Beatriz González Chamorro
Expediente 196/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 22 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 196/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 08/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Beatriz González Chamorro
- Jonathan Martínez Hernández
- Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, del Estado de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de junio del año en curso, en la que se negó el amparo solicitado, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es depurable; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y el presente acuerdo. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se concedió la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, proveído y resolución, mediante el cual se concedió la medida cautelar Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Devuélvase a la autoridad responsable las copias certificadas del expediente 87/2019, que acompañó a su informe justificado, sin que sea necesario que acuse de recibo dado que la constancia de notificación que al efecto se recabe por el fedatario adscrito a este juzgado, se considerará con ese efecto Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto obran documentos originales aportados por la parte quejosa; por tanto se autoriza desde este momento su devolución en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
***Apizaco, Tlaxcala, a ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de junio del año en curso, en la que se negó el amparo solicitado, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es depurable; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y el presente acuerdo. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se concedió la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, proveído y resolución, mediante el cual se concedió la medida cautelar Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Devuélvase a la autoridad responsable las copias certificadas del expediente 87/2019, que acompañó a su informe justificado, sin que sea necesario que acuse de recibo dado que la constancia de notificación que al efecto se recabe por el fedatario adscrito a este juzgado, se considerará con ese efecto Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto obran documentos originales aportados por la parte quejosa; por tanto se autoriza desde este momento su devolución en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA. RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Beatriz González Chamorro en contra del acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de la presente sentencia, por las razones vertidas en el cuarto considerando de ésta. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando del presente fallo, al hacerse público deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercera interesada; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable. ***
- Principal
Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 196/2022, promovido por Beatriz González Chamorro, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, a través del Buzón Judicial a cargo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y remitido el mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; Beatriz González Chamorro, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad responsable y por el acto reclamado que precisó en su demanda, el que consideró violatorio de los artículos 4, 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la demanda de amparo se radicó bajo el expediente 196/2022 y se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado correspondiente; se reservó emplazar a quien le asistiera el carácter de tercero interesado; se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de cinco de abril de dos mil veintidós, se ordenó emplazar con el carácter de tercero interesado a Jonathan Martínez Hernández. A las diez horas con dieciséis minutos del tres de junio de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados por grado son del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia son de naturaleza civil y porque tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procederá a fijarlos en forma clara y precisa. Así, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc: El acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente 87/2019, relativo al juicio de divorcio incausado promovido por Beatriz González Chamorro, en contra de Jonathan Martínez Hernández; en el que se tuvo por exhibida la receta médica que presentó la quejosa y se requirió a ésta para que hiciera comparecer al doctor Jacinto Sánchez Vázquez, a fin de que ratificara el contenido y firma de dicha receta, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no presentada. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que reclamado, por lo que se tiene por cierto. Certeza que se corrobora con las constancias exhibidas a requerimiento de este juzgado, consistentes en copia certificada del expediente 87/2019, relativo al juicio de divorcio incausado promovido por Beatriz González Chamorro, en contra de Jonathan Martínez Hernández; lo que tiene eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2. CUARTO. Estudio de fondo. No obstante que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es preferente y de orden público, este Juzgado de Distrito no advierte la invocación de alguna causal de improcedencia del juicio de amparo, ni actualización de otra, razón por la cual se procederá a estudiar el fondo del asunto de conformidad con los conceptos de violación vertidos en el escrito de demanda. Se procede al estudio de los conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo; en el entendido de que en la especie es improcedente la suplencia de la queja deficiente, en tanto que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. I. Apercibimiento de arresto. En una parte del primer concepto de violación se plantea que el acuerdo reclamado es ilegal en virtud de que la autoridad responsable pretende privar de la libertad a la quejosa en caso de que el médico Jacinto Sánchez Vázquez no acuda a