica Zapata Romero relativas a inscripción de colegiaturas y copia del segundo testimonio del instrumento notarial número once mil setecientos diecisiete de la Notaría Pública Número Trece de doce de enero de dos mil quince, documentales que se les otorgó valor probatorio en términos del artículo 266 del Código adjetivo civil del Estado de Veracruz. De igual forma, facturas emitidas por Computación G. Pages, S.C. de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, Óptica Aguilar Moreno S.A, de C.V. de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, factura del laboratorio Zavala, Delfín, Ibañez, S.A, de C.V., de diez de agosto de dos mil dieciocho, dos facturas emitidas por Carmen Castillo Segura, de once de septiembre y veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, cuatro factura expedidas por María Dolores Verónica Zapata Romero de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho y uno de febrero de dos mil diecinueve, dieciséis de agosto y veintitrés de abril de dos mil dieciocho, tres facturas del Centro de Prevención y Salvamento de Pie Diabéticc San Elian de siete de febrero de dos mil dieciocho, una factura expedida por Octavio Rojas Huidobro de diez de marzo de dos mil dieciocho, y dos facturas de Óptica Aguilar Moreno, sociedad anónima de capital variable, de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, a los cuales se les otorgó valor conforme a lo establecido por los artículos 29 y 129-A del Código Fiscal de la Federación. Así también, constancias de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Beatriz Jiménez Juárez, de veintitrés de febrero de dos mil diecinueve, con valor probatorio en términos del artículo 261, fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo que respecta a la aquí quejosa Beatriz Jiménez Juárez, planteó los agravios en relación a que el porcentaje del veinte por ciento que le fue asignado en la medida provisional no es excesivo, puesto que al demandado le resta el ochenta por ciento para cubrir sus gastos, y si ella trabaja es porque le es necesario para hacerse cargo de sus alimentos. Para lo cual ofreció las siguientes documentales, copia certificada del acta de matrimonio de data veinticuatro de abril de dos mil quince, a la cual se le dio valor probatorio en términos de los artículos 235 fracción II, 261 fracción IV, 265 y 326 del Código Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Asimismo, trece ticket de fechas de uno, catorce, diecinueve, veintiuno, veintidós, veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, veintiocho de octubre, veintiocho de noviembre de ese año, relativas a compras de Walmart, Chedraui, Bodega Aurrera, abonos de la tienda Coppel, pago de Gasolina, compra de Samborns, pago de teléfono, Radio Mil Dipsa, documentos que se les otorgó valor probatorio en términos del artículo 266 del Código adjetivo civil del Estado de Veracruz. Sentado lo anterior, el juez responsable expuso, se debe atender a la constancia de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Beatriz Jiménez Juárez, de veintitrés de febrero de dos mil diecinueve (aproximadamente mes y medio después de la presentación de la demanda de alimentos) de la que se advierte que la actora se encuentra laborando actualmente y que cuenta con un salario base de cotización de trescientos cuarenta y ocho pesos con treinta centavos, enlazado con el hecho que la aquí quejosa manifiesta que sus ingresos le son insuficientes. A lo que reiteró "los cónyuges deben darse alimentos en forma recíproca, por lo que; la premisa que la cónyuge tiene el derecho de pedir alimentos y si ella no tiene trabajo o una fuente de ingresos, ello genera una presunción a su favor sobre su estado de necesidad". Por lo tanto cuando una esposa trabaja tal circunstancia no exime la obligación del cónyuge de otorgar el alimento, la única percusión se refleja en el estado de necesidad aludido, en ese sentido, el estado de necesidad es de especial relevancia para la procedencia de una pensión alimenticia, pues por medio de aquella que se actualiza la obligación a cargo del deudor alimentario para proporcionar los medios de subsistencia. Por lo que debe de acreditarse el estado de necesidad; situación que no acontece, puesto que la actora reconoció tener ingresos. Respecto a las manifestaciones de la parte actora a que tiene una hija y que ella está a cargo por completo de sus alimentos, sin embargo de sus pruebas ofrecidas el juez responsable advirtió que sus gastos no son exclusivos para satisfacer sus alimentos, sino también las de la menor. Así también, se tiene el informe rendido por el Juez del Departamento de Trabajo Administrativos de la Comisión Federal de Electricidad, de la que observó el juez responsable que el reo obtiene una pensión jubilatoria diaria de tres mil cientos cuarenta y seis pesos y noventa y siete centavos, cantidad a la cual se le deducen quinientos pesos por concepto de pensión alimenticia, doscientos veinticuatro pesos por concepto de seguro de obrero, y el impuesto sobre la renta proporcional a su ingreso, dos recibos de pagos quincenales expedidos a favor del demandado por la cantidad mensual de cincuenta y ocho mil ochocientos dos pesos y veinte centavos, con rubros de pensión alimenticia por siete mil pesos mensuales, otra por pensión alimenticia quincenal por la cantidad de nueve mil treinta y dos pesos y la última, por la cantidad quincenal de nueve mil setenta y ocho pesos con veinte centavos. Por lo que el juez responsable expuso, después de analizar el acta de divorcio que exhibió el demandado, advirtió que el reo se comprometió a pagar a la ex cónyuge María Dolores Domínguez Sandoval, la cantidad de quince mil pesos mensuales, y la pensión provisional que percibe la actora es por la cantidad de dieciocho mil cien pesos con sesenta centavos al mes; de lo anterior el juez responsable advirtió que la actora percibe un excedente de aproximadamente doce mil pesos, cuando dice sus necesidades personales son menores. Con todo ello, se declaró procedente el recurso de reclamación planteado por el aquí tercero interesado, y en consecuencia, consideró regraduar el monto de la pensión alimenticia de la quejosa del 20% (veinte por ciento) al 10% (diez por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado José Vicente Ramírez Cortés. En ese sentido, en concordancia con lo anteriormente expuesto se determina que la autoridad responsable Juez Decimocuarto de Primera de Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veinte, y dictó la diversa de quince de mayo de dos mil diecinueve. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que pase inadvertida las manifestaciones realizadas por el autorizado del tercero interesado, en desahogo de vista, mediante el cual expresó su conformidad respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva) del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General 3, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, se estima innecesario que continúe en este juzgado el tomo de pruebas que se formó con las constancias remitidas por el juez responsable en el presente expediente; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su archivo junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, el dos de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito de cuenta signado por ********************autorizado de la parte tercero interesada en el presente asunto; en atención a su contenido, téngase por desahogada la vista que se le otorgó en auto de veinticinco de mayo del año en curso y, por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

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