Beatriz Eugenia Benavente Rodriguez

Expediente 32/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
32/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
01/02/2019

Partes del expediente

  • Beatriz Eugenia Benavente Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el primer párrafo del artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto dictado en este asunto el día dieciséis de enero de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de garantías por notoria improcedencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención, por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo por notoria improcedencia, el cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Ahora bien, y toda vez que la parte quejosa anexo documento(s) en su escrito de demanda que por sus características deben ser devueltos (foja 8); en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal(es) documento(s), previa copia certificada que a su costa se deje en autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los presentes autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicho(s) documento(s) podrá(n) ser destruido(s) junto con el expediente. Finalmente, y atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el primer párrafo del artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto dictado en este asunto el día dieciséis de enero de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de garantías por notoria improcedencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención, por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo por notoria improcedencia, el cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Ahora bien, y toda vez que la parte quejosa anexo documento(s) en su escrito de demanda que por sus características deben ser devueltos (foja 8); en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal(es) documento(s), previa copia certificada que a su costa se deje en autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los presentes autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicho(s) documento(s) podrá(n) ser destruido(s) junto con el expediente. Finalmente, y atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda signada por ***, por su propio derecho y en su carácter de Diputada integrante de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, contra una omisión de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de San Luis Potosí, por violación que estima en su perjuicio del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 32/2019-I, y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es necesario precisar el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Ello mediante el análisis integral de la demanda de amparo a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Igualmente debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que la quejosa les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, tomo VI, Apéndice 2000, página 11, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y anexo que se acompaña a la misma, se advierte que la quejosa Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez comparece a reclamar en la presente instancia constitucional: - La omisión en que incurre la autoridad responsable Oficialía Mayor del Congreso del Estado de San Luis Potosí, al no dar respuesta a la solicitud que le formuló mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil dieciocho, en su carácter de Diputada integrante de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, como se desprende de la referida solicitud que se anexó al ocurso inicial de demanda, en la que obra el respectivo sello de recibido por parte de la responsable, y que fue signada precisamente por la quejosa con dicho carácter de Diputada. Ahora bien, el suscrito considera que con relación a la referida omisión reclamada se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En ese sentido, el artículo 1°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese tenor, el precepto 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, señala quién o quiénes pueden ostentar la calidad de autoridades responsables en el juicio de control constitucional, siendo aquella la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En ese contexto la omisión reclamada del Oficialía Mayor del Congreso del Estado de dar contestación a la solicitud formulada por la quejosa, no configura un acto de autoridad para efectos del juicio amparo. En efecto, pues como se ha visto, para ello es indispensable que se actualice una relación de supra a subordinación y que ésta tenga su nacimiento en la ley, de manera tal que con motivo de ella cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas y tratándose de omisiones que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Sin embargo, en el caso no se da esa relación de supra subordinación ya que el Oficial Mayor del Congreso del Estado de San Luis Potosí, como integrante de éste (el Congreso de referencia) se encuentra en una relación de supraordinación con respecto a lo solicitado por la promovente del amparo. A efecto de evidenciar lo anterior, resulta pertinente destacar el contenido de los artículos 40 y 42 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, los cuales señalan lo siguiente: "Articulo 40. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea de Diputados, que se denomina Congreso del Estado, la cual se elegirá cada tres años." "Artículo 42.- El Congreso del Estado se integra con quince Diputados electos por mayoría relativa y hasta doce Diputados electos según el principio de representación proporcional. Por cada Diputado propietario se elegirá un suplente." De conformidad con los dispositivos en cita, el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea de Diputados, que se denomina Congreso del Estado, el cual se integra con quince Diputados electos por mayoría relativa y hasta doce Diputados electos según el principio de representación proporcional. Por su parte los artículos 4°, 61 y 126, este último en su primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, establecen lo siguiente: "Artículo 4º. El Congreso del Estado se conforma con el número de diputados de mayoría relativa y representación proporcional que determina la Constitución Política del Estado. