Beatríz Eugenia Álvarez Rodríguez

Expediente 1689/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1689/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Beatríz Eugenia Álvarez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(I)

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, contra actos del Presidente de la Junta número 24 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y otra autoridad; fórmese el expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de gobierno respectivo con el consecutivo 1689/2019-I. -Análisis integral de la demanda- La parte quejosa reclama: (.) La dilación de la junta responsable de acordar lo conducente respecto de la solicitud de dictar auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por el cumplimiento del Laudo de fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, solicitud que fue presentada desde el ocho de noviembre del año en curso sin que a la fecha se haya pronunciado la responsable (.). Por otra parte, en el capítulo de antecedentes de su escrito de demanda, en el punto 8, señala: (.) Después de toda la secuela legal, el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, solicité a la Junta Especial Número 24 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dictar auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el cumplimiento del Laudo de fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, promoción que hasta el día de hoy no se ha acordado conforme a derecho y en los términos del artículo 17 Constitucional con relación al artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo (.). - Desechamiento por notoria improcedencia- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará la demanda de amparo, y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". En ese sentido, una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción I de la Ley de Amparo, así como con el artículo 17, párrafo segundo constitucional, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 17.- (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán para impartirla en los plazos y términos que fijen expeditos las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." De la interpretación armónica de los citados artículos, debe precisarse que el primero refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el segundo de dichos numerales precisa que tiene el carácter de quejoso en el juicio de amparo, quien alegue que la omisión reclamada viola los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Finalmente, el artículo 17 constitucional, segundo párrafo, dispone la garantía a la tutela jurisdiccional, entendida como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Sobre esto último es aplicable la jurisprudencia 42/2007 de la Primera Sala del Alto Tribunal, visible con el registro digital 172759, en la página 124 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007, del siguiente tenor literal: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." De esta guisa, la Sala en mención también ha reconocido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa a la quejosa ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 8/2015, con registro IUS 2008883, publicada en la página 478 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." En el caso que nos ocupa, la quejosa esencialmente reclama una afectación cometida en un procedimiento jurisdiccional consistente en la dilación de la junta responsable de acordar lo conducente respecto de la solicitud de dictar auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma respecto del Laudo de siete de mayo de dos mil diecinueve y notificarla a las partes. Ahora, aun cuando alega violaciones al artículo 17 de la Constitución Federal, resulta inconcuso que la omisión que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo; es decir, la falta de acuerdo al escrito en que solicita la ejecución del laudo en el juicio promovido en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, aunque la omisión pudiera eventualmente parecer que es contraria a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, porque el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, dispone como regla general, en lo que interesa, que las resoluciones se dictarán por el Tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquéllas en la que reciba promociones por escrito; lo cierto es que para efectos exclusivos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, respecto a la omisión de la junta laboral de acordar dichas promociones, es necesario, por tratarse de violaciones de naturaleza adjetiva, que la citada autoridad incurra en una abierta dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento de origen, lo que podrá advertirse [acorde con la doctrina jurisprudencial que enseguida se indicará] cuando hayan transcurrido mínimamente cuarenta y cinco días naturales siguientes al en que debieron emitirse conforme a la ley laboral respectiva, en el caso, acorde con el citado precepto 838 de la ley laboral. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto, en la Jurisprudencia 2ª./J. 48/2016 (10ª), donde sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Jurisprudencia la anterior, que es visible con el registro 2011580, en la página 1086 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, mayo de 2016, Tomo II, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Luego, la propia Segunda Sala, ha reconocido la dificultad para establecer un lapso genérico de la duración de la demora que pueda ser considerado de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no, una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el amparo indirecto. De igual suerte, ha señalado que la interpretación del artículo 8o. de la Constitución Federal, sobre la falta de respuesta a una petición que llega a un extremo de cuatro meses, no significa que la autoridad cuente con ese periodo para responder, sino exclusivamente que ese lapso hace indiscutible la infracción al derecho fundamental de obtener una respuesta en breve término. Consecuentemente, la Segunda Sala ha resuelto que, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, se determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. En consecuencia, el plazo mencionado, determina un periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento; pues constituye un criterio -por lo que hace a la materia laboral- que proporciona un estándar mínimo objetivo que ofrece seguridad jurídica a las partes en el juicio. Es aplicable a esta consideración, por las razones que la informan, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo el rubro y contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Así las cosas, si lo reclamado por la quejosa es la omisión de la junta laboral de acordar el escrito que presentó el ocho de noviembre del año en curso, mediante el que le solicitó se requiriera a la demandada en el juicio, Instituto Mexicano del Seguro Social, por el cumplimiento del laudo condenatorio, acorde con el citado artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, tal promoción debió acordarse a más tardar el doce de noviembre [dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles siguientes -conforme al diverso artículo 715 de la misma ley-] y a partir de esa fecha deben contarse los cuarenta y cinco días naturales a que se refiere la jurisprudencia obligatoria, a efecto de identificar si existe una dilación excesiva del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto; lo que en el particular acontecerá el veintisiete de diciembre del año dos mil diecinueve. En consecuencia, aun cuando el escrito cuya omisión reclama la quejosa lo ingresó el ocho de noviembre de dos mil diecinueve; sin embargo, la falta de acuerdo no puede estimarse -bajo el estándar mínimo objetivo diseñado por la jurisprudencia- como una omisión que se traduzca en una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, generadora del agravio real y actual que permita acudir a esta vía de impugnación, pues conforme al parámetro diseñado, la responsable aún no ha incurrido en una dilación excesiva que haga procedente el juicio de amparo. Por consiguiente, se desecha de plano la demanda. -Domicilio- Por otra parte, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones, el que precisa en su demanda de amparo. -Autorizados- Téngase como autorizados en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a Juan Carlos Arredondo Hernández, Laura Elizabeth Morales Esparza y Diana Noemí Serna Rodríguez, por tratarse el presente asunto de materia laboral. -Habilitación de días y horas inhábiles- Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, ante el secretario Juventino Lamas Guzmán, quien autoriza y da fe, dentro del juicio de amparo 1689/2019-I. Juez Secretario ELSA Juez Secretario ELSA

