Beatriz Eugenia Guerrero Campos
Expediente 1515/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1515/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Beatriz Eugenia Guerrero Campos
- Beatriz Eugenia Guerrero Campos y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con el que informa que se encuentra en vías de cumplimiento la sentencia dictada en este juicio; el cual se agrega a estos autos únicamente para que obre como legalmente corresponda hasta en tanto obre el cabal cumplimiento de la referida responsable. En consecuencia, , requiérase, a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario Adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciban el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, se sirvan informar a este Juzgado de Distrito sobre el cabal cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo o bien, los actos realizados para ese fin, en el entendido de que los efectos concedidos en el presente juicio de amparo fueron los siguientes: - De conformidad con el numeral 17 Constitucional proceda a dejar sin efectos las horas y fechas señalada para el desahogo de las pruebas de confesión de Ricardo José Mier y Terán Cámara, la prueba testimonial a cargo de Sandra Carolina Pech Segovia, José Carlos Trejo Fonseca y Manuel Antonio Cordero Caamal y la inspección de los contratos individuales de trabajo, en el juicio laboral número 72/2021. - En su lugar, señalar nueva fecha y hora para el desahogo de las pruebas citadas en el juicio referido, debiendo respetar el término de treinta días que establece para ello el artículo 883 fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo aplicable, y realizar todos los actos necesarios para el desahogo de las mismas conforme a derecho; y en caso de que ésta no pudiera celebrarse, deberá señalar una fecha y hora dentro del término antes mencionado. En ese sentido, deberán remitir a este Juzgado Federal las constancias certificadas relativas a todo lo actuado con motivo de dicho ordenamiento, dentro del término legal antes señalado; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo que se le señala, con apoyo en el numeral 193 de la aludida legislación y en la fracción XVI del artículo 107 Constitucional, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la ley reglamentaria vigente en esta fecha, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la Secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las once horas con diez minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1515/2021-VIII, se procede a celebrarla ante la presencia del el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaría da cuenta con el escrito inicial d demanda, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con las demás constancias que obran en autos.Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las pruebas documental, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana que la parte quejosa relaciono con su escrito inicial de demanda y las con las constancias que el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, adjuntó a su informe justificado.El Juez acuerda: con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas por su naturaleza las documentales de referencia. Con lo que se concluye la etapa respectiva.eguidamente, abierto el período de alegatos la secretaría da cuenta con el alegato ministerial número 733/2021 de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. En atención a lo cual el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulado el alegato ministerial de cuenta para todos los efectos legales pertinentes; con lo anterior se cierra el período de alegatos.Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se declara listo para dictar sentencia. Doy fe.Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 1515/2021-VII promovido por Beatriz Eugenia Guerrero Campos y Gabriela Castillo Serrano, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por violación a los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. En demanda de amparo presentada el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado Beatriz Eugenia Guerrero Campos y Gabriela Castillo Serrano solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.Segundo. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual se admitió en proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, mismo que en su oportunidad fue puesto a la vista de las partes, se emplazó a la parte tercero interesada, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o:Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior, porque en el caso se reclaman actos omisivos que carecen de ejecución pero presentado en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en esta entidad y turnado posteriormente a este Juzgado.Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.Resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal.De las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente de la autoridad responsable Junta Especial Número Tresde la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado:La no admisión de la prueba marcada con el número séptimo del escrito de diez de agosto del año en curso, presentada en la audiencia oral de admisión y preparación de pruebas de fecha once de septiembre del dos mil veintiuno, en el juicio reclamatorio laboral 72/2021.Las fechas señaladas por la autoridad para el desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio referido.Tercero. Existencia del acto reclamado. La Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad señalada como responsable, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos que se le reclaman, por lo que se tienen por ciertos. Cuarto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo.En el caso, respecto del acto reclamado consistente en la no admisión de la prueba marcada con el número séptimo del escrito de diez de agosto del año en curso, presentada en la audiencia oral de admisión y preparación de pruebas de fecha once de septiembre del dos mil veintiuno, relativa a un informe del Instituto Mexicano del Seguro Social, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo, que establecen:Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."Artículo 107. El amparo indirecto procede:.V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita, se establece de acuerdo a la posibilidad de promover el amparo indirecto, por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto:JECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.Por tanto, el acto aquí reclamado, no puede ser considerado como de imposible reparación ya que éste se traduce como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado.Razón por la cual de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Amparo, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, para hacer valer las violaciones que se puedan dar dentro del procedimiento respectivo, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso.Por tanto, resulta claro que dicha determinación, atendiendo a la connotación que respecto a este tipos de actos establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe ser considerada como un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, en virtud que no afectan materialmente algún derecho sustantivo, ya que a través del acto reclamado no se plantea la infracción de