Beatriz Huerta Luna
Expediente 723/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 723/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Beatriz Huerta Luna
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 4155/2022 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que remite testimonio de la resolución emitida en el Q.P. 207/2022, en la cual resolvió infundado el citado medio de impugnación; en consecuencia, acúsese recibo de estilo, realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y hágase del conocimiento de las partes. Por otro lado, se hace constar que este sumario no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, se obtiene que la parte quejosa exhibió con su escrito de demanda, original del oficio ***; en consecuencia, hágase de su conocimiento que queda a su disposición, para que se presente persona autorizada a recogerlos en hora y día hábil, con identificación oficial vigente, previa copia que exhiba de ellos para su cotejo y ser glosadas debidamente certificadas al expediente, así como razón que por su recibo se deje agregada en autos, una vez que las labores de este juzgado lo permitan; apercibida que de no hacerlo dentro del término de noventa días, será destruido junto con el expediente, sin necesidad de ulterior acuerdo Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez que transcurran tres años- al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese el oficio 3153/2022, suscrito por el actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que acusa recibo de la copia certificada de los autos del expediente en que se actúa; así como, original y copia del escrito mediante el cual interpuso recurso de queja y formuló agravios la parte quejosa, informando que el citado medio de impugnación se admitió a trámite y quedó registrado con el número Q.P. 207/2022, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante y en aras de privilegiar los medios electrónicos, comisiónese al área correspondiente, a fin de que facilite el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa; de igual forma. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la quejosa ..., mediante el cual con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, interpone recurso de queja contra el auto de once de agosto de dos mil veintidós, dictado en este juicio de derechos fundamentales, por el que se desechó la demanda de amparo, génesis de este asunto. Por tanto, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respecto a la queja interpuesta por el quejoso, en el sentido de que es cierto el acto impugnado; y, para justificar su legalidad, remítase la constancia de notificación en original, así como copia certificada de los autos que integran este sumario al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno; lo anterior, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer. Notifíquese.
- Principal
NOT ELECTRONICA Visto el escrito de demanda, presentado por ..., por propio derecho, contra actos de la agente del Ministerio Público de la Federación, en funciones de Supervisora General de la Ventanilla Única de Atención de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la Fiscalía General de la República, maestra Silvia Ma. Frangos Trujillo y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno con el número 723/2022. DESECHAMIENTO: Ahora bien, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En consecuencia, de la lectura integral del escrito inicial de cuenta, se advierte que la parte promovente señala como actos reclamados: La negativa de admisión de denuncia que obra en el oficio FGR/FECOR/VUA/1537/2022 de fecha 01 de agosto de 2022 [.]. La omisión de respuesta a la denuncia presentada ante la oficialía de partes de la oficina del Fiscal General de la República [.]. De lo anterior, así como de los propios antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, y de los anexos remitidos con su escrito inicial de demanda, se tiene que la parte quejosa en esencia se duele de la declinación de radicar la denuncia presentada, sin que de lo anterior, se advierta que esta no le fuera recibida, pues la autoridad ministerial responsable, en contestación a dicha solicitud, emitió el oficio siguiente: Oficio que le fue notificado a la aquí quejosa a través del correo electrónico proporcionado, por lo que se puede advertir que no se duele de la omisión de dar trámite a su denuncia sino a la declinación de la competencia que realizó la autoridad responsable. En ese sentido se tiene que dicha autoridad únicamente ha declinado competencia y no existe hasta el momento algún proveído sobre si la misma se aceptó o no, es decir, alguna determinación que la resuelva en definitiva, por lo que la quejosa considera que ese acto concreto vinculado a la declinación de competencia le causa una afectación en su esfera jurídica. En ese sentido, y en relación al planteamiento de la impetrante, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Los preceptos transcritos facultan al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, toda vez que en el caso se considera que se actualiza la prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. Los citados artículos indican: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y Los anteriores artículos transcritos, fueron interpretados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014; quien determinó que si bien el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, preveía la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinaban inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto, lo cierto era que no podía entenderse en su literalidad, ya que es necesario que dicho auto fuera definitivo y produjera una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado, lo cual ocurrirá una vez que el órgano a favor del que se declinaba la aceptara (incompetencia por declinatoria); o bien, cuando se inhibiera el conocimiento del asunto (competencia por inhibitoria), porque era cuando se producían todas las consecuencias del acto impugnado y una afectación personal y directa al agraviado. Entonces, en la demanda que se provee, se advierte que la quejosa pretende colmar un acto mediante el cual sólo se declina competencia, pero aún la autoridad a favor de quien se declinó, Fiscalía General de Justicia en el Estado de México, no ha determinado si la acepta o no, de ahí que resulta indudable que tal determinación reclamada es un acto que, por su naturaleza, no es definitivo, dado que el segundo órgano mencionado puede aceptarla o no hacerlo; y, en su caso, podría suscitar un conflicto competencial, el cual sería resuelto por la autoridad correspondiente, razón de más para determinar que el acto reclamado que se pretende incorporar a la litis constitucional, aún no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo. En consecuencia, si el acto reclamado, tal y como se precisó no es definitivo, y mucho menos deja sin defensa a la parte quejosa respecto del mismo, porque la declinatoria de competencia emitida por la autoridad responsable se encuentra subjúdice a que la autoridad ante quien se declinó la admita o la rechace, y dependiendo de la decisión que tome, podría suscitarse un eventual conflicto competencial que sería dirimido por el órgano que corresponda, quien decidirá el órgano competente para conocer del asunto, ello permite concluir que hasta el momento no irroga ningún perjuicio a la quejosa pues no vulnera materialmente derecho sustantivo alguno. De ahí que hasta ese estadío de cosas es que la determinación alcanzada será susceptible de ser combatida en el juicio de amparo, en los términos que se han destacado; pues la regla para impugnar en la vía de amparo una determinación de incompetencia, operará hasta que la autoridad contra la que se declinó, la acepte o no. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de dos mil quince, página cinco, que a la letra señala: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. En esas condiciones, al encontrarse este órgano de control constitucional ante diversos motivos manifiestos e indudables de improcedencia, con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracción VIII, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al existir un impedimento que legalmente imposibilita su trámite. En relación con lo anterior, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito publicada en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DE LA PARTE QUEJOSA: Se tienen por autorizadas a las personas que indica, para los efectos precisados en el escrito de cuenta. Por otra parte, del ocurso de cuenta se advierte que el impetrante señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones la vía electrónica bajo el usuario "jluiscastellon"; en consecuencia, de conformidad con los artículos 3 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico; 22 y 23, del diverso Acuerdo General Conjunto Número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los Expedientes Impreso y Electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo; se autoriza dicha petición, quedando a la vista los autos en el sistema correspondiente. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN: En términos del artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES: Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES: Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. NOTIFICACIONES: El presente acuerdo, así como los que se dicten subsecuentemente, se publicarán en su totalidad -salvo datos sensibles o confidenciales- bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN AL ACTUARIO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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