Beatriz Iturbe López
Expediente 883/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 883/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/07/2017
Partes del expediente
- Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México
- Beatriz Iturbe López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
III.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que las partes no interpusieron dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra el auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete (fojas 69 a 72), por el que se sobreseyó en el presente asunto; fuera de audiencia constitucional por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado estado. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.
- Principal
III.- Visto el oficio de cuenta signado por la Jueza Primero Familiar del Distrito Judicial Toluca, Estado de México, mediante el cual rinde su informe justificado y remite copia certificada del expediente 38/2016 de su índice, para conocimiento de las partes y para que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a fin de que surta los efectos legales procedentes. Por otra parte, de las constancias que exhibió la Juez responsable, consistentes en copia certificada del expediente 38/2016, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de José Bastida Rodríguez; cuyo contenido adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. En atención a lo anterior, y tomando en consideración que la autoridad responsable sostiene que en el sumario se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que el acto que reclama la quejosa, ha dejado de afectar su esfera jurídica, motivo por el cual, con apoyo en la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal en cita, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Ahora bien, con el propósito de examinar lo anterior, debe citarse el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de cuyo contenido se advierte: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Es pertinente precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo; y, el término "efecto", significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte en el goce del derecho fundamental violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese vulnerado la esfera jurídica del particular. Por lo que tal causa de improcedencia, en el presente juicio de amparo se actualiza, pues el acto reclamado fue destruido en todos sus efectos en forma total e incondicional, al haberse llevado a cabo la audiencia incidental para recuperar la posesión para desahogo de pruebas y recepción de alegatos, con motivo del incidente propuesto por Emilia Olga Galindo Hernández, albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de José Bastida Rodríguez, en los autos del expediente 38/2016; de modo tal, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese vulnerado la esfera jurídica del particular. En efecto, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable Jueza Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, consistentes en copia certificada del expediente 38/2016, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de José Bastida Rodríguez (fojas 79 a la 85 del cuaderno de incidente de recuperación de la posesión que anexó la responsable), se advierte que el veintidós de junio de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia incidental para recuperar la posesión para el desahogo de pruebas y recepción de alegatos, en la que se tuvo por desistida a la oferente de la prueba (Emilia Olga Galindo Hernández, albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de José Bastida Rodríguez) de la inspección judicial a practicarse en el inmueble ubicado en Calle Obreros de Tlanepantla, número 23, colonia Guadalupe, México, lote de terreno marcado con el número dos, en la que se acordó de conformidad dicho desistimiento. Ahora, toda vez que la quejosa en su escrito de demanda señaló como acto reclamado, el auto de treinta de mayo pasado, en el que se ordenó el desahogo de la inspección judicial antes precisada, se advierte con claridad que el acto reclamado en cita dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa, pues aquella prueba ya no se llevará a cabo, con motivo del desistimiento de su oferente. Bajo tal tesitura, debe concluirse, que si en la especie la quejosa reclamó el acto antes señalado, a cargo de la responsable, también, debe decirse que, de las constancias certificadas que envió dicha autoridad, se desprende que el veintidós de junio pasado se tuvo a Emilia Olga Galindo Hernández albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de José Bastida Rodríguez, por desistida de la inspección judicial correspondiente, por lo que, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado por las justiciables, dejando las cosas en el estado que guardaban hasta antes de la violación, al haberse desistido su oferente de la inspección judicial reclamada por las quejosas. Se expone tal postura, pues si la pretensión de la peticionaria de amparo al ejercer esta vía constitucional, era que la responsable dejara de recibir dicha prueba, debe decirse, que han cesado los efectos del acto reclamado, pues al haberse desistido de dicha prueba su oferente; impide restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de cometida la violación que se reclama, para reintegrar así a la agraviada en el goce y disfrute de sus derechos. Por consiguiente, se insiste han quedado destruidos los efectos de la pretensión reclamada en este amparo en forma total e incondicional de modo tal, que las cosas se encuentran como si el acto tildado de inconstitucional no hubiese invadido la esfera jurídica de la quejosa, por lo que se concluye, que han cesado los efectos del acto reclamado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia invocada, y procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto, fuera de audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, además, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Atento lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con quince minutos del once de julio de dos mil diecisiete. Con las documentales que se adjuntan fórmese cuaderno de anexo correspondiente, dada su voluminosidad.
