Beatríz González Yebra
Expediente 1020/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Beatríz González Yebra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.
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SE DESECHA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Beatriz González Yebra, contra actos del Consejo Universitario del Campus León de la Universidad de Guanajuato y otra autoridad. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia2. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere el normativo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo... Por tanto, la parte quejosa, previo a promover el juicio de amparo, debió impugnar los actos reclamados a través del procedimiento contencioso administrativo local... En ese sentido, la resolución con la que se pone fin a la vía impugnativa del citado procedimiento de responsabilidad en el entorno universitario, es susceptible de ser controvertida ante las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, al constituir una resolución de carácter jurídico-administrativa, emitida por una autoridad estatal, en agravio de un particular. Ahora bien, la causa de improcedencia se actualiza en el caso, tomando en consideración que no existe impedimento legal alguno para decretar la suspensión del acto reclamado con la tramitación del medio ordinario legal de impugnación... Incluso, se considera que la prerrogativa otorgada en la ley procesal de justicia administrativa en comento, concede mayores posibilidades de dar efectos restitutorios a un acto a través de la medida cautelar, porque no lo condiciona a la factibilidad material o jurídica -como si lo hace la Ley de Amparo-, sino que lo deja a juicio discrecional del resolutor del medio de impugnación, con el solo objeto de conservar la materia del recurso o impedir perjuicios irreparables. Por tanto, no se considera un mayor requisito. En suma, se estima que ninguna de las leyes que regulan los medios ordinarios de defensa -recurso de inconformidad o procedimientos contenciosos administrativos-, no exigen mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto. De lo que se sigue que, en atención a lo que señala la aludida fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, previo a promover el juicio de amparo contra los actos reclamados debió agotar el juicio contencioso administrativo en los términos indicados, pues a través de eso medio de defensa, pudo obtener la insubsistencia del acto reclamado... No se inadvierte que en materia administrativa puede promoverse el amparo en forma inmediata sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución Federal; sin embargo, esa situación no acontece en el asunto que se analiza, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa alega una resolución en la que se desechó el recurso de revisión al haberlo presentado de forma extemporánea; esto es, plantea violaciones constitucionales indirectas cuya solución, por su naturaleza, implica determinar si existió inobservancia de leyes secundarias, correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria pronunciarse en relación con dichas violaciones. Tampoco la parte promovente se ubica en la diversa excepción al principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XX, último párrafo, de la Ley de Amparo, consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación, pues basta con imponerse de la resolución que desechó el recurso de revisión para advertir que la autoridad responsable sustentó su actuación en los preceptos legales ahí plasmados. De ahí que existe pleno conocimiento de los fundamentos plasmados en el mencionado acto que le permite impugnarlo, a través de los recursos o medios ordinarios de defensa... En consecuencia, al operar la hipótesis de en estudio se impone desechar la demanda de amparo, conforme lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Desechamiento que se hace extensivo al acto reclamado precisado en el inciso b, pues su impugnación se hace valer en razón de que por la emisión del oficio reclamado, se desechó por extemporáneo el recurso de revisión que hizo valer. Por las razones anteriores, no aplican las tesis que cita la parte quejosa en su demanda de amparo, con las que pretende justificar la procedencia del libelo constitucional... Ello es así porque dichas tesis contemplan la figura de las universidades públicas como autoridades responsables para efecto del juicio de amparo, pero no del principio de definitividad contra los actos reclamados...
