Beatriz Eugenia Pesqueira Pesqueira y Otros.
Expediente 170/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 170/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/10/2021
Partes del expediente
- Presidente Municipal de Cajeme, Sonora.
- Beatriz Eugenia Pesqueira Pesqueira y Otros.
- José Jesús Reyes Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Amparo en revisión
Para los efectos legales correspondientes, agréguese el oficio 4996 signado electrónicamente con evidencia criptográfica por la actuaria judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual fue recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mediante el cual acusa recibo del diverso 6082, con el que este tribunal colegiado le informó que carecía de competencia legal para conocer del presente asunto y le remitió los autos originales que sirvieron como antecedente para dictar el fallo respectivo; además, informa que aceptó la competencia para conocer del presente recurso. En consecuencia, previa anotación en el libro de registro correspondiente, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.
- Amparo en revisión
Para los efectos legales correspondientes, agréguese el oficio 31853/2021 firmado electrónicamente con evidencia criptográfica por la secretaria del juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, el cual fue recibido electrónicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al que anexa diligenciado el despacho 49/2021, de este órgano jurisdiccional. Acúsese recibo.
- Amparo en revisión
Del examen de las constancias recibidas se advierte que este tribunal carece de competencia legal, por razón de la materia, para conocer y resolver acerca del recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable *******, contra la sentencia de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictada por el titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, en el juicio de amparo indirecto *******. En efecto, del citado juicio de amparo se desprende que el quejoso, en su escrito inicial de demanda señaló como autoridades responsables, actos reclamados, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama lo siguiente: (se transcribe).- El artículo 46 de la Ley de Amparo, dispone: (SE TRANSCRIBE).- Previo a las consideraciones por las cuales se estima incompetente este tribunal, es preciso destacar que la competencia es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios o conflictos. Así, un tribunal es competente para conocer de un asunto cuando hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento con preferencia a los demás órganos. En cuanto a la competencia por materia, debe precisarse que es aquélla que determina que en el juzgado o tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo que permite que los juzgadores que lo integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento a efecto de cumplir con la garantía de justicia pronta, completa e imparcial establecida en el artículo 17 de la Carta Magna. Por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos, civiles, penales y de trabajo, entre otros y, a cada uno de ellos, les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, como lo prevé el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En el caso, conviene reproducir los artículos 52 y 55 de la ley acabada de citar, que contienen los lineamientos que el legislador consideró para estimar la competencia en materia administrativa y de trabajo, cuyo contenido es el siguiente: (SE TRANSCRIBEN) De los preceptos citados se advierte que para fijar la competencia por materia el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Los numerales señalados determinan la especialidad por materia, la cual permite aprovechar el conocimiento y la experiencia de quienes se dedican en forma preferente y permanente a una determinada rama del derecho, a efecto de cumplir con la garantía de justicia pronta, completa e imparcial prevista en el artículo 17 ya citado. Aun cuando los criterios señalados se refieran a la competencia por materia de los juzgados de Distrito, son también aplicables a la competencia por materia de los tribunales de Circuito, conforme al principio jurídico que establece que donde existe la misma razón debe regir igual disposición. Los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen: (se transcriben).- De la lectura de los preceptos transcritos, se advierte con claridad que en éstos se prevé cuáles son los asuntos que serán competencia de los tribunales colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación y, que cuando dichos tribunales se encuentren especializados, conocerán de los juicios que traten sobre la materia de su especialidad. El punto cuarto del Acuerdo General 41/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la fecha de inicio de Especialización, Nueva Denominación y Competencia de los Tribunales Colegiados del Quinto Circuito con residencia en esta ciudad; a las reglas del turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los mencionados órganos colegiados, dispone lo siguiente: "Los Tribunales colegiados especializados en las materias civil y de trabajo del quinto Circuito conocerán de los asuntos a que se refiere el artículo 37, fracciones I, incisos c) y d); II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en las materias de su especialidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 38, del propio ordenamiento legal