  3. Principal

    Se notifica por lista a la quejosa auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve...Vista la demanda de amparo promovida por -Análisis integral de la demanda- La parte quejosa reclama: (.) La dilación de la junta responsable de acordar lo conducente respecto de la solicitud de dictar auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por el cumplimiento del Laudo de fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, solicitud que fue presentada desde el ocho de noviembre del año en curso sin que a la fecha se haya pronunciado la responsable (.). Por otra parte, en el capítulo de antecedentes de su escrito de demanda, en el punto 8, señala: (.) Después de toda la secuela legal, el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, solicité a la Junta Especial Número 24 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dictar auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el cumplimiento del Laudo de fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, promoción que hasta el día de hoy no se ha acordado conforme a derecho y en los términos del artículo 17 Constitucional con relación al artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo (.). - Desechamiento por notoria improcedencia- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará la demanda de amparo, y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En ese sentido, una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción I de la Ley de Amparo, así como con el artículo 17, párrafo segundo constitucional, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 17.- (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán para impartirla en los plazos y términos que fijen expeditos las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." De la interpretación armónica de los citados artículos, debe precisarse que el primero refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el segundo de dichos numerales precisa que tiene el carácter de quejoso en el juicio de amparo, quien alegue que la omisión reclamada viola los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Finalmente, el artículo 17 constitucional, segundo párrafo, dispone la garantía a la tutela jurisdiccional, entendida como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Sobre esto último es aplicable la jurisprudencia 42/2007 de la Primera Sala del Alto Tribunal, visible con el registro digital 172759, en la página 124 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007, del siguiente tenor literal: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. De esta guisa, la Sala en mención también ha reconocido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa a la quejosa ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 8/2015, con registro IUS 2008883, publicada en la página 478 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). En el caso que nos ocupa, la quejosa esencialmente reclama una afectación cometida en un procedimiento jurisdiccional consistente en la dilación de la junta responsable de acordar lo conducente respecto de la solicitud de dictar auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma respecto del Laudo de siete de mayo de dos mil diecinueve y notificarla a las partes. Ahora, aun cuando alega violaciones al artículo 17 de la Constitución Federal, resulta inconcuso que la omisión que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo; es decir, la falta de acuerdo al escrito en que solicita la ejecución del laudo en el juicio promovido en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, aunque la omisión pudiera eventualmente parecer que es contraria a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, porque el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, dispone como regla general, en lo que interesa, que las resoluciones se dictarán por el Tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquéllas en la que reciba promociones por escrito; lo cierto es que para efectos exclusivos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, respecto a la omisión de la junta laboral de acordar dichas promociones, es necesario, por tratarse de violaciones de naturaleza adjetiva, que la citada autoridad incurra en una abierta dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento de origen, lo que podrá advertirse [acorde con la doctrina jurisprudencial que enseguida se indicará] cuando hayan transcurrido mínimamente cuarenta y cinco días naturales siguientes al en que debieron emitirse conforme a la ley laboral respectiva, en el caso, acorde con el citado precepto 838 de la ley laboral. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto, en la Jurisprudencia 2ª./J. 48/2016 (10ª), donde sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Jurisprudencia la anterