Beatriz González González
Expediente 1370/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1370/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/09/2022
Partes del expediente
- Beatriz González González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio signado por la directora General del Notariado de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla, por el que informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de lo que queda enterado el suscrito juez para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 192 de la Ley de Amparo, se concede una prórroga de cinco días más a partir de que se encuentre legalmente notificado, para el efecto de que dé cumplimiento al fallo protector.
- Principal
CITATORIO QUEJOSO San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil veintidós. Vistos los autos que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que por auto de tres de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitiendo las constancias solicitadas sin supresión de datos. Por tanto, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada por la superioridad el once de noviembre de dos mil veintiuno, se provee: Con fundamento en el artículo 26 fracción I incisos c) y k) de la Ley de Amparo, se ordena la notificación personal al quejoso del auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte y del auto de tres de agosto de dos mil veintidós. Asimismo, se requiere al quejoso para que en el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de la materia, manifieste si desea ampliar su escrito de demanda en contra del acuerdo 43/2020 de diecisiete de marzo de dos mil veinte suscrito por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el oficio 110/F/B/2277/2020, folio SIARA UIF/2020/000217 de diecinueve de marzo de dos mil veinte suscrito por la Directora General Adscrito a la Unidad de Inteligencia Financiera, en suplencia del Titular, y formule los conceptos de violación correspondientes. En la inteligencia que de no hacerlo, el juicio se resolverá en los términos planteados en el escrito inicial de demanda. Para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia. ACUERDO 28 DE OCTUBRE DE 2020 San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos con conocimiento de las partes, el informe justificado rendido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por si y en representación del Director General de Procesos Legales de dicha dependencia, para que surta sus efectos legales procedentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Ahora bien, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerle señalando delegados, pues no proporcionan los nombres de las personas a las que confieren tal carácter y por ende, tampoco acreditan el requisito indispensable para que, en su momento, este juzgador federal pueda establecer si determinada persona cuenta con facultades para concurrir a las audiencias a fin de rendir pruebas, alegar, presentar promociones e interponer recursos a nombre de esas autoridades. No es contrario a la anterior conclusión, el pronunciamiento realizado por la citada autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de once de abril de dos mil diecinueve, el cual cita en su informe justificado y puede consultarse en la página electrónica https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/466081/Transparencia_SHCP_.PDF, en el que, fundamentalmente, determinó que reservaba por un periodo de cinco años los nombres de los servidores adscritos a esa dependencia, con excepción de su titular, pues las determinaciones asumidas por la autoridad responsable en torno a su ámbito de competencia en materia de transparencia resultan independientes de las reglas que rigen al juicio de amparo. Cierto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución General de la República, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de los actos de autoridad, por ende, se sujeta a determinadas reglas, entre ellas, lo relativo a la representación de las autoridades responsables, quienes en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, podrán por medio de oficio acreditar delegados para que emprendan la defensa que consideren pertinente; empero, para que esa designación pueda surtir efectos, en principio, resulta indispensable se proporcione el nombre de las personas a las que se les confiere tal carácter a fin de que el órgano constitucional autorice esa designación. Estimar lo contrario, implicaría desconocer la naturaleza del juicio de amparo y hacer nugatoria la exigencia que el propio dispositivo establece en el sentido de que la designación de delegados debe realizarse con autorización del órgano constitucional, el cual previo a esa autorización debe conocer su elemental dato de identificación como lo es su nombre. Por otro lado, se tiene al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por si y en representación del Director General de Procesos Legales de dicha dependencia, ofreciendo la prueba documental que anexó a su oficio de cuenta. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada dicha prueba documental, la que se tomará en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En ese orden de ideas, por lo que hace a la solicitud de la autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el sentido de que al tratarse el documento exhibido -en versión pública- de información reservada y confidencial, no se dé a conocer su contenido y se resguarde en la caja de seguridad de este órgano constitucional, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, no ha lugar a acordar de conformidad su petición en los términos que precisa. Ello, porque el juicio de amparo tiene por objeto mantener viva la materia y por ende, se debe brindar al quejoso la posibilidad de probar y alegar lo que a su derecho corresponda, a fin de que en su momento se determine lo conducente en relación con la protección constitucional que solicita. Por ese motivo, tomando en consideración que la documental que la autoridad responsable exhibe guarda estrecha relación con el acto reclamado y con los elementos necesarios para, en su momento, determinar lo procedente, se estima que no podría negarse su acceso al quejoso, porque ello, le impediría contar con los elementos necesarios para el ejercicio eficaz de sus derechos constitucionales. No obstante lo anterior, ante la obligación de adoptar las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta la documentación de que se trata, se precisa que en ningún caso esa información podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Consecuentemente, al momento de integrar al expediente impreso el informe justificado rendido electrónicamente por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por si y en representación del Director General de Procesos Legales de dicha dependencia, se deberá resguardar la documental que esas autoridades remitieron con su informe justificado. Por ende, con la documental que esas autoridades anexaron a su informe, se ordena formar el ANEXO I, el cual se deberá resguardar en la caja de seguridad de