invocado." De manera que, en el juicio de amparo donde se emitió la sentencia recurrida, no versa sobre las materias a que se refieren los artículos 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que sí son de la competencia de este Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, de conformidad con el punto cuarto del Acuerdo General 41/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal anteriormente mencionado, pues en cuyo caso no se trata de un asunto de los que este tribunal colegiado está legalmente facultado para conocer y resolver, en términos de las aludidas disposiciones y del punto y Acuerdo General descritos. Lo anterior resulta así, tomando en consideración que, de conformidad con el citado punto cuarto del referido Acuerdo, este tribunal colegiado especializado en materias civil y laboral, conocerá de los asuntos que señala el artículo 37, fracciones I, incisos c) y d); II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, más no así de los diversos señalados en la fracción I, inciso b) de dicho numeral. Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial 2a./J.24/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 412, del tomo XXIX, marzo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado". También, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 2a./J. 145/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1689 del Tomo II, octubre de 2015, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA. SE DETERMINA ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 79/2015, en sesión de 10 de junio de 2015, por mayoría de 3 votos interrumpió el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 4/2013 (10a.) (*). Así, actualmente, para establecer la competencia por materia de un Tribunal Colegiado de Circuito especializado para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia, debe atenderse tanto a la naturaleza del acto reclamado como a la de la autoridad señalada como responsable, sin considerar la materia en la que el Juez de Distrito con competencia mixta haya fijado su competencia". Así, debe decirse que, si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y el patrón para el cual haya laborado; también lo es que la surgida entre aquél y el *******, es una nueva relación, ya no de naturaleza laboral, pues es evidente que la relación laboral respectiva no se extiende después de concedida la pensión solicitada, pues no hay que soslayar que en ocasiones la pensión se otorga cuando la relación laboral culminó, como las pensiones por causa de muerte o por cesantía en edad avanzada. Así se razonó en la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que dio origen a la Jurisprudencia 2ª./J.153/2009-, al resolver la Contradicción de tesis 176/2009, en la que se analiza la naturaleza material de las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado: "1. Se trata de prestaciones en dinero que pertenecen a la categoría de la seguridad social.--- 2. Las otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a los trabajadores al servicio de las dependencias públicas.--- 3. Se proporcionan a los trabajadores (jubilación, invalidez, etcétera) o a sus derechohabientes (muerte o vida, viudez, orfandad).--- 4. Pueden ser de diversos tipos: jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, invalidez, muerte o vida, etcétera.--- 5. Para su otorgamiento, deben cumplirse los requisitos que la ley establece.--- Atendiendo a las características mencionadas también se puede arribar a la conclusión de que las pensiones pertenecen a la materia administrativa, porque si bien es cierto que se enmarcan dentro de las prestaciones de seguridad social y que derivan de la antigüedad en una relación de trabajo, también lo es que por regla general, la relación laboral respectiva no se extiende después de concedida la pensión solicitada, porque precisamente la pensión tiene su justificación en el otorgamiento de prestaciones en dinero otorgadas por el cumplimiento de determinados requisitos de antigüedad, edad y otros diversos, para permitir la subsistencia del trabajador o de sus derechohabientes, después de concluida la relación de trabajo.--- Asimismo, la pensión no constituye una prestación de tipo laboral como el salario, las vacaciones, el aguinaldo, los vales de despensa, la habitación, los bonos de productividad, los premios por puntualidad, por asistencia, el pago de becas, etcétera, que se otorgan durante la vigencia de la relación de trabajo, sino que se proporcionan después de ella, por los motivos especificados en la ley, y bajo el cumplimiento estricto de los requisitos legales. Asimismo, el obligado al pago de las pensiones es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado derivado del pago de las cuotas de seguridad social realizadas por las dependencias públicas a favor de sus trabajadores, por lo cual surge una nueva relación de naturaleza administrativa entre dicho instituto y los trabajadores o sus derechohabientes. De lo expuesto se colige que el acto reclamado consistente en la indebida cuantificación de la pensión. sin lugar a dudas pertenece a la materia administrativa, porque además, por las razones expuestas, no se está cuestionando el derecho a obtener la pensión, ni está en juego su revocación, sino que esa prestación económica está otorgada a favor del trabajador o de su derechohabiente, y solamente se cuestiona su determinación líquida por no contener