ratificar el comprobante médico que sirvió para que la esta justificara su inasistencia a una junta familiar. Este planteamiento es inoperante. Es así en virtud de que se sustenta en la premisa falsa de que en el acuerdo reclamado -de veinticinco de enero de dos mil veintidós- se apercibió a la quejosa de que en caso de que si el referido médico no acude a ratificar el aludido comprobante, se ordenará el arresto de la quejosa. En efecto, el planteamiento analizado se sustenta en una premisa falsa derivado de que en el acuerdo reclamado se dispuso lo siguiente: "Ciudad Judicial, Santa Anita Huiloac, municipio de Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de Beatriz González Chamorro. presentado el veinticinco de los corrientes, visto su contenido SE ACORDÓ: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se tiene por presente a la ocursante con el contenido de su escrito de cuenta, exhibiendo una receta médica expedida por el Dr. Jacinto Sánchez Vázquez, de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós, la que se manda engrosar a los autos para los efectos legales a que haya lugar; por otra parte, se le hace saber a la promovente Beatriz González Chamorro que el doctor Jacinto Sánchez Vázquez deberá comparecer antes este órgano jurisdiccional con su cédula profesional, dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, a ratificar el contenido y firma de dicha receta, apercibida que de no comparecer se le tendrá por no exhibida la receta. Notifíquese." Como se puede observar, en ninguna parte del acuerdo reclamado se apercibe a la parte quejosa que, en caso de que el médico Jacinto Sánchez Vázquez no se presente a ratificar la receta médica que extendió en favor de la quejosa, se vaya a decretar su arresto; sino que, el apercibimiento contenido en el auto en estudio, consistió en que dicho documento se tendrá por no presentado. Atento a ello, se estima que no es dable examinar el planteamiento que formula la parte quejosa en el concepto de violación en estudio; dado que a ningún fin práctico se llegaría, debido a que el acuerdo reclamado no contiene el apercibimiento de que se duele la parte quejosa. Sin que pase inadvertido que en auto de catorce de enero de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar de origen, se fijaron las ocho horas con treinta minutos del veinticinco de enero de dos mil veintidós para que tuviera verificativo una junta familiar a la que debían asistir el tercero interesado Jonathan Martínez Hernández, la quejosa y la menor hija de ambos M.M.G., y que se haya apercibido a la quejosa -dado que en ocasiones pasadas se ha abstenido de asistir a las juntas familiares y presentar a la citada menor- con la imposición de una arresto por de hasta treinta y seis horas. Sin embargo, respecto del citado acuerdo de catorce de enero de este año este juicio de amparo resultaría improcedente en la medida que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veintitrés de febrero de dos mil veintidós- ya habría transcurrido el término de quince días para promover la demanda de amparo; de ahí que deba considerarse un acto consentido de manera tácita. Por ende, al no ser factible analizar la constitucionalidad del citado acuerdo, este Juzgado de Distrito estuvo impedido para prevenir a la parte quejosa para que aclarara su demanda de amparo y reclamara dicha actuación. Acotado lo anterior, como se dijo, el planteamiento en estudio es inoperante, en la medida que resulta inviable dar respuesta a un argumento que se sustenta en una premisa falsa; como en el caso, que se pretende controvertir el apercibimiento de arresto que se decretó en contra de la quejosa en un acuerdo anterior. Apoya lo anterior, la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/5 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, con número de registro digital 2008226, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]". II. Fundamento de la ratificación. En otra parte del primer concepto de violación y en el segundo motivo de inconformidad se expone que el acuerdo reclamado es ilegal en virtud de que se pretende restringir un derecho de la quejosa, a partir de la ratificación requerida al médico Jacinto Sánchez Vázquez, lo que no depende de la propia justiciable. Sobre todo que dicha ratificación no está prevista en el Código Civil para el Estado de Tlaxcala, ni en el Código de Procedimientos para la misma entidad federativa; por lo que el acuerdo reclamado no está debidamente fundado. No asiste razón a la parte quejosa. Para corroborar este aserto, se tiene que el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todo acto de autoridad que infrinja alguna molestia a los particulares, sin privarlos de sus derechos, debe estar fundado y motivado. La fundamentación debe entenderse como la cita del o de los preceptos aplicables al caso, y por motivación, el señalamiento con precisión, de las circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas en forma pormenorizada, que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto. Además, debe existir una debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas jurídicas aplicables; esto es, que las razones particulares que se expresen, concuerden con la descripción legal. Conforme al artículo constitucional mencionado, está proscrito que las autoridades produzcan un estado de incertidumbre e indefensión a los gobernados. Por el contrario, los actos de autoridad deben permitir al ciudadano saber a qué atenerse; por lo que, los agentes estatales tienen que proporcionar a los gobernados elementos mínimos para que puedan hacer valer sus derechos y para que, en relación con estos, no incurran en arbitrariedades. En tratándose de resoluciones jurisdiccionales la fundamentación y motivación debe entenderse como el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En el entendido de que, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar su resolución citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia; excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con el derecho fundamental de seguridad jurídica sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Como