Beatriz Flores Solis

Expediente 426/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
426/2019
Año
2019
Actuaciones
22
Última actuación
15/11/2019

Partes del expediente

  • Beatriz Flores Solis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil diecinueve. Razón actuarial Vista la razón levantada por la Actuaria Judicial de la adscripción, en el sentido de que no le fue posible notificar personalmente al tercero interesado José Manuel Plata Bañuelos, por sí o través de sus autorizados, el acuerdo de once de noviembre del actual, por los motivos esgrimidos en la misma. Se ordena notificar por lista En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar nuevamente por lista a la parte tercero interesada el acuerdo de mérito, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, hasta en tanto comparezca ante este juzgado a designar domicilio para tal efecto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de noviembre de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional a BEATRIZ FLORES SOLIS, para el efecto de que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, realizara lo siguiente: "Deje insubsistentes los autos de veintiuno y veinticinco, ambos de marzo de dos mil diecinueve; y, en su lugar dicte otro en el que, atendiendo a los señalamientos hechos por este juzgado en la presente sentencia y, de no existir otro motivo para no reconocer el carácter de coadyuvante del ministerio público, reconozca dicho carácter en los términos planteados por el asesor jurídico de la víctima." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, en proveído de dos de octubre de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector, lo que se hizo del conocimiento de su superior jerárquico. Por oficio presentado el siete de octubre de este año, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, allegó copia autorizada del acuerdo de cuatro de ese mismo mes y año, dictado en la causa penal número 283/2018, a través del cual, para cumplir con la sentencia de amparo, se realizó lo siguiente: I. Se dejó insubsistentes los autos de veintiuno y veinticinco ambos de marzo de dos mil diecinueve. II. Dio cuenta con el escrito presentado el veintiuno de marzo de pasado, suscrito por el licenciado José Valencia Mojica, asesor jurídico privado de la víctima Beatriz Flores Solís, y se le tuvo por compareciendo a constituir a la víctima directa en coadyuvante del Ministerio Público, con sustento en los artículos 338 y 339 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, por considerar que el asesor jurídico de la víctima de un delito se encuentra facultado para manifestar en nombre y representación de aquella, que es su deseo constituirse como coadyuvante del Ministerio Público, toda vez que, como asesor jurídico de la misma, tiene a su cargo su representación en cualquier etapa del procedimiento penal, lo que dedujo de una interpretación sistemática de los establecidos en los artículos 105 fracción II, 109, fracciones VII, XV y XXI y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales. III. En ejercicio de esa representación, tuvo al asesor de la víctima, ofreciendo medios de prueba y haciendo patente su pretensión de que el acusado, en su oportunidad, sea condenad al pago de la reparación del daño. Con lo cual, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, ya que el juez responsable, en acuerdo de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal número 283/2018, dejó insubsistentes los autos de veintiuno y veinticinco, ambos de marzo de dos mil diecinueve; y, al no existir otro motivo para no reconocer el carácter de coadyuvante del ministerio público, se tuvo al licenciado José Valencia Mojica, asesor jurídico privado de la víctima Beatriz Flores Solís, por compareciendo a constituir a la víctima directa en coadyuvante del Ministerio Público, con fundamento en los artículos 338 y 339 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que por una parte, se negó y por otra, se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva); y por tanto, de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran más de cinco años a partir de esta fecha, previa generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo en mención, debiéndose conservar todas las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria.

