Beatriz García García
Expediente 1409/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 28 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1409/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 27/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Beatriz García García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO EL AUTO DE 11 DE DICIEMBRE DE 2023
- Principal
Ciudad de México, once de diciembre de dos mil veintitrés. Dada la cuenta que antecede, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el actuario del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a través del cual, remite los autos originales del juicio de amparo número ********************, un legajo, así como el testimonio de la resolución autorizada en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, dictada por los magistrados que integran dicho tribunal, en el recurso de revisión ********************, en la que revocaron la sentencia recurrida y ordenaron reponer el procedimiento. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); además, glósense las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes. Ahora, el tribunal colegiado oficiante, en la ejecutoria de mérito, determinó reponer el procedimiento por las razones que se transcriben a continuación: ¨[.] Como se reseñó, la parte recurrente sostiene que el Juez de Distrito omitió realizar pronunciamiento alguno en torno a sus alegatos. A fin de calificar el argumento, cabe tener presentes algunas de las consideraciones sostenidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 135/2019. En dichas consideraciones interpretó los alcances que debía darse a la figura de los alegatos en el amparo indirecto, regulada en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: [.] En ese sentido, refirió que la etapa de alegatos que tiene verificativo en la audiencia constitucional se ha conceptualizado como una oportunidad para las partes de realizar una exposición razonada, verbal o escrita, con el objeto de demostrar, conforme a derecho, que la razón y la justicia en el caso concreto les asiste y que, por lo mismo, la sentencia definitiva debe dictarse acorde a lo solicitado por cada una de ellas; por lo tanto, que su objeto es apoyar, mediante esta exposición, la procedencia o improcedencia de la acción o, incluso, alguna pretensión de las partes. Reseñó también que el Tribunal Pleno en diversos amparos directos en revisión (que dieron origen a la jurisprudencia P./J. 47/95) estableció que los alegatos eran una de las etapas obligatorias que debían respetarse como formalidad esencial del procedimiento según lo exige el artículo 14 de la Constitución. Así, la Sala del Máximo Tribunal enfatizó que la naturaleza de los alegatos no consiste únicamente en vincular el hecho con las pruebas ofrecidas y el derecho, sino también en darle a las partes la oportunidad de hacer valer cuestiones nuevas que surgieron a lo largo del procedimiento, ya que depende de la naturaleza o condiciones de cada proceso para determinar cómo debe desahogarse esta formalidad; de ahí que la etapa de alegatos en cumplimiento al artículo 14 constitucional, no necesariamente tiene que estar vinculada a una etapa probatoria, ni tampoco se encuentra restringida a un tipo de argumentación. En razón de ello, refirió que la figura de los alegatos, como etapa procesal prevista como formalidad esencial en el procedimiento, puede configurarse de distintas formas y con distintos alcances, a partir de la naturaleza y condiciones de cada procedimiento con la finalidad de garantizar la debida defensa de las partes. Por ende que la obligación de los juzgadores de dar respuesta expresa a los alegatos rendidos conforme a lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, encuentra respuesta, al entender los alcances de estos alegatos, como una forma de garantizar la debida defensa de las partes, esto es, como una formalidad esencial del procedimiento. En razón de ello, refirió, que estos alegatos tienen como finalidad que las partes se manifiesten de acuerdo a sus intereses, por lo que el debido proceso se cumple con brindar, la oportunidad de manifestarse y el correlativo deber del tribunal de estudiar tales manifestaciones, sin que ello pueda traducirse en una obligación de un pronunciamiento expreso en la sentencia. Así las cosas, concluyó que dentro del juicio de amparo biinstancial y en cumplimiento de una de las etapas del debido proceso, como son los alegatos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, no podía exigirse que deba plasmarse por escrito el estudio de dichas manifestaciones, pues estos son simples opiniones o conclusiones lógicas de las parles que no pueden vincular al juzgador a resolver en el sentido pretendido por las mismas, como si ocurre con los conceptos de violación, los cuales conforme al principio de congruencia y exhaustividad, deben atenderse en su totalidad. [.] Por ende, el cumplimiento al debido proceso se agota con la posibilidad de brindar la etapa correspondiente y el deber del órgano Jurisdiccional de estudiar los alegatos, pero ello no puede traducirse en una obligación de plasmar dicho análisis en la sentencia, salvo que el Juez lo estime necesario para su fundamentación y motivación atendiendo al caso concreto. Por lo anterior, el correspondiente órgano jurisdiccional es quien debe determinar, atendiendo al caso concreto, si plasma el estudio de los alegatos formulados por las partes, en el entendido de que en cumplimiento a la debida fundamentación y motivación, si existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, si resultaría necesario hacer referencia en la sentencia. Ahora bien, en el caso concreto, tal como lo refiere la recurrente, el Juez de Distrito no realizó pronunciamiento alguno respecto los alegatos formulados, al no considerarlo pertinente. No obstante, este Tribunal Colegiado sí estima necesario su análisis en virtud de que los