se dijo, el acuerdo reclamado es del orden siguiente: "Ciudad Judicial, Santa Anita Huiloac, municipio de Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de Beatriz González Chamorro. presentado el veinticinco de los corrientes, visto su contenido SE ACORDÓ: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se tiene por presente a la ocursante con el contenido de su escrito de cuenta, exhibiendo una receta médica expedida por el Dr. Jacinto Sánchez Vázquez, de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós, la que se manda engrosar a los autos para los efectos legales a que haya lugar; por otra parte, se le hace saber a la promovente Beatriz González Chamorro que el doctor Jacinto Sánchez Vázquez deberá comparecer antes este órgano jurisdiccional con su cédula profesional, dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, a ratificar el contenido y firma de dicha receta, apercibida que de no comparecer se le tendrá por no exhibida la receta. Notifíquese." A efecto de determinar si el referido acuerdo cumple con el parámetro de regularidad constitucional que exige el derecho fundamental de seguridad jurídica, es conveniente tener presente algunos antecedentes destacados del caso, a saber: Mediante sentencia de catorce de junio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 87/2019, relativo al juicio de divorcio incausado promovido por Beatriz González Chamorro, en contra de Jonathan Martínez Hernández, el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, decretó la disolución del vínculo matrimonial entre las citadas partes. De igual forma, se aprobó el convenio acordado por ambas partes, en el que -entre otras determinaciones- se estableció que la guarda y custodia de la infante M.M.G. quedaría a cargo de Beatriz González Chamorro y que se dejaban a salvo los derechos de Jonathan Martínez Hernández en relación con las convivencias con la citada menor. A través del escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil veinte, Jonathan Martínez Hernández solicitó se llevara a cabo una junta familiar a fin de tratar lo relativo a las convivencia de este con su hija M.M.G.; por lo que en auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se señalaron las once horas con treinta minutos del diecinueve de abril de ese año para que tuviera verificativo una junta familiar. En la fecha y hora señaladas se certificó que la junta familiar no se pudo realizar por la incomparecencia de Beatriz González Chamorro, dado que el único que acudió fue Jonathan Martínez Hernández. Por ocurso presentado el dos de julio de dos mil veintiuno, Jonathan Martínez Hernández solicitó nuevamente se llevara a cabo una junta familiar a la que asistiera Beatriz González Chamorro y la infante M.M.G.; por lo que en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno -una vez que el promovente indicó el domicilio de su ex cónyuge- se señalaron las diez horas con treinta minutos del quince de septiembre de ese año para que tuviera verificativo una junta familiar. En la fecha y hora señaladas se certificó que la junta familiar no se pudo realizar por la incomparecencia de Beatriz González Chamorro, dado que el único que acudió fue Jonathan Martínez Hernández y la psicóloga adscrita al Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia, así como la representante social adscrita. Previa solicitud de Jonathan Martínez Hernández, en acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se señalaron las diez horas con treinta minutos del veintisiete de octubre de ese año para que tuviera verificativo una junta familiar. En la fecha y hora señaladas se certificó que la junta familiar no se pudo realizar por la incomparecencia de Beatriz González Chamorro, dado que el único que acudió fue Jonathan Martínez Hernández. Previa solicitud de Jonathan Martínez Hernández, en acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se señalaron las diez horas con treinta minutos del tres de diciembre de ese año para que tuviera verificativo una junta familiar. En la fecha y hora señaladas se certificó que la junta familiar no se pudo realizar por la incomparecencia de Beatriz González Chamorro, dado que el único que acudió fue Jonathan Martínez Hernández. Previa solicitud de Jonathan Martínez Hernández, en acuerdo de catorce de enero de dos mil veintidós, se señalaron las ocho horas con treinta minutos del tres de diciembre de ese año para que tuviera verificativo una junta familiar y se apercibió a Beatriz González Chamorro que en caso de no comparecer se decretaría su arresto por el término de treinta y seis horas. Por escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintidós, Beatriz González Chamorro informó que no pudo comparecer a la junta familiar señalada para ese día en virtud de haber contraído el virus que causa la enfermedad de Covid-19. Para tal efecto, exhibió la receta médica expedida por el médico Jacinto Sánchez Vázquez. En auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, el juez responsable tuvo por exhibida la referida receta médica y se requirió a Beatriz González Chamorro para que informara al médico Jacinto Sánchez Vázquez que debía comparecer a ratificar el contenido y firma de la receta médica que expidió. Como se puede ver, al acuerdo reclamado anteceden diversa actuaciones de las que destaca que Jonathan Martínez Hernández ha solicitado se lleve a cabo una junta familiar en la que se pueda dilucidar lo relativo a las convivencias con su menor hija M.M.G.; pues debe recordarse que la sentencia que decretó la disolución del vínculo matrimonial y aprobó el convenio de los ex cónyuges, no resolvió lo relativo a las convivencias del aquí tercero interesado con su menor hija. De igual forma destaca que a pesar de que se han señalado en diversas ocasiones la realización de una junta familiar, la quejosa Beatriz González Chamorro no ha acudido. De ahí que en el acuerdo reclamado se haya pedido que el médico que expidió la receta que sirvió para acreditar la inasistencia de la quejosa a la última junta familiar señalada, ratificara su contenido y firma. El contexto expuesto precisa traer a