- Principal
III.- Vistos los comunicados de cuenta mediante los cuales el Director de Área, adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, en representación del Coordinador General de Centros Federales y el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, en cumplimiento a la sentencia concesoria dictada en este sumario la primer autoridad, informa que requiere una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y la segunda de las autoridades, remite copia del oficio donde se acredita que dejó insubsistente el acto reclamado y, se autorizó el egreso de los quejosos Daniel Vanegas Martínez, Pedro González Franco y José Antonio Manuel Huerta, de los Centros Federales de Readaptación Social Número 12 "CPS GUANAJUATO y 14 "CPS DURANGO", para ser ingresados al Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", ello en acatamiento a la sentencia concesoria de amparo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2°, agréguense para que surtan los efectos legales a que haya lugar, sin que se haga mayor pronuncimiento toda vez que por auto de dieciséis de junio pasado (fojas 801 a la 804), se tuvo por cumplida la sentencia de amparo. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o bien, en el lugar de su reclusión; la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional, a fin de que éste se encuentre en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal convenga, y no hacer nugatorio su derecho de acceso a la justicia, por tanto, ante determinaciones que no tengan la finalidad de impulsar el procedimiento (como en la especie), o tratándose de la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario ordenar la notificación de manera personal.
- Incidental
8 Se tiene por recibido el oficio número 20959 suscrito por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, presentado en este órgano de control constitucional el diecinueve del mes y año en curso, registrado en el libro de correspondencia con el número de orden 013861; por medio del cual, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 517/2017-VIII del índice de este juzgado federal, deducido del presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al caso en términos del artículo 2º de la ley de la materia, se agrega a los presentes autos para los efectos legales procedentes, y de su contenido este juzgado toma conocimiento. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto legal 2º agréguese a los autos para que surta sus efectos la constancia de notificación personal al quejoso Jesús Giron Arvayo Mendoza, en la cual solicita copias de las constancias que integran este juicio de amparo tanto del principal como del incidente. En consecuencia, expídanse copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio de amparo; en términos de lo previsto en el diverso artículo 278 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Lo anterior con apoyo en lo dispuesto en el artículo 210-A, del Código Federal Adjetivo antes citado, toda vez que este constituye un sistema de transmisión de mensajes en formato original, provisto de terminales facsímil, que utiliza como medio de transmisión de la red telefónica conmutada y es capaz de enviar mediante un transmisor documentos originales, que son reproducidos por otro aparato, no obstante que la impresión de los mismos en el receptor será en calidad de una copia fotostática, en la que no aparece una firma autógrafa que le dé autenticidad, tal circunstancia no priva a esa documental de valor probatorio, sino que al contrario, constituye un claro elemento de la existencia de su original. Es aplicable, por analogía la tesis 1a. XXXII/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 277, tomo XIII, mayo de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 173 071, que establece: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de esta ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica se encuentra el fax, que es un medio de transmisión de datos que emplea la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática, a la cual también ordinariamente se le denomina fax; de ahí que las constancias transmitidas por este medio, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si están certificadas por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el mensaje, sobre la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fueron comunicadas dichas constancias, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del fax recibido." Asimismo, por analogía el criterio emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, en la tesis II.2o.C.156 C, publicada en la página: 1398, tomo: IX, marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 194 485, que establece: "FAX DOCUMENTAL, VALOR PROBATORIO DEL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). De acuerdo con los artículos 267, 281, fracción VII, y 413 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el juzgador para conocer la verdad puede valerse de cualquier persona, cosa o documento, sin más limitación que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, como son, entre otros, las fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, respecto de los cuales queda su valoración a la prudente calificación del Juez. Por tanto, si un "fax" constituye un sistema de transmisión de mensajes en formato original, provisto de terminales facsímil, que utiliza como medio de transmisión de la red telefónica conmutada y es capaz de enviar mediante un transmisor documentos originales, que son reproducidos por otro aparato, no obstante que la impresión de los mismos en el receptor será en calidad de una copia fotostática, en la que no aparece una firma autógrafa que le dé autenticidad, tal circunstancia no priva a esa documental de valor probatorio, sino que al contrario, constituye un claro elemento de la existencia de su original, que, cuando se encuentra adminiculado con otros medios de convicción, tiene valor probatorio idóneo." Con copia certificada que obre en el incidente de la promoción dictada acuérdese lo conducente. Atento a lo anterior y toda vez que de las constancias que la responsable adjunta se advierte que el impetrante de amparo Jesús Girón Arvayo Mendoza, fue traslado al Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS-Guanajuato", con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, así como de conformidad con lo dispuesto en los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda, se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS-Guanajuato", y le notifique al quejoso Jesús Girón Arvayo Mendoza, el acuerdo de doce de mayo y el dictado en esta fecha y le requiera para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, corriéndole traslado con los anexos y el oficio que se acuerdan y del presente proveído; asimismo, le aperciba que en caso de ser omiso, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Por tanto, se faculta a la autoridad citada, para que con plenitud de jurisdicción lleve a cabo las diligencias necesarias a fin de dar cumplimiento a la encomienda y para que de ser necesario diligencie lo encomendado en días y horas inhábiles, en términos de lo previsto en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo; y hecho lo anterior, remita las constancias respectivas. Por lo que en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que deberá firmar electrónicamente el Secretario encargado.
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