Beatriz Ivonne López Castrejón y Otros.
Expediente 928/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 928/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/12/2020
Partes del expediente
- Beatriz Ivonne López Castrejón y Otros.
- Ángel Abel Hernández López y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, quince de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta 20835/2020 del índice de este Juzgado de Distrito, dirigido al Tesorero Municipal de San José del Rincón, México, el cual es devuelto por el servicio de mensajería acelerada "Estafeta", debido a que en la etiqueta de visita y control, en el apartado de observaciones se observa la leyenda: "Entrega en zona de alto riesgo y/o difícil acceso". (Sic) Atento a lo anterior, en obvio de dilaciones procesales, se comisiona al actuario judicial adscrito, a efecto de que reenvíe la misiva de cuenta vía correo electrónico, al usuario consultoria.juridica@sanjosedelrincon.gob.mx.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de tres de diciembre del presente año, se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por la quejosa Beatriz Ivonne López Castrejón, en representación de su menor hijo Ángel Abel Hernández López, de la cual se proveyó lo conducente en esa misma data; sin embargo de los anexos de la misma, se advierten dos demandas de amparo dirigidas al Juez de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, en turno, promovidas por los quejosos Romero Luna Silvano y García Longinos Víctor Hugo, contra la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, contra las omisiones de formular los proyectos de resolución en forma de laudo, dentro del término que para tal efecto concede la Ley Federal del Trabajo. Por tanto; toda vez que como se expuso, las mismas se encuentran dirigidas a los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, en turno; remítanse a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia del Trabajo en la Ciudad de México, a efecto de que los Jueces de Distrito que conozcan de éstas, determinen lo que en derecho corresponda.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo, promovida por Beatriz Ivonne López Castrejón, en representación de su menor hijo Ángel Abel Hernández López, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 928/2020-II. Ahora, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable, de manifestarse respecto del oficio número 2884 emitido por el Juzgado Primero Familiar de Chalco, Estado de México y recibido por la autoridad responsable el doce de noviembre de dos mil veinte. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que respecto al citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. Del análisis integral del escrito de demanda, en relación con lo narrado bajo protesta de decir verdad por el propio impetrante, se aprecia que el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que si bien la quejosa refiere como acto la omisión del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y sus Municipios, de manifestarse respecto del oficio 2884 emitido por el Juzgado Primero Familiar de Chalco, Estado de México, recibido por la responsable el doce de noviembre de dos mil veinte, de sus propias manifestaciones se desprende que el acto deriva del juicio 1089/2020 del índice del juzgado en mención y en específico de un requerimiento efectuado por dicho órgano jurisdiccional a la autoridad que señala como responsable, mismo que ha sido omisa en atender. En principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" A su vez, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carta Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, pues, la omisión de la autoridad responsable, de manifestarse respecto del oficio número 2884 emitido por el Juzgado Primero Familiar de Chalco, Estado de México, el cual recibió el doce de noviembre de dos mil veinte, no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que las posibles consecuencias del acto reclamado, en su caso, ocasionaran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá el resultado del procedimiento que se tramita ante el Juzgado Primero Familiar de Chalco, Estado de México. Además, tal acto no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que éste únicamente produce efectos extraprocesales y puede ser reparado si el Juzgado Primero Familiar de Chalco, Estado de México quien conoce del juicio 1089/2020 solicita el cumplimiento de su requerimiento al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para lo cual está facultado de hacer uso de las medidas de apremio previstas en la ley; de tal manera, el acto reclamado constituye una violación procesal reclamable ante el Juzgado de origen pues es dicha autoridad quien requirió al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para los efectos que refiere en su demanda y es a dicha autoridad a quien le corresponde hacer cumplir sus determinaciones, por ello, se afirma que no lesiona sus derechos sustantivos y menos aún en forma irreparable. Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Beatriz Ivonne López Castrejón, en representación de su menor hijo Ángel Abel Hernández López, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este órgano jurisdiccional, no así los estrados o boletín judicial como refiere en su demanda, ya que los mismos no se encuentran contemplados en la Ley de la materia; además, se tienen por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas que señala; limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. También, se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual.
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