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, once de noviembre de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional a BEATRIZ FLORES SOLIS, para el efecto de que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, realizara lo siguiente: "Deje insubsistentes los autos de veintiuno y veinticinco, ambos de marzo de dos mil diecinueve; y, en su lugar dicte otro en el que, atendiendo a los señalamientos hechos por este juzgado en la presente sentencia y, de no existir otro motivo para no reconocer el carácter de coadyuvante del ministerio público, reconozca dicho carácter en los términos planteados por el asesor jurídico de la víctima." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, en proveído de dos de octubre de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector, lo que se hizo del conocimiento de su superior jerárquico. Por oficio presentado el siete de octubre de este año, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, allegó copia autorizada del acuerdo de cuatro de ese mismo mes y año, dictado en la causa penal número 283/2018, a través del cual, para cumplir con la sentencia de amparo, se realizó lo siguiente: I. Se dejó insubsistentes los autos de veintiuno y veinticinco ambos de marzo de dos mil diecinueve. II. Dio cuenta con el escrito presentado el veintiuno de marzo de pasado, suscrito por el licenciado José Valencia Mojica, asesor jurídico privado de la víctima Beatriz Flores Solís, y se le tuvo por compareciendo a constituir a la víctima directa en coadyuvante del Ministerio Público, con sustento en los artículos 338 y 339 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, por considerar que el asesor jurídico de la víctima de un delito se encuentra facultado para manifestar en nombre y representación de aquella, que es su deseo constituirse como coadyuvante del Ministerio Público, toda vez que, como asesor jurídico de la misma, tiene a su cargo su representación en cualquier etapa del procedimiento penal, lo que dedujo de una interpretación sistemática de los establecidos en los artículos 105 fracción II, 109, fracciones VII, XV y XXI y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales. III. En ejercicio de esa representación, tuvo al asesor de la víctima, ofreciendo medios de prueba y haciendo patente su pretensión de que el acusado, en su oportunidad, sea condenad al pago de la reparación del daño. Con lo cual, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, ya que el juez responsable, en acuerdo de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal número 283/2018, dejó insubsistentes los autos de veintiuno y veinticinco, ambos de marzo de dos mil diecinueve; y, al no existir otro motivo para no reconocer el carácter de coadyuvante del ministerio público, se tuvo al licenciado José Valencia Mojica, asesor jurídico privado de la víctima Beatriz Flores Solís, por compareciendo a constituir a la víctima directa en coadyuvante del Ministerio Público, con fundamento en los artículos 338 y 339 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que por una parte, se negó y por otra, se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva); y por tanto, de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran más de cinco años a partir de esta fecha, previa generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo en mención, debiéndose conservar todas las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA MANUEL PLATA BAÑUELOS, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, once de noviembre de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional a BEATRIZ FLORES SOLIS, para el efecto de que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, realizara lo siguiente: "Deje insubsistentes los autos de veintiuno y veinticinco, ambos de marzo de dos mil diecinueve; y, en su lugar dicte otro en el que, atendiendo a los señalamientos hechos por este juzgado en la presente sentencia y, de no existir otro motivo para no reconocer el carácter de coadyuvante del ministerio público, reconozca dicho carácter en los términos planteados por el asesor jurídico de la víctima." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, en proveído de dos de octubre de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector, lo que se hizo del conocimiento de su superior jerárquico. Por oficio presentado el siete de octubre de este año, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, allegó copia autorizada del acuerdo de cuatro de ese mismo mes y año, dictado en la causa penal número 283/2018, a través del cual, para cumplir con la sentencia de amparo, se realizó lo siguiente: I. Se dejó insubsistentes los autos de veintiuno y veinticinco ambos de marzo de dos mil diecinueve. II. Dio cuenta con el escrito presentado el veintiuno de marzo de pasado, suscrito por el licenciado José Valencia Mojica, asesor jurídico privado de la víctima Beatriz Flores Solís, y se le tuvo por compareciendo a constituir a la víctima directa en coadyuvante del Ministerio Público, con sustento en los artículos 338 y 339 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, por considerar que el asesor jurídico de la víctima de un delito se encuentra facultado para manifestar en nombre y representación de aquella, que es su deseo constituirse como coadyuvante del Ministerio Público, toda vez que, como asesor jurídico de la misma, tiene a su cargo su representación en cualquier etapa del procedimiento penal, lo que dedujo de una interpretación sistemática de los establecidos en los artículos 105 fracción II, 109, fracciones VII, XV y XXI y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales. III. En ejercicio de esa representación, tuvo al asesor de la víctima, ofreciendo medios de prueba y haciendo patente su pretensión de que el acusado, en su oportunidad, sea condenad al pago de la reparación del daño. Con lo cual, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, ya que el juez responsable, en acuerdo de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal número 283/2018, dejó insubsistentes los autos de veintiuno y veinticinco, ambos de marzo de dos mil diecinueve; y, al no existir otro motivo para no reconocer el carácter de coadyuvante del ministerio público, se tuvo al licenciado José Valencia Mojica, asesor jurídico privado de la víctima Beatriz Flores Solís, por compareciendo a constituir a la víctima directa en coadyuvante del Ministerio Público, con fundamento en los artículos 338 y 339 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que por una parte, se negó y por otra, se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva); y por tanto, de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran más de cinco años a partir de esta fecha, previa generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo en mención, debiéndose conservar todas las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria.

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