Beatriz Guadalupe Valdez Flores
Expediente 150/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 150/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 13/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Beatriz Guadalupe Valdez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, trece de mayo de dos mil veintiuno. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión tomando en consideración que se declaró concluido el expediente principal relativo. II. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De acuerdo a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 15 del citado en el párrafo que antecede. IV. Devolución de documentos. Conforme al artículo 36, del multicitado Acuerdo General Conjunto, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos originales a la incidencia en que se actúa. Remisión de oficios. Se instruye al Secretario o Secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio correspondiente. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en el Actuario Judicial de la adscripción, que corresponda. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese en términos de ley y dentro del plazo legal.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, a veinte de mayo de dos mil veintiuno, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno, para conocimiento de la parte quejosa; como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, que a en lo conducente dice: Mazatlán, Sinaloa, trece de mayo de dos mil veintiuno. I. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, con apoyo en el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, en razón de que la promovente no recurrió la sentencia, se declara que ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes y archívese como asunto concluido. II. Orden de destrucción. De acuerdo al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el presente asunto, una vez transcurridos tres años de su fecha de archivo, toda vez que se decretó el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados. III. Información reservada. Hágase saber, para los efectos establecidos en el citado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, ni es considerado de relevancia documental. IV. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. V. Devolución de documentos. Toda vez que existen documentos originales de la parte quejosa, en acatamiento al artículo Vigésimo, párrafo último, del Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, a recoger los documentos que exhibió en este expediente, apercibida que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. En el intelecto que su acceso al órgano jurisdiccional dependerá de que realice las gestiones indicadas en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos y temporalidad ahí indicados. VI. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. VII. Remisión de oficios. Se instruye al Secretario y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio correspondiente. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en el Actuario Judicial de la adscripción, que corresponda. Notifíquese en términos de ley y dentro del plazo legal.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Acto continuo en acatamiento al artículo 124 de la Ley de Amparo, la secretaria hace una relación de las constancias de autos y da cuenta con el escrito de demanda. I. Relación de constancias. De conformidad con los numerales 117, 119 y 123 de la Ley de Amparo, se reitera la rendición de los informes justificados que emitieron las autoridades responsables, los cuales serán tomados en consideración. Asimismo, se hace constar que en autos del cuaderno incidental derivado del presente juicio de amparo, consta el informe previo rendido por el Jefe del Departamento de Mercado de Servicios Públicos del Ayuntamiento de esta ciudad, en el que manifestó que el contrato de concesión que reclama la quejosa, no fue cancelado, sino que debido a la omisión de solicitar prórroga del citado contrato, se encontraba sin vigencia; lo que se cita como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se abre el periodo de pruebas. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Jefe del Departamento de Mercado de Servicios Públicos del Ayuntamiento de esta ciudad, ofrecieron pruebas documentales, las cuales se tienen por desahogadas. Al no existir medio de convicción pendiente por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Periodo de alegatos. Periodo de alegatos. Se tienen por reproducidos los alegatos que formuló la parte quejosa mediante su escrito de registro 4637; asimismo, el alegato formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en el pedimento 107/2020. Al no existir otro escrito en ese sentido, se cierra este periodo. Al no haber diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la sentencia correspondiente: Visto, para resolver el amparo 150/2020, promovido por Beatriz Guadalupe Valdez Flores, contra actos del Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa, y otras; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades precisadas en la demanda. Segundo. Trámite del juicio de amparo. El veinte de febrero de dos mil veinte, se admitió la demanda, se solicitó a las responsables rindieran su informe con justificación, se ordenó dar vista a la representante social de la adscripción; seguida la secuela procesal, inició la audiencia constitucional en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo Distrito en el Estado de Sinaloa, es competente para resolver el juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos preceptos 33, 35, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo, así como con el 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Segundo. Fijación del acto reclamado. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, los actos reclamados consisten en: La negativa a renovarle la concesión de uso comercial respecto del local ubicado en el Mercado Pino Suárez de esta ciudad, identificado con el número A-12, con una superficie de 2.60 metros cuadrados, en la planta baja, correspondiente al año dos mil diecinueve. Orden de desposesión y/o clausura respecto del local ubicado en el Mercado Pino Suárez de esta ciudad, identificado con el número A-12, con una superficie de 2.60 metros cuadrados, en la planta baja así como su ejecución. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables en su denominación correcta rindieron su informe justificado, tal como se precisa a continuación: Autoridades responsables Sentido del informe Promoción 1 GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, CON SEDE EN CULIACÁN, SINALOA. Niega 4353 2 PRESIDENTE MUNICIPAL, DE MAZATLÁN, SINALOA Niega 4034 3 AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN, SINALOA. Niega 4034 4 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. Niega 1541 5 OFICIAL MAYOR DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA Niega 4041 6 DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. Niega 4616 7 REGIDORES ADSCRITOS A LA COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS, DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA Niega 4038 8 DIRECTOR DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS, DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA. Niega 4047 9 SUBDIRECTOR DE COMERCIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA Niega 4045 10 DIRECTOR DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA. Niega 4049 11 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. Niega 3746 12 INSPECTORES DE COMERCIO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE OFICIALÍA MAYOR, DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA. Niega 4036 Aunado a ello, el peticionario de amparo no aportó pruebas que desvirtuaran dicho aserto; en consecuencia, es patente la inexistencia de los actos reclamados. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, respecto de tal acto y autoridades, dada su inexistencia. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por su parte la autoridad responsable Jefe del Departamento de Mercado de Servicios Públicos del Ayuntamiento de esta ciudad, en su informe justificado, negó la existencia de los actos que se le reclaman. Sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada de las constancias remitidas por la propia autoridad, a las que se les otorgar valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente; en especial, de la copia certificada de la renovación del contrato materia del acto reclamado, a nombre de la parte quejosa, celebrada el doce de febrero de dos mil veintiuno. De lo cual se acredita que -al menos hasta esa fecha-, a la quejosa no se le había renovado la concesión de uso del local comercial que defiende. Aunado a ello, en el cuaderno incidental derivado del presente juicio de amparo, consta el informe previo rendido por dicha autoridad, en el que manifestó que el contrato de concesión no fue cancelado, sino que debido a la omisión de la parte quejosa de solicitar prórroga del citado contrato, se encontraba sin vigencia, más no cancelado; lo que se cita como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de ahí, que se consideran ciertos los actos reclamados. CUARTO. Causas de sobreseimiento. Examinada la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, toda vez que se configura la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que preceptúa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Del dispositivo transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado. Así, dicha causal de improcedencia se actualiza sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Apoya lo anterior, la tesis CL/1997 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO EN QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. (Correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro 197367). Así como la jurisprudencia 2ª./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". (Correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, registro 196820). Se afirma lo anterior, dado que la parte quejosa reclamó en este juicio constitucional la negativa de cobro del pago de permiso de mercado respecto del local ubicado en el Mercado Pino Suárez de esta ciudad, identificado con el número A-12, con una superficie de 2.60 metros cuadrados, en la planta baja, y de las documentales aportadas por el delegado de la autoridad responsable Jefe del Departamento de Mercado de Servicios Públicos del Ayuntamiento de esta ciudad, se observa copia certificada de la renovación del contrato materia del acto reclamado, a nombre de la parte quejosa, expidiéndolo con vigencia hasta el treinta y uno de octubre del año en curso, lo cual le fue notificado el doce de febrero de dos mil veintiuno. Por tanto, de las constancias antes referidas es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, ya que a la parte quejosa le fue renovado la concesión para uso comercial de local que por esta vía defiende, lo cual, se considera es el fin que se pretendía conseguir con la promoción del presente juicio de amparo. Así, al actualizarse en el presente asunto la causa de improcedencia en estudio, se sobresee en el juicio, con base en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia de a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Novena Época; Registro: 193758; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial; de la Federación y su Gaceta; Tomo IX, Junio de 1999; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 59/99; Página: 38) Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en su escrito de demanda, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de este fallo. Notifíquese. Se instruye al Secretario o Secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio correspondiente. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en la Actuaria Judicial de la adscripción, que corresponda.
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