argumentos realizados inciden en el estudio llevado a cabo por el Juez de Distrito; sin que dicha circunstancia conlleve la reposición del procedimiento acorde a la jurisprudencia 2a./J. 122/2019, de rubro y contenido siguientes: [.] En ese sentido, este tribunal colegiado reasume el análisis de los alegatos, además, que los mismos encuentran estrecha relación con las restantes argumentos que constituyen el agravio de la tercera interesada, en los que manifiesta: Que desde el primer escrito mediante el cual comparecieron ante el Juez de Distrito cuestionaron las manifestaciones realizadas por la quejosa en su escrito de demanda, mismas que transcribe; sin embargo, que el Juez no las analizó. Que dichas consideraciones son suficientes para declarar fundado el recurso de revisión, ya que no hay prueba que la quejosa haya exhibido para demostrar su identidad plena. Que con sus manifestaciones ha abusado de la buena fe de los Tribunales y funcionarios, pues llama la atención que la quejosa conociendo el contenido total de las actuaciones del juicio natural, no haya hecho ningún cuestionamiento respecto de las diligencias de jurisdicción voluntaria. Que si bien se encuentra en plena duda la identidad de su segundo apellido, es evidente que usa de forma indistinta y de acuerdo a su conveniencia el ******************** o ********************. Que el hecho de que no haya exhibido documentos actuales relacionados con el inmueble material del juicio natural, ni documento alguno que la vincule en forma clara y fehaciente con el acta de matrimonio, con el acta de nacimiento y con la que se ostenta en la demanda de amparo. Que la demanda de arrendamiento se entabla tanto contra el inquilino, como su causahabiente, que no se intentó sorprender en momento alguno, buscando emplazar a un finado. Además, que durante el trámite de las diligencias de jurisdicción voluntaria es que se enteraron del fallecimiento del inquilino o arrendatario, pues fue precisamente por conducto de quien se ostentó como su esposa "Beatriz ******************** G.", misma que compareció exhibiendo el acta de defunción de su esposo. Para mayor contexto en el análisis, tener presente que la parte quejosa en su demanda de amparo, manifestó en el capítulo de hechos bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: [.] Por su parte, en la controversia de arrendamiento inmobiliario ********************, del índice del Juzgado Quincuagésimo Séptimo de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México (respecto del cual la parte quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio) se desprende que ********************, demandó a ********************, por conducto de su esposa Beatriz ******************** ********************, diversas prestaciones, entre éstas, terminación del contrato, la desocupación y entrega del inmueble arrendado y el pago de rentas vencidas; la demandada fue emplazada a juicio, y, finalmente se dictó sentencia el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en la que se le condenó respecto las prestaciones demandadas. Por su parte, en el juicio de amparo indirecto, el Juez de Distrito en la sentencia reclamada, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, dado que en el juicio de controversia se demandó y emplazó a Beatriz ******************** ********************, siendo que la quejosa Beatriz ******************** ********************, acreditó que ella era la cónyuge de ********************, por lo que se subrogaba en relación a los derechos y obligaciones surgidos en el contrato, por ende, la sentencia dictada en la controversia no le podía deparar perjuicio hasta no ser oída ni vencida. Sin embargo, cabe establecer que soslayó que la tercera interesada, aquí recurrente, a través de sus alegatos, manifestó que Beatriz ******************** ******************** y Beatriz ******************** ********************, son la misma persona, tal como se advertía de las constancias de la diligencia de jurisdicción voluntaria ******************** que obraban en el juicio de controversia de arrendamiento. Lo cual se considera acertado. En efecto, porque de las copias certificadas de las diligencias de jurisdicción voluntaria, presentadas a efecto de notificar a ******************** y/o su esposa Beatriz ******************** ********************, el primero en su calidad de arrendatario y, la segunda en su calidad de causahabiente o coposeedora del inmueble motivo del contrato de arrendamiento, se deprende la diligencia de fecha veintitrés de junio de - dos mil veintiuno, en la que el actuario adscrito al Juzgado Sexagésimo de lo Civil en la ciudad de México se constituye en el domicilio ubicado en Calzada de la Ronda, número 88, módulo III, departamento 303-C, colonia ********************, código postal, 06250, Alcaldía Cuauhtémoc, de la ciudad de México, en busca de ******************** ******************** Beatriz, quien es la persona que atiende la diligencia y, que refirió llamarse de tal manera, pero que también acostumbraba usar el nombre de ******************** ******************** Beatriz. Se inserta el contenido de la diligencia citada, para mayor precisión: [.] Asimismo, obra el escrito presentado por Beatriz ******************** G., citada al rubro superior derecho como ********************, mediante el cual se opone a las diligencias de jurisdicción voluntaria, escrito en el cual si bien se ostenta como Beatriz ******************** G., lo cierto es que plasma su firma, la cual es coincidente con la firma impresa en el escrito inicial de demanda: [.] Constancias de las que se desprende que Beatriz ******************** ******************** y Beatriz ******************** ******************** son la misma persona pues no obstante que en las diligencias de jurisdicción voluntaria se demandó y emplazó a Beatriz ******************** ********************, quien también manifestó usar el nombre de Beatriz ******************** ******************** acorde a la constancia del actuario judicial, compareció y manifestó su oposición. Asimismo se toma en consideración que durante el juicio de amparo indirecto se tuvo como tercera interesada en un inicio, a Beatriz ******************** ********************, en su calidad de causahabiente de ********************, quien no pudo ser emplazada, al no existir, según el dicho de la propia quejosa, pues no obstante que en el juicio de origen si fue emplazada, el domicilio donde se le emplazó es el que la quejosa habita. En mérito de lo anterior, se concluye que la persona que fue demandada y emplazada en el juicio de controversia de arrendamiento, es promovente del juicio de amparo. Por ende, lo que procedía era analizar si el emplazamiento realizado dentro del juicio de controversia se llevó o no conforme a las reglas que rigen el procedimiento. Reposición del procedimiento. No obstante, a fin de realizar ello, se desprende que el Juez de Distrito deber dar vista a la parte quejosa a fin de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto el emplazamiento realizado en el juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario. Lo anterior, porque la quejosa señaló en su escrito inicial de demanda la falta de emplazamiento o llamamiento a juicio, en razón de ser una persona distinta a la emplazada a juicio; es decir, que sí se llevó a cabo el emplazamiento; por tanto, al definirse por este tribunal que la persona emplazada a juicio y que la quejosa es la misma persona, a fin de no dejarla en estado de indefensión se le debe dar la oportunidad de señalar como acto reclamado dicha actuación y enderezar conceptos de violación en su contra. De tal manera se estima que lo procedente es reponer el procedimiento para tal efecto. [.] Así ante las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, se impone revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento para que el juzgador de amparo realice lo siguiente: Deje insubsistente la celebración de la audiencia constitucional y la sentencia recurrida. Subsane la violación procesal cometida, esto es, de vista de forma personal a la parte quejosa Beatriz ******************** G y/o Beatriz ******************** ******************** con el contenido del informe justificado; y, la requiera a fin de que manifieste si desea ampliar su demanda respecto el emplazamiento practicado en el juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario. Hecho lo anterior, continúe con la secuela procesal correspondiente, señale nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y en su oportunidad, dicte una nueva resolución en la que resuelva conforme a derecho corresponda. [.]''. En ese sentido, en cumplimiento a lo determinado en la ejecutoria de mérito, se deja insubsistente la celebración de la audiencia constitucional y la sentencia emitida en este sumario constitucional. Por lo tanto, se ordena notificar de manera personal a la quejosa, Beatriz ******************** G y/o Beatriz ******************** ********************, con el contenido del informe justificado y se le requiere para que manifieste si desea ampliar su demanda respecto el emplazamiento practicado en el juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario. Consecuentemente, se fijan las DOCE HORAS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese por oficio al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, personalmente a la quejosa, así como a la tercera interesada y por lista a las partes.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Actuario del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual, acusa recibo de las constancias que se remitieron con motivo del recurso de revisión, interpuesto por ******-en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, por el que la Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********-, mismo que fue registrado con el número R. C. 325/2023-I e informa que se admitió el citado medio de defensa; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el escrito signado por la tercera interesada, ********************, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por auto de veintisiete de junio pasado, exhibe dos copias más del escrito de expresión de agravios. En ese sentido, se le tiene por cumplido el requerimiento de que se trata. Ahora, en atención al contenido del escrito signado por la tercera interesada, ********************, con fundamento en los artículos 80, 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer, en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal. Distribúyase entre las partes -incluida la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional- copia del escrito de agravios y fórmese el cuaderno de antecedentes con copia certificada de la resolución que se impugna y demás constancias pertinentes. Asimismo, se instruye al secretario encargado del trámite del presente asunto, para que una vez que se cumpla con lo ordenado en el párrafo anterior, remita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el escrito original por el que se interpuso el recurso de que se trata, así como las constancias que la autoridad responsable remitió con motivo del juicio en que se actúa. De igual manera, con fundamento en el artículo 113, punto cuarto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, en su momento, póngase a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda, el expediente electrónico, por lo que de igual manera, se instruye al secretario del juzgado encargado del trámite de este expediente, para que, a más tardar el día siguiente al en que se tenga conocimiento del órgano colegiado que corresponderá conocer del mismo, proceda a realizar el trámite correspondiente a dicha autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno, así como a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.
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