colación lo dispuesto en los artículos 1388, 1391 y 1392 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que establecen: "Artículo 1388. El Juez, además de las facultades que se le otorgan en el Libro Primero de este Código, para determinar la verdad real, puede ordenar cualquiera prueba, aunque no la ofrezcan las partes." "Artículo 1391. El Juez intervendrá de oficio en asuntos que afecten a la familia para decretar las medidas que tiendan a proteger a ésta y a sus miembros. En todo caso, dictará las medidas de protección hacia los miembros de la familia víctimas de la violencia familiar y ordenará su tratamiento en los centros de atención que designe el Organismo Público Descentralizado denominado Desarrollo Integral de la Familia." "Artículo 1392. No se requiere formalidades para solicitar la intervención del Juez en asuntos que versen sobre cuestiones familiares." "Artículo 1395. En la decisión de las cuestiones comprendidas en este Libro, el Juez tomará en consideración preferente y primordialmente el interés de los hijos menores, integrantes de la familia de los interesados; si no hubiere menores en esta familia, se atenderá al interés de ella sobre el de los individuos que la forman y, por último, al interés particular de éstos. De acuerdo con las normas transcritas se tiene que en materia familiar -como lo es el expediente de origen- el Juez cuenta con amplias facultades para determinar la verdad real, para lo cual puede ordenar cualquier prueba aunque no lo ofrezcan las partes; su intervención es de oficio en cuanto se trate de proteger a la familia y sus integrantes. De igual forma se sigue en que en materia familiar no se requieren formalidades para solicitar la intervención del juez y en cualquier decisión que se deba tomar en este tipo de asuntos, se debe privilegiar el interés de los hijos menores de edad. Por tanto, si en el caso la actuación decretada por el juez responsable está dirigida a corroborar la autenticidad de la receta médica que sirvió para justificar la incomparecencia de la quejosa y que ello atiende al contexto relativo a que no se ha podido celebrar la junta familiar solicitada por Jonathan Martínez Hernández para dilucidar lo relativo a las convivencias con su menor hija M.M.G., es dable considerar que el acuerdo reclamado está fundado, además del numeral expresamente citado, en los diversos artículos 1388, 1391 y 1392 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. Ello es así, pues como se dijo antes, en tratándose de resoluciones o determinaciones jurisdiccionales, los fundamentos que sustentan una actuación de esta naturaleza puede encontrarse de forma implícita, siempre que los razonamientos vertidos permitan advertir de qué dispositivo legal se trata. Por tanto, adversamente a lo estimado por la parte quejosa es dable estimar que el acuerdo reclamado sí se encuentra debidamente fundado y que dicha determinación es correcta si se toma en cuenta que la junta familiar que se ha solicitado en el juicio de origen -para poder dilucidar lo relativo a las convivencias de la menor M.M.G. con su padre Jonathan Martínez Hernández- no se ha podido llevar a cabo por la incomparecencia reiterada de Beatriz González Chamorro. De ahí que sea adecuado que el juez familiar constate que la receta médica que acreditó la ausencia de la quejosa a la última junta familiar señalada no constituya una conducta evasiva por parte de la quejosa para poder llevar a cabo dicha diligencia, en la medida que con ese actuar -sea o no justificado- se afecta el interés superior de la infante M.M.G., en la medida que no se han establecido las convivencias de esta con su progenitor Jonathan Martínez Hernández. Por lo que tampoco asiste razón a la quejosa en cuanto a que el referido requerimiento -de que se presente el médico a ratificar su receta- restrinja de forma indebida sus derechos; esto, en la medida que la referida justiciable de forma reiterada no ha comparecido a la junta familiar a la que se le ha citado y si en esta última citación nuevamente se ausentó por motivos médicos, es factible que el juez del conocimiento agote sus atribuciones a fin de indagar si esa justificación médica fue real y no se trata de una táctica evasiva, lo que solo se puede conseguir con la comparecencia del médico que expidió la receta de mérito. Además de que esa carga procesal debe recaer precisamente en la parte que ha presentado ese justificante, dado que es a esta a quién beneficia y, en su caso, debe perjudicar la incomparecencia del médico que emitió el citado comprobante, pues ello implicaría tener que soportar las consecuencias de su actuar -en caso de que así quede demostrado- probablemente indebido. III. Conclusión. En mérito de lo expuesto, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación hechos valer, sin que en el caso se advierta queja deficiente que suplir en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. QUINTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SEXTO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que las partes estén en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníqueseles que deberán ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberán generar un Código QR que les permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas solicitadas; ello con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención pueden, en caso de no tenerlo, solicitar el acceso electrónico al expediente en que se actúa, pues al imprimirse desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Beatriz González Chamorro en contra del acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de la presente sentencia, por las razones vertidas en el cuarto considerando de ésta. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando del presente fallo, al hacerse público deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercera interesada; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy veintinueve de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Roberto César Morales Corona, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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