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente." "Artículo 61. Para la realización de sus atribuciones, el Congreso del Estado contará con los siguientes órganos: [.] IV. De Soporte Técnico, y de Control: a) Oficialía Mayor, con las siguientes áreas: 1.- Coordinación de Finanzas. 2.- Coordinación de Servicios Internos. 3.- Coordinación de Informática. 4.- Oficialía de Partes. 5.- Archivo Administrativo e Histórico del Congreso" "Artículo 126. Los órganos técnicos y de apoyo tienen la finalidad de apoyar, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a sus propias atribuciones y personal adscrito, a los órganos de decisión, de dirección y de trabajo parlamentario del Congreso, en el cumplimiento de sus atribuciones. [.]." De los anteriores preceptos legales, se desprende que el Congreso del Estado se conforma con el número de diputados que determina la Constitución Política del Estado; además, para la realización de sus atribuciones, dicho Congreso contará, entre otros, con la Oficialía Mayor como órgano de Soporte Técnico, y de Control, cuya finalidad consiste en apoyar, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a sus propias atribuciones y personal adscrito, a los órganos de decisión, de dirección y de trabajo parlamentario del Congreso, en el cumplimiento de sus atribuciones. Al respecto en el presente caso, es de destacarse que a través de la petición cuya omisión en dar respuesta reclama la quejosa en esta instancia constitucional -cuya copia adjuntó a su escrito de demanda-, se advierte que solicitó al Oficial Mayor del Congreso del Estado, le hiciera "llegar copia de informe presentado a la Junta, en términos de la obligación contenida en la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de San Luis Potosí". Dicha solicitud la realizó en su carácter de Diputada, pues al calce del mismo, se aprecia que firmó dicha comunicación de la siguiente manera: "DIP. BEATRIZ EUGENIA BENAVENTE RODRÍGUEZ". Además de dicha documental se advierte que se trata de una comunicación emitida por una autoridad, pues en la misma obra impreso el Escudo Nacional, el cual de conformidad con el artículo 6° de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, únicamente puede ser utilizado de manera oficial sin autorización de la Secretaría de Gobernación, por las propias autoridades. Más aún es de señalarse que en la parte superior de la misma obra la leyenda "2018, Año de Manuel José Othón", ello de conformidad con el Decreto que declara a 2018 "Año de Manuel José Othón" aprobado en sesión ordinaria 85, Primer Periodo, Tercer año de ejercicio legal, Sexagésima Primera Legislatura de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, que dice: "ÚNICO. La LXI Legislatura el Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, declara el 2018, "Año de Manuel José Othón"; añádase dicha leyenda a la papelería y documentación oficial del Estado durante dicha anualidad." Al respecto, adquiere aplicación, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 157, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ÓRGANOS DEL ESTADO. AL REALIZAR EL ESTUDIO OFICIOSO SOBRE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES Y LA LEGITIMACIÓN DE LAS PARTES EN UN JUICIO, EL JUZGADOR DEBE DEFINIR SI AQUÉLLOS ACTÚAN CON EL CARÁCTER DE PERSONAS DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO. Este alto tribunal ha distinguido entre los actos que realizan los órganos del Estado en un nivel de supraordinación como entidad soberana, de los que efectúan como entidad jurídica en un nivel de coordinación con los particulares, sin atributos de autoridad y atendiendo a los derechos que deriven de relaciones de naturaleza civil; además, ha señalado que la afectación a los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales normalmente proviene de aquellos actos que realiza en su calidad de entidad jurídica, esto es, en un nivel de coordinación con los particulares. En ese sentido, no puede sostenerse que en un mismo asunto, una de las partes, al ser un órgano del Estado, tenga el carácter de persona de derecho público por lo que hace a sus excepciones y defensas, y el de persona de derecho privado, en relación con las acciones que se ejercen en su contra, pues ello sería contradictorio y constituiría un trato desigual para con dicho órgano, pues, por un lado, se considerarían procedentes las acciones en su contra y, por otro, no se le permitiría defenderse de las acciones de su contraparte que le sean opuestas y se consideren procedentes. De ahí que el juzgador debe definir previamente, al hacer el estudio oficioso sobre los presupuestos procesales y la legitimación de las partes en un juicio, si le atribuye el carácter de persona de derecho público o de derecho privado en la controversia, dándole el mismo tratamiento para todos los aspectos del juicio correspondiente, pues, de lo contrario, se vulnerarían en su perjuicio los derechos de legalidad, seguridad jurídica e imparcialidad reconocidos en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al limitar su posibilidad de defensa y ocasionarle incertidumbre respecto de los presupuestos procesales aplicables." Asimismo, adquiere aplicación la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, localizable con el número III.2o.A.2 K, en la página 499, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "PETICIÓN ENTRE SERVIDORES PUBLICOS CON MOTIVO DE LAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo preceptuado por los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 1o., fracción I y 11, éstos a contrario sensu, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente respecto de instancias formuladas por trabajadores al servicio del Estado por falta de respuesta a sus solicitudes presentadas ante superiores jerárquicos con motivo de las funciones inherentes a sus respectivos cargos, puesto que tales funcionarios, en esa hipótesis, no revisten el carácter de autoridades para los efectos del amparo, sino que, en todo caso, se equiparan a particulares." En consecuencia, como la falta de contestación a una solicitud que la quejosa formuló en su carácter de Diputada integrante de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, -mediante una comunicación oficial- según las características del papel membretado en que se contiene y ya ha quedado de relieve, a diverso titular de un órgano interno del propio Congreso, incluso