Beatriz Eugenia Hernández Pérez
Expediente 736/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/09/2023
Partes del expediente
- Beatriz Eugenia Hernández Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso d), de la citada ley reglamentaria, en contra de la determinación emitida el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que la misma ha causado estado. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo relativo a la autoridad responsable, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta sólo podría interponer el recurso de revisión si el sentido del mismo afectara el acto que le fue reclamado, salvo que se trate de amparo contra leyes, lo que no acontece en la especie. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. Como lo dispone los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 20 antes citado. Finalmente, cabe precisar que el citado Acuerdo General establece que en el auto de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio informe justificado firmado por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Matamoros, Tamaulipas; en tal razón, con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda. En otro contexto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de amparo se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente a los actos reclamados por la quejosa Beatriz Eugenia Hernández Pérez, sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la legislación de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I, del artículo 77, de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)" La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado por la impetrante Beatriz Eugenia Hernández Pérez, se hace consistir en la omisión por parte de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de emitir pronunciamiento legal respecto a los medios probatorios ofertados por ésta, en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada en el expediente 25/E06/2021 de su índice. Sin embargo, del comunicado de cuenta suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y de las constancias que en copia certificada se anexaron al mismo, relativas al expediente administrativo laboral 25/E06/2021 de su orden cronológico, se desprende que el dieciocho de agosto del año en curso, se emitió el auto correspondiente a los medios probatorios; cuya omisión de dictar fue la causa de pedir en el presente juicio. Constancias a las que, por ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se les atribuye el valor de prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2°, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, respecto del acto reclamado atribuido a la autoridad señalada como responsable, al haber sobrevenido la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria, y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional que se encuentra programada para las diez horas con treinta y ocho minutos de esta propia fecha. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
II. De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, la resolución dictada el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días para que la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, rinda su informe justificado, pues dicho plazo fue interrumpido con motivo de su periodo vacacional, comprendido del diecisiete al veintiocho del mes y año en curso. Al respecto, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan para su celebración las diez horas con treinta y ocho minutos del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Por contener consideraciones aplicables al caso, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.2º.17K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el mes de julio de 2005, visible en la página 1571, Tomo XXIII, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "VIOLACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO DE AMPARO. LA CONSTITUYE LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE NO DIFERIR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SI EN LA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO POR ENCONTRARSE DE VACACIONES. Del artículo 149 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de cinco días hábiles, los cuales se contarán a partir del momento en que queden legalmente notificadas, lapso que podrá ampliarse hasta por otros cinco si el caso lo amerita. Ahora bien, si durante el transcurso del término a que se refiere el precepto antes citado inicia el periodo vacacional de la autoridad responsable, es evidente que aquél se interrumpe, ya que de lo contrario el informe no se exhibirá con la anticipación requerida por la ley de la materia, esto es, ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que generaría su diferimiento para no afectar la defensa de la parte quejosa, al impedírsele que se imponga de su contenido y, en su caso, se encuentre en posibilidad de aportar las pruebas que estime pertinentes con la finalidad de desvirtuarlo. De donde se sigue que si la autoridad responsable a quien se ha solicitado el informe se encuentra gozando de vacaciones y no obstante ello el a quo celebra la audiencia a que refiere el artículo 155 de la Ley de Amparo, y ante la omisión presume como cierto el acto reclamado y además arroja la carga de la prueba de los hechos que determinan su inconstitucionalidad a la parte quejosa, por no ser el acto de que se duele en sí mismo violatorio de garantías, ello constituye una trasgresión a las normas que rigen el procedimiento de amparo en términos de la fracción IV del artículo 91 de la citada ley. Dicha invocación de criterio no es contraria a derecho ni afecta a las partes, pues, conforme al artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la legislación vigente; pues sólo complementa y abunda sobre el tema abordado en este asunto, por lo que resulta correcta su aplicación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
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