esos derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con la resolución reclamada, máxime que de no ser así las violaciones que alega pueden hacerse valer en el amparo directo que en contra de la resolución definitiva se promueva, como lo señala el artículo 171 de la Ley de amparo, al constituirse una violación procesal a la prevista en la fracción III del artículo 172 de la citada Ley.En otras palabras, el efecto que produce el acto combatido, se actualizaría al dictarse el laudo, toda vez que hasta antes de ese momento no se podrá apreciar si con motivo del acto reclamado, se vulneraron las defensas de la parte quejosa y, por tal motivo, se incurrió en una violación procesal que trascienda al resultado del laudo, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación conforme lo establece la fracción V del artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales.En ese sentido, es evidente que este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se ha actualizado una causa notoria y manifiesta de improcedencia pues dicho acto reclamado, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, por lo que cuando el acuerdo emitido en la audiencia reclamada, en la secuela de un juicio laboral únicamente afecta partes substanciales de ese procedimiento, ocasionando una violación a las leyes que lo rigen, la vía idónea para combatir tal violación lo es el amparo directo que se promueva contra el laudo dictado en aquél, pues a través de esa resolución que se emita en el juicio de origen previamente agotando los medios de defensa, se actualizará la citada violación procesal.En consecuencia, respecto del referido acto, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia aplicable. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. No advirtiéndose diversa causa de improcedencia, por lo que respecta al acto reclamado consistente en las fechas señaladas por la autoridad para el desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio reclamatorio laboral 72/2021 a continuación se pasa al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones, lo que se efectúa con apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El concepto de violación aducido por la parte quejosa es fundado en suplencia de la queja en base al artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo, por tratarse de la parte trabajadora en el juicio laboral de origen, ya que en el caso a estudio se contraviene el derecho humano de acceso efectivo a la justicia, prevista en el artículo 17 constitucional.El mencionado precepto establece: "ARTÍCULO 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales."El derecho humano contenido en el artículo transcrito dispone que los tribunales jurisdiccionales impartirán justicia en forma expedita y gratuita; de tal forma que entre los diversos derechos fundamentales que se tutelan en ese numeral, está el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia; empero, para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que tal acceso debe hacerse efectivo en la medida en que pueda obtenerse una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley, se resuelva si le asiste o no razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado.Por tal motivo, la impartición de justicia y, por ende, su efectivo acceso por el quejoso, se debe sujetar a los plazos y términos que fije en la Ley Federal del Trabajo.La norma constitucional en análisis pertenece al tipo de las garantías de seguridad jurídica que, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita.Estos cuatro atributos de la garantía concerniente a la administración de justicia, han sido explicitados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, en la tesis 2ª. L/2002, visible en la página 299, del tomo XV, del mes de mayo 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y tenor siguiente: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales."Del texto constitucional, se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral. Una de las características esenciales del juicio ordinario laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la cual se van desarrollando cada una de sus etapas, en las cuales algunos de los actos se desenvuelven en forma inmediata, lo que no deja lugar a dudas de la expedites en la tramitació y resolución de los juicios laborales.Lo anterior se desprende de los artículos 685, 873 y 878 fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo aplicable en el juicio de origen, disponen:"Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley" "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo a"Artículo 878. La etapa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a lasnormas siguientes: (....) VIII. Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción turnándose los autos a resolución.(Énfasis añadido). "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días.(Énfasis añadido). Lo anteriormente transcrito, establece la obligación de la junta responsable de ajustar su actuación para tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, esto es, que dentro del juicio laboral de origen se respeten los términos que señala la Ley Federal del Trabajo.Esto se traduce en que las Juntas dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda.Asimismo, el ordenamiento aplicable establece que al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes.De igual manera señala que en el acuerdo en que admita las pruebas, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes y cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, sin embargo dicho periodo no deberá exceder de treinta díasEn el caso, se advierte que la autoridad responsable, el día once de agosto de dos mil veintiuno, celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas y señaló como fechas y horas para el desahogo de las pruebas de confesión de Ricardo José Mier y Terán Cámara, la prueba testimonial a cargo de Sandra Carolina Pech Segovia, José Carlos Trejo Fonseca y Manuel Antonio Cordero Caamal y la inspección de los contratos individuales de trabajo, el veinticuatro de enero, veintiuno de febrero y trece de enero de dos mil veintidós, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos, ocho horas con treinta minutos y diez horas respectivamente, lo cual contraviene el artículo 883, de la Ley Federal del Trabajo aplicable, pues dicha fecha rebasa el plazo de treinta días establecido en dicho numeral. De ahí, es evidente que la autoridad laboral ha tramitado el juicio laboral de origen fuera de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal de Trabajo. Por ello debe estimarse que existe contra la parte quejosa, violación al derecho humano de impartición de justicia pronta y expedita, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, porque la autoridad responsable no lleva a cabo el procedimiento dentro de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, tomando en cuenta que la violación al derecho de la parte quejosa se manifestó con el actuar de la Junta responsable al no desarrollar el juicio laboral dentro de los términos y plazos previstos legalmente, sino con dilación o demora, en razón de que fijó una fecha fuera del plazo previsto en el artículo 878 fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo aplicable, es por ello que se considera transgredido el referido artículo 17 Constitucional.En las circunstancias relatadas, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a Beatriz Eugenia Guerrero Campos y Gabriela Castillo Serrano, a fin de restituirlo en el goce de su derecho que le fue violado.Sexto. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. El artículo 77 de la ley de la materia, establece que cuando el acto reclamado implique una omisión, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.Considerando que el acto reclamado deriva de un procedimiento ordinario laboral, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, deberá realizar lo siguiente:- De conformidad con el numeral 17 Constitucional proceda a dejar sin efectos las horas y fechas señalada para el desahogo de las pruebas de confesión de Ricardo José Mier y Terán Cámara, la prueba testimonial a cargo de Sandra Carolina Pech Segovia, José Carlos Trejo Fonseca y Manuel Antonio Cordero Caamal y la inspección de los contratos individuales de trabajo, en el juicio laboral número 72/2021. - En su lugar, señalar nueva fecha y hora para el desahogo de las pruebas citadas en el juicio referido, debiendo respetar el término de treinta días que establece para ello el artículo 883 fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo aplicable, y realizar todos los actos necesarios para el desahogo de las mismas conforme a derecho; y en caso de que ésta no pudiera celebrarse, deberá señalar una fecha y hora dentro del término antes mencionado.Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicaciónlos datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas.Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e : Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Beatriz Eugenia Guerrero Campos y Gabriela Castillo Serrano, contra del acto que reclama de la autoridad señalada como responsable en este asunto, consistente en la no admisión de la prueba marcada con el número séptimo del escrito de diez de agosto del año en curso, presentada en la audiencia oral de admisión y preparación de pruebas de fecha once de septiembre del dos mil veintiuno, por las razones expuestas en considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Beatriz Eugenia Guerrero Campos y Gabriela Castillo Serrano, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por los razonamientos y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia.Tercero. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas.Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que inmediatamente antecede y toda vez que aún está transcurriendo el término otorgado a las partes en proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo; se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija para su celebración las once horas con diez minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables dado que el auto que se dicta no tiene trascendencia para éstas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por Beatriz Eugenia Guerrero Campos y Gabriela Castillo Serrano parte quejosa en el presente asunto, el cual fue presentada con tres copias y sin anexos, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I°, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda; en consecuencia, se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. No se tramita el incidente de suspensión por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa y no encontrarse en los supuestos que prevé el artículo 127 de la ley de amparo aplicable, para su apertura de oficio. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda de amparo, pídase el informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita; asimismo, en el término señalado, deberá acompañar la totalidad de las constancias que estime pertinente, para apoyar su informe, o las que sean necesarias para probar las manifestaciones que se viertan en el mismo; apercibida que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la citada ley, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. En atención a las medidas de contingencia, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que podrá hacer llegar a este Juzgado el informe justificado requerido o cualquier otro documento relacionado con este juicio, enviándolos al correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional que es el siguiente 1jdo14cto@correo.cjf.gob.mx . Se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del trece de octubre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Lo anterior, en el entendido de que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Con fundamento en los artículos 5, fracción III, inciso b), 26, fracción I, inciso b), 27, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado en este asunto a Rentas Peninsulares del Sureste. En atención a lo anterior, se comisiona al actuario adscrito a este Juzgado con el fin de que se constituya en el predio marcado con el número doscientos veinticuatro, oficina dos A planta alta, de la calle treinta y uno, por veinticuatro y veintiséis de la colonia Miguel Aleman, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, y previo cercioramiento del mismo, emplace a juicio a la tercera interesada Rentas Peninsulares del Sureste, con entrega de copia autorizada del presente acuerdo, del escrito aclaratorio y de la demanda de amparo, previniéndola para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndola que de no hacerlo dentro del término que para tal efecto se le señala, todas las demás notificaciones incluso las de carácter personal, se le harán por medio de lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29 del invocado ordenamiento legal; sin necesidad de que medie posterior acuerdo y hasta en tanto subsane su omisión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas la prueba instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin perjuicio de en su caso relacionarlas en la audiencia constitucional relativa. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo Asimismo, con apoyo en el numeral 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que informe a este Juzgado si tiene conocimiento que la parte quejosa ha promovido otra demanda de amparo contra los actos que reclama en este juicio. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo se previene a las partes de este juicio de amparo a efecto de que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia, lo hagan del conocimiento de este Órgano de Control Constitucional y de ser posible exhiban las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que no acatar lo anterior, con fundamento en el artículo 251 del invocado ordenamiento legal, se les impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Con copia de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio y del presente acuerdo, con las correspondientes evidencias criptográficas, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 110 de la Ley de Amparo; lo anterior a través del correo institucional (rossana.rosas971@gmail.com) para su conocimiento y efectos legales conducentes. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese, personalmente a la parte tercero interesada y por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho por licencia médica del Titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
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