la cantidad correspondiente.". En este contexto, si lo que se reclama en el juicio de origen es el ilegal descuento hecho a la pensión por jubilación que recibe el quejoso, debe decirse que ese acto, es de naturaleza eminentemente administrativa, pues se insiste, no está en riesgo la revocación o modificación de su pensión, sino que esa prestación económica ya está concedida a favor del trabajador y solamente se impugna una deducción en su pago, con motivo de la aplicación del artículo 25 de la Ley número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, tildado de inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia clave 2ª./J.153/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 94, del tomo XXX, octubre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y, en medios electrónicos, bajo número de registro 166110, cuyos rubro y texto son: "PENSIONES DEL ISSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa la competencia por materia de los Juzgados de Distrito en sus artículos 51, 52, 54 y 55, de los que se advierte que para fijar la competencia por materia en los juicios de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Ahora, si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, en la que éste actúa con el carácter de autoridad, pues puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado. En este tenor, el acto reclamado consistente en la indebida cuantificación de una pensión a cargo del Instituto pertenece a la materia administrativa, porque no se cuestiona el derecho a obtenerla, ni está en juego su revocación, sino que esa prestación económica está otorgada a favor del trabajador o de su derechohabiente, y solamente se impugna su determinación líquida por no contener la cantidad correspondiente a los incrementos que le corresponden de acuerdo con la norma aplicable; de ahí que la competencia por materia para conocer del juicio de garantías instaurado en su contra se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa en los lugares en que exista esa competencia especial, sin perjuicio de que los órganos jurisdiccionales con competencia mixta conozcan de dichos juicios donde no exista la competencia especializada". Asimismo, diversa la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 282 del tomo XXXI, enero de 2010, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PENSIONES DEL ISSSTELEÓN. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN. Si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, en la que éste actúa con el carácter de autoridad, pues puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado. En este tenor, el acto reclamado consistente en la indebida cuantificación de una pensión a cargo del Instituto pertenece a la materia administrativa, porque no se cuestiona el derecho a obtenerla, ni está en juego su revocación, sino que esa prestación económica se otorga a favor del trabajador o de su derechohabiente y solamente se impugna su determinación líquida por no contener la cantidad correspondiente a los incrementos que le corresponden acorde con la norma aplicable; de ahí que la competencia para conocer del juicio en que se reclama su indebida cuantificación se surte a favor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León". Aunado a lo anterior, en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, el quejoso manifestó lo siguiente:(se transcribe) De lo anterior, se aprecia que el acto reclamado no es de naturaleza laboral, en virtud de que la relación entre las partes es de carácter administrativa, pues éste expresa que ocupaba el cargo de ******; por lo que conforme a lo que dispone el artículo 123, apartado B, fracción XIII, en relación con la fracción VIII, segundo párrafo, del diverso numeral 115, ambos de la Constitución Federal, queda excluido de las relaciones de trabajo o equiparables a la obrero-patronal, dado que el primero de los citados preceptos establece que los miembros de las instituciones policiales, entre otros, se regirán por sus propias leyes; por lo que el presente asunto corresponde a la materia administrativa. Apoya lo expuesto el criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 24/95, visible en la página 43 del tomo II, septiembre de 1995, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII Apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el juez de Distrito". También resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 91/2007, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1178 del tomo XXV, mayo de 2007, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: "SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE SUS CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD. Del proceso legislativo que dio origen al decreto de reformas y adiciones al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República (Diario Oficial de la Federación del 8 de marzo de 1999), se advierte que el Constituyente precisó que los miembros de las instituciones policiales se rigen por sus propias leyes y su relación con el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa. Asimismo, el artículo 116, fracción VI, constitucional, faculta a las Legislaturas Locales para regular las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, pero sobre las bases determinadas en el propio artículo 123 y sus disposiciones reglamentarias. Por su parte, los artículos 42 y 44 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, establecen que entre esa dependencia y sus servidores públicos existe una relación laboral regida por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, de cuyo artículo 113 se desprende que su aplicación corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, infiriéndose que dicho Tribunal, en principio, sería competente para conocer y dirimir las controversias entre los miembros de las instituciones policiales y la dependencia citada. Sin embargo, tales disposiciones no son acordes con los preceptos constitucionales citados, conforme a los cuales esa relación no es de naturaleza laboral sino administrativa y, en consecuencia, sus diferencias deben someterse a la jurisdicción concerniente a esta última materia, por lo que en atención al principio de supremacía establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe prevalecer ésta sobre las disposiciones referidas. En congruencia con lo anterior, si los artículos 118 de la Constitución Política; 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Número 433 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Número 194, todas del Estado de Guerrero, instituyen la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer los procedimientos contenciosos de ese orden, suscitados entre las autoridades y los particulares, por afinidad, en observancia de la garantía prevista en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, relativa a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, ese órgano jurisdiccional debe conocer de los conflictos entre los miembros de una institución policial y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues el vínculo administrativo en aquéllos los asimila a las contiendas en las cuales interviene y en razón de su especialidad, dicha jurisdicción es la más pertinente para conocer y resolver dichas controversias, resultando aplicables por analogía las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicadas con los números 2a./J. 77/2004, 2a./J. 51/2001, 2a./J. 35/99, 2a./J. 82/98, 2a./J. 10/97, 2a./J. 32/96, 2a./J. 23/96, 2a./J. 77/95 y P./J. 24/95". En tal virtud, si de conformidad con el artículo 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados son competentes para conocer de los juicios de amparo directo contra sentencias o resoluciones, cuando éstas sean dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales y según el diverso 38 de la ley en comentario, los tribunales colegiados especializados conocerán de los asuntos que sean materia de su especialidad, es obvio que el supuesto contemplado en el inciso en análisis no se encuentra dentro de los asuntos que este órgano jurisdiccional puede conocer. En virtud de las consideraciones que se expresan, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, tercer párrafo de la Ley de Amparo, este tribunal colegiado se declara legalmente incompetente, por razón de la materia, para conocer del presente recurso de revisión; en consecuencia, se ordena la remisión del asunto con sus anexos, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito a quien por razón de turno corresponda, por conducto de la sección respectiva de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados del mismo Circuito con residencia en esta ciudad, a efecto de que en caso de aceptar la competencia declinada por este tribunal colegiado, se avoque a su conocimiento. Asimismo, en términos del artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en relación con el 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º y 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho electrónico con el uso de la firma electrónica (Firel) del magistrado presidente y de la secretaria de acuerdos, al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (Sise), para que en el auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, por su conducto comisione a quien corresponda, a fin de notificar el presente acuerdo al quejoso ******, en el domicilio indicado en el juicio de amparo, antecedente del presente asunto, ubicado en *****. En el entendido que el documento que se genere con la firma del magistrado presidente y de la secretaria de acuerdos, deberá expedirse la evidencia criptográfica de cada uno, las que se deberán anexar a este expediente y al documento electrónico que se envíe. Realizado lo anterior, se solicita al juzgado de Distrito, remita por vía electrónica a este órgano colegiado (con la firma electrónica del titular y del secretario del órgano jurisdiccional que respalde el documento), las constancias respectivas para acordar lo que en derecho corresponda. Por último, con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes, de estimarlo pertinente, cuando les sea posible, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes para el archivo de este tribunal colegiado.
- Juicio de Amparo Directo
Para los efectos legales correspondientes, agréguese el oficio 253/2021-I que remite el Juez Segundo Oral de lo Mercantil, con residencia en esta ciudad, con el cual acusa recibo del diverso 2119, con el que este tribunal colegiado le informó que se declaró firme el acuerdo que desechó la demanda de amparo y le remitió los autos y demás constancias que sirvieron como antecedente para dictar el fallo respectivo. En consecuencia, previa anotación en el libro de registro correspondiente, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.
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