al margen de que en aquél haya invocado el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que no puede ser considerado como una omisión de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Luego entonces, resulta notoriamente improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Cabe precisar que no es obstáculo a lo anterior la tesis de jurisprudencia publicada bajo el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", ya que fue materia de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, merced a la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclaró el rubro de dicha jurisprudencia limitándola a los asuntos en que se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, quedando con el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Como lo solicita, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el que señala y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Juan Rivera Morales, quien tiene su cédula profesional número 8593199, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: "San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda signada por ***, por su propio derecho y en su carácter de Diputada integrante de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, contra una omisión de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de San Luis Potosí, por violación que estima en su perjuicio del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 32/2019-I, y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es necesario precisar el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Ello mediante el análisis integral de la demanda de amparo a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Igualmente debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que la quejosa les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, tomo VI, Apéndice 2000, página 11, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y anexo que se acompaña a la misma, se advierte que la quejosa Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez comparece a reclamar en la presente instancia constitucional: - La omisión en que incurre la autoridad responsable Oficialía Mayor del Congreso del Estado de San Luis Potosí, al no dar respuesta a la solicitud que le formuló mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil dieciocho, en su carácter de Diputada integrante de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, como se desprende de la referida solicitud que se anexó al ocurso inicial de demanda, en la que obra el respectivo sello de recibido por parte de la responsable, y que fue signada precisamente por la quejosa con dicho carácter de Diputada. Ahora bien, el suscrito considera que con relación a la referida omisión reclamada se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En ese sentido, el artículo 1°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese tenor, el precepto 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, señala quién o quiénes pueden ostentar la calidad de autoridades responsables en el juicio de control constitucional, siendo aquella la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En ese contexto la omisión reclamada del Oficialía Mayor del Congreso del Estado de dar contestación a la solicitud formulada por la quejosa, no configura un acto de autoridad para efectos del juicio amparo. En efecto, pues como se ha visto, para ello es indispensable que se actualice una relación de supra a subordinación y que ésta tenga su nacimiento en la ley, de manera tal que con motivo de ella cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas y tratándose de omisiones que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Sin embargo, en el caso no se da esa relación de supra subordinación ya que el Oficial Mayor del Congreso del Estado de San Luis Potosí, como integrante de éste (el Congreso de referencia) se encuentra en una relación de supraordinación con respecto a lo solicitado por la promovente del amparo. A efecto de evidenciar lo anterior, resulta pertinente destacar el contenido de los artículos 40 y 42 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, los cuales señalan lo siguiente: "Articulo 40. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea de Diputados, que se denomina Congreso del Estado, la cual se elegirá cada tres años." "Artículo 42.- El Congreso del Estado se integra con quince Diputados electos por mayoría relativa y hasta doce Diputados electos según el principio de representación proporcional. Por cada Diputado propietario se elegirá un suplente." De conformidad con los dispositivos en cita, el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea de Diputados, que se denomina Congreso del Estado, el cual se integra con quince Diputados electos por mayoría relativa y hasta doce Diputados electos según el principio de representación proporcional. Por su parte los artículos 4°, 61 y 126, este último en su primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, establecen lo siguiente: "Artículo 4º. El Congreso del Estado se conforma con el número de diputados de mayoría relativa y representación proporcional que determina la Constitución Política del Estado. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente." "Artículo 61. Para la realización de sus atribuciones, el Congreso del Estado contará con los siguientes órganos: [.] IV. De Soporte Técnico, y de Control: a) Oficialía Mayor, con las siguientes áreas: 1.- Coordinación de Finanzas. 2.- Coordinación de Servicios Internos. 3.- Coordinación de Informática. 4.- Oficialía de Partes. 5.- Archivo Administrativo e Histórico del Congreso" "Artículo 126. Los órganos técnicos y de apoyo tienen la finalidad de apoyar, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a sus propias atribuciones y personal adscrito, a los órganos de decisión, de dirección y de trabajo parlamentario del Congreso, en el cumplimiento de sus atribuciones. [.]