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En términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa el auto de trece de octubre de dos mil veintidós, que en resumen dice: "SE DESECHA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Beatriz González Yebra, contra actos del Consejo Universitario del Campus León de la Universidad de Guanajuato y otra autoridad. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia2. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere el normativo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo... Por tanto, la parte quejosa, previo a promover el juicio de amparo, debió impugnar los actos reclamados a través del procedimiento contencioso administrativo local... En ese sentido, la resolución con la que se pone fin a la vía impugnativa del citado procedimiento de responsabilidad en el entorno universitario, es susceptible de ser controvertida ante las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, al constituir una resolución de carácter jurídico-administrativa, emitida por una autoridad estatal, en agravio de un particular. Ahora bien, la causa de improcedencia se actualiza en el caso, tomando en consideración que no existe impedimento legal alguno para decretar la suspensión del acto reclamado con la tramitación del medio ordinario legal de impugnación... Incluso, se considera que la prerrogativa otorgada en la ley procesal de justicia administrativa en comento, concede mayores posibilidades de dar efectos restitutorios a un acto a través de la medida cautelar, porque no lo condiciona a la factibilidad material o jurídica -como si lo hace la Ley de Amparo-, sino que lo deja a juicio discrecional del resolutor del medio de impugnación, con el solo objeto de conservar la materia del recurso o impedir perjuicios irreparables. Por tanto, no se considera un mayor requisito. En suma, se estima que ninguna de las leyes que regulan los medios ordinarios de defensa -recurso de inconformidad o procedimientos contenciosos administrativos-, no exigen mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto. De lo que se sigue que, en atención a lo que señala la aludida fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, previo a promover el juicio de amparo contra los actos reclamados debió agotar el juicio contencioso administrativo en los términos indicados, pues a través de eso medio de defensa, pudo obtener la insubsistencia del acto reclamado... No se inadvierte que en materia administrativa puede promoverse el amparo en forma inmediata sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución Federal; sin embargo, esa situación no acontece en el asunto que se analiza, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa alega una resolución en la que se desechó el recurso de revisión al haberlo presentado de forma extemporánea; esto es, plantea violaciones constitucionales indirectas cuya solución, por su naturaleza, implica determinar si existió inobservancia de leyes secundarias, correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria pronunciarse en relación con dichas violaciones. Tampoco la parte promovente se ubica en la diversa excepción al principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XX, último párrafo, de la Ley de Amparo, consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación, pues basta con imponerse de la resolución que desechó el recurso de revisión para advertir que la autoridad responsable sustentó su actuación en los preceptos legales ahí plasmados. De ahí que existe pleno conocimiento de los fundamentos plasmados en el mencionado acto que le permite impugnarlo, a través de los recursos o medios ordinarios de defensa... En consecuencia, al operar la hipótesis de en estudio se impone desechar la demanda de amparo, conforme lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Desechamiento que se hace extensivo al acto reclamado precisado en el inciso b, pues su impugnación se hace valer en razón de que por la emisión del oficio reclamado, se desechó por extemporáneo el recurso de revisión que hizo valer. Por las razones anteriores, no aplican las tesis que cita la parte quejosa en su demanda de amparo, con las que pretende justificar la procedencia del libelo constitucional... Ello es así porque dichas tesis contemplan la figura de las universidades públicas como autoridades responsables para efecto del juicio de amparo, pero no del principio de definitividad contra los actos reclamados..."
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Téngase por recibido el oficio signado por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales de este juicio, cuatro tomos de pruebas y la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión civil 116/2022, interpuesto en contra de la sentencia dictada el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, la que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ma. Lucina Navarro Prado, contra el acto reclamado consistente en la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, dictada en la toca 285/2021 del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; y su ejecución. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Martín Gerardo Escoto Gómez, contra el acto reclamado consistente en la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca 285/2021 del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato." Se instruye a la secretaria que da fe del presente acuerdo, para que dentro del día hábil siguiente a su publicación, acuse recibo a la Superioridad vía interconexión. Glósese el cuaderno de antecedentes, únicamente con las constancias que obren en original, no así la copia certificada que lo integra en razón de que se trata de una reproducción de diversos autos que se encuentran agregados a este expediente. En atención al testimonio emitido por el tribunal de alzada, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase al titular de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, para que dentro del plazo de tres días, siguiente a la notificación de este acuerdo, informe sobre el cumplimiento dado a dicha resolución... Se le hace saber que el cumplimiento que informe en acatamiento a esta sentencia debe ser total, sin excesos ni defectos. Atento al sentido del fallo protector, se solicita atentamente a dicha autoridad tenga a bien cumplir con lo indicado en el plazo referido, pues de lo contrario este juzgador se verá en la necesidad de proceder en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Ahora, en el caso particular se considera que la autoridad responsable requerida carece de superior jerárquico para efectos de obligarla al cumplimiento de la sentencia constitucional, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. Ello porque se trata de una autoridad jurisdiccional integrante del Poder Judicial del Estado de Guanajuato que, de acuerdo con el numeral 2° de su ley orgánica, guarda independencia de los demás órganos que integran al referido Poder, por lo que no existiría diversa autoridad a la que se le pudiera ubicar con el carácter de superior jerárquico conforme con lo previsto por el artículo 194 de la nueva legislación de amparo, máxime si se atiende a que ninguna otra entidad podría estar en aptitud de cumplir por sí misma el fallo protector, tal y como lo preceptúa dicha norma. Finalmente, devuélvase a su lugar de origen los tomos de prueba que existen en relación a los actos reclamados. Se solicita acuse de recibo...
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