este juzgado federal; documento al que, en virtud de la naturaleza del acto reclamado, únicamente podrá tener acceso el quejoso y en todo caso, el personal de este órgano constitucional para que en su momento se resuelva el presente juicio de amparo. Se cita en apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." No obstante lo anterior, en razón de que la documental exhibida por las autoridades citadas, se remitió en versión pública, es decir, con supresión de datos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -previamente transcrita-, requiérase al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que en el término de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remita sin supresión de datos, la documental que anexó a su informe justificado. Lo anterior, porque en el criterio citado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que por regla general, de conformidad con lo previsto en la Constitución General de la República y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la facultad para revisar directamente la constitucionalidad y legalidad de la clasificación de información como reservada o confidencial, en principio, le corresponde a los organismos garantes dispuestos en esos ordenamientos; sin embargo, a fin de salvaguardar el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de esa Carta Magna y el derecho a una tutela judicial efectiva, en los juicios de amparo, el juez de amparo debe tener la posibilidad de analizar la información que las autoridades responsables remitan para justificar su actuación a fin de determinar si es indispensable que la parte quejosa tenga acceso a esa información para la adecuada defensa de sus derechos. De tal modo que a consideración de este juzgador federal, la interpretación sistemática del artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo con relación al criterio jurisprudencial citado en último término, permite concluir que, en los juicios de amparo, las autoridades responsables tienen la obligación de remitir la información que consideren necesaria para resolver lo concerniente a la protección constitucional solicitada de manera íntegra, sin supresión de datos, aun cuando consideren que esa información tiene el carácter de reservada o confidencial, pues la clasificación de la información que corresponde a los sujetos obligados resulta independiente de la obligación que tienen todas las autoridades responsables de remitir de forma completa la información necesaria para que en su momento el juzgador de amparo cuente con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la viabilidad de esa medida cautelar. Cierto, las reglas relativas a la clasificación de información no pueden confundirse con las reglas que rigen al juicio de amparo, por ello, en caso de que una autoridad estime que para justificar su actuación resulta indispensable remitir determinada información, ésta la deberá enviar sin supresión de datos personales, para que efectivamente el juez constitucional cuente con todos los elementos necesarios para pronunciarse al respecto. Estimar lo contrario, implicaría desconocer el contenido completo de los documentos necesarios para dictar la sentencia de que se trata y con ello, la imposibilidad del juzgador de amparo para determinar el verdadero alcance de esos elementos probatorios. Ahora bien, en el caso, los actos reclamados consisten en la discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley Federal para Prevenir las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012, cuyo primer acto de aplicación el quejoso considera se llevó a cabo en su perjuicio en el acuerdo por el que se designan personas para ser incorporadas a la lista de personas bloqueadas, así como su ejecución a través del bloqueo de diversas cuentas bancarias. Sobre ese contexto, y atendiendo a las propias manifestaciones realizadas por la autoridad responsable en su informe justificado, a consideración de este juzgador federal y partiendo precisamente de lo resuelto en el criterio que la propia autoridad cita, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se considera necesario que el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público remita de forma completa la documental que anexó a su informe justificado, es decir, sin supresión de datos, para que este órgano constitucional tenga la posibilidad de imponerse completamente de su contenido y así contar con todos los elementos necesarios para en su momento resolver el presente juicio de amparo. Se apercibe al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que de no dar cabal cumplimiento a lo anterior, en el término concedido para ello, se impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto de Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte. NOTIFÍQUESE. ACUERDO TRES DE AGOSTO 2022 Vistas las constancias de cuenta de las que se desprende que por proveído de veintinueve de julio del año en curso se reservó acordar lo conducente en cuanto al oficio mencionado, siendo que a la fecha feneció la vigencia de la suspensión de plazos y términos informada mediante oficio CR./CE./001/4026/2022 de veintiocho de julio del año en curso, firmado por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, del Consejo de la Judicatura Federal, la cual estuvo vigente del veintinueve de julio al dos de agosto del año en curso, por lo cual se provee: Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos, y remite el oficio 110/F/B/2277/2020 con folio SIARA UIF/2020/000217, así como el acuerdo 43/2020, y las demás constancias que anexó a su informe justificado, sin supresión de datos, tal como fue solicitado. En consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que mediante oficio recibido el con acuerdo de tres de agosto de dos mil veintidós, el segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por resolución de catorce de julio de dos mil veintidós, dictada dentro del recurso de queja 78/2022, declaró fundado el recurso de queja, interpuesto por ...................., en su carácter de Presidenta de la Junta Especial Número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. En tales condiciones, dado que por auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós se declaró cumplida la sentencia de amparo archívese el presente asunto como concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de A Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo. Finalmente, para efectos de la estadística de existencia de este órgano jurisdiccional, se precisa la siguiente información en torno al cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio: Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual informa que por auto de uno de agosto de dos mil veintidós, dictado en el recurso de revisión R.A. 404/2022, dicho órgano colegiado admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto por el quejoso ******, en contra de la sentencia emitida dentro del juicio de amparo en que se actúa, de lo que el suscrito queda enterado para los efectos legales correspondientes.
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