." De los anteriores preceptos legales, se desprende que el Congreso del Estado se conforma con el número de diputados que determina la Constitución Política del Estado; además, para la realización de sus atribuciones, dicho Congreso contará, entre otros, con la Oficialía Mayor como órgano de Soporte Técnico, y de Control, cuya finalidad consiste en apoyar, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a sus propias atribuciones y personal adscrito, a los órganos de decisión, de dirección y de trabajo parlamentario del Congreso, en el cumplimiento de sus atribuciones. Al respecto en el presente caso, es de destacarse que a través de la petición cuya omisión en dar respuesta reclama la quejosa en esta instancia constitucional -cuya copia adjuntó a su escrito de demanda-, se advierte que solicitó al Oficial Mayor del Congreso del Estado, le hiciera "llegar copia de informe presentado a la Junta, en términos de la obligación contenida en la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de San Luis Potosí". Dicha solicitud la realizó en su carácter de Diputada, pues al calce del mismo, se aprecia que firmó dicha comunicación de la siguiente manera: "DIP. BEATRIZ EUGENIA BENAVENTE RODRÍGUEZ". Además de dicha documental se advierte que se trata de una comunicación emitida por una autoridad, pues en la misma obra impreso el Escudo Nacional, el cual de conformidad con el artículo 6° de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, únicamente puede ser utilizado de manera oficial sin autorización de la Secretaría de Gobernación, por las propias autoridades. Más aún es de señalarse que en la parte superior de la misma obra la leyenda "2018, Año de Manuel José Othón", ello de conformidad con el Decreto que declara a 2018 "Año de Manuel José Othón" aprobado en sesión ordinaria 85, Primer Periodo, Tercer año de ejercicio legal, Sexagésima Primera Legislatura de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, que dice: "ÚNICO. La LXI Legislatura el Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, declara el 2018, "Año de Manuel José Othón"; añádase dicha leyenda a la papelería y documentación oficial del Estado durante dicha anualidad." Al respecto, adquiere aplicación, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 157, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ÓRGANOS DEL ESTADO. AL REALIZAR EL ESTUDIO OFICIOSO SOBRE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES Y LA LEGITIMACIÓN DE LAS PARTES EN UN JUICIO, EL JUZGADOR DEBE DEFINIR SI AQUÉLLOS ACTÚAN CON EL CARÁCTER DE PERSONAS DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO. Este alto tribunal ha distinguido entre los actos que realizan los órganos del Estado en un nivel de supraordinación como entidad soberana, de los que efectúan como entidad jurídica en un nivel de coordinación con los particulares, sin atributos de autoridad y atendiendo a los derechos que deriven de relaciones de naturaleza civil; además, ha señalado que la afectación a los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales normalmente proviene de aquellos actos que realiza en su calidad de entidad jurídica, esto es, en un nivel de coordinación con los particulares. En ese sentido, no puede sostenerse que en un mismo asunto, una de las partes, al ser un órgano del Estado, tenga el carácter de persona de derecho público por lo que hace a sus excepciones y defensas, y el de persona de derecho privado, en relación con las acciones que se ejercen en su contra, pues ello sería contradictorio y constituiría un trato desigual para con dicho órgano, pues, por un lado, se considerarían procedentes las acciones en su contra y, por otro, no se le permitiría defenderse de las acciones de su contraparte que le sean opuestas y se consideren procedentes. De ahí que el juzgador debe definir previamente, al hacer el estudio oficioso sobre los presupuestos procesales y la legitimación de las partes en un juicio, si le atribuye el carácter de persona de derecho público o de derecho privado en la controversia, dándole el mismo tratamiento para todos los aspectos del juicio correspondiente, pues, de lo contrario, se vulnerarían en su perjuicio los derechos de legalidad, seguridad jurídica e imparcialidad reconocidos en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al limitar su posibilidad de defensa y ocasionarle incertidumbre respecto de los presupuestos procesales aplicables." Asimismo, adquiere aplicación la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, localizable con el número III.2o.A.2 K, en la página 499, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "PETICIÓN ENTRE SERVIDORES PUBLICOS CON MOTIVO DE LAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo preceptuado por los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 1o., fracción I y 11, éstos a contrario sensu, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente respecto de instancias formuladas por trabajadores al servicio del Estado por falta de respuesta a sus solicitudes presentadas ante superiores jerárquicos con motivo de las funciones inherentes a sus respectivos cargos, puesto que tales funcionarios, en esa hipótesis, no revisten el carácter de autoridades para los efectos del amparo, sino que, en todo caso, se equiparan a particulares." En consecuencia, como la falta de contestación a una solicitud que la quejosa formuló en su carácter de Diputada integrante de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, -mediante una comunicación oficial- según las características del papel membretado en que se contiene y ya ha quedado de relieve, a diverso titular de un órgano interno del propio Congreso, incluso al margen de que en aquél haya invocado el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que no puede ser considerado como una omisión de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Luego entonces, resulta notoriamente improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Cabe precisar que no es obstáculo a lo anterior la tesis de jurisprudencia publicada bajo el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", ya que fue materia de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, merced a la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclaró el rubro de dicha jurisprudencia limitándola a los asuntos en que se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, quedando con el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Como lo solicita, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el que señala y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Juan Rivera Morales, quien tiene su cédula profesional número 8593199, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa".

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