Beatriz Irene Arambul Uribe

Expediente 2177/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 21 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2177/2017
Año
2017
Actuaciones
21
Última actuación
07/05/2018

Partes del expediente

  • Beatriz Irene Arambul Uribe
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 157 a 159), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veinte de abril de la presente anualidad (foja 160), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el nueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 114 a 130), se determinó conceder a Beatriz Irene Arambul Uribe, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelvan a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $16,522.66 (dieciséis mil quinientos noventa y dos pesos con sesenta y seis centavos), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO", "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "35,778", emitido por el Notario Público 1, con sede en Tepic, Nayarit (fojas 98 a 99 y 111), que se pagó el veintiséis de abril de dos mil diecisiete. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". Resolución que causó ejecutoria el nueve de abril de dos mil dieciocho (fojas 151 a 152). Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el nueve de abril de dos mil dieciocho (fojas 157 a 159), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución a la parte quejosa mediante transferencia bancaria SPEI, el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, por la cantidad de $17,060.54 (diecisiete mil sesenta pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional), de lo cual se advierte su devolución. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $17,060.54 (diecisiete mil sesenta pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional), de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiséis de abril de dos mil diecisiete (fojas 97 a 100), y que se efectúo la devolución mediante la transferencia bancaria SPEI el dieciséis de abril de la presente anulidad, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil diecisiete a abril de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes marzo de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de marzo de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes marzo de dos mil dieciocho fue de 132.436 y para el mes de marzo de dos mil diecisiete fue de 126.087, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.050354121. Al respecto, es oportuno mencionar que el excedente de la aplicación que excede de $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional) sobre la cantidad de $16,522.66 (dieciséis mil quinientos veintidós pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional), se obtiene la cantidad de $16,242.66 (dieciséis mil doscientos cuarenta y dos pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional). En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $16,242.66 (dieciséis mil doscientos cuarenta y dos pesos con sesenta y síes centavos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $17,060.54 (diecisiete mil sesenta pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $817.88 (ochocientos diecisiete pesos con ochenta y ocho centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se sobreseyó y por otra parte se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 157 a 159), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veinte de abril de la presente anualidad (foja 160), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el nueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 114 a 130), se determinó conceder a Beatriz Irene Arambul Uribe, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelvan a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $16,522.66 (dieciséis mil quinientos noventa y dos pesos con sesenta y seis centavos), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO", "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "35,778", emitido por el Notario Público 1, con sede en Tepic, Nayarit (fojas 98 a 99 y 111), que se pagó el veintiséis de abril de dos mil diecisiete. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". Resolución que causó ejecutoria el nueve de abril de dos mil dieciocho (fojas 151 a 152). Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el nueve de abril de dos mil dieciocho (fojas 157 a 159), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución a la parte quejosa mediante transferencia bancaria SPEI, el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, por la cantidad de $17,060.54 (diecisiete mil sesenta pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional), de lo cual se advierte su devolución. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $17,060.54 (diecisiete mil sesenta pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional), de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiséis de abril de dos mil diecisiete (fojas 97 a 100), y que se efectúo la devolución mediante la transferencia bancaria SPEI el dieciséis de abril de la presente anulidad, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil diecisiete a abril de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes marzo de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de marzo de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes marzo de dos mil dieciocho fue de 132.436 y para el mes de marzo de dos mil diecisiete fue de 126.087, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.050354121. Al respecto, es oportuno mencionar que el excedente de la aplicación que excede de $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional) sobre la cantidad de $16,522.66 (dieciséis mil quinientos veintidós pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional), se obtiene la cantidad de $16,242.66 (dieciséis mil doscientos cuarenta y dos pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional). En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $16,242.66 (dieciséis mil doscientos cuarenta y dos pesos con sesenta y síes centavos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $17,060.54 (diecisiete mil sesenta pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $817.88 (ochocientos diecisiete pesos con ochenta y ocho centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se sobreseyó y por otra parte se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por ***, parte quejosa, mediante el cual, desahoga la vista otorgada en proveído de veinte de abril de este año (foja 160), por el que manifiesta que el día dieciséis de abril de este año se realizó una transferencia interbancaria a su cuenta personal valiosa por la cantidad de $17,060.00 (diecisiete mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), por lo cual, solicita se tenga por cumplida la ejecutoria concedida dentro del presente sumario constitucional Consecuentemente, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte, en relación con el cumplimiento de la sentencia realizada por parte de la autoridad responsable, sin perjuicio de tomarse en cuenta en el momento en que se emita pronunciamiento respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en autos; asimismo, dígasele que una vez transcurrido el termino de tres días otorgado en proveído de veinte de abril de la presente anualidad (foja 160), este órgano jurisdiccional se pronunciara respecto del cumplimiento efectuado.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, informa que ha realizado la transferencia bancaria debidamente actualizada a la parte quejosa, el día dieciséis de abril de este año, lo que acredita con el reporte de trasferencia que acompaña (foja 158); esto es, informa el cumplimiento dado al fallo protector concedido dentro del presente sumario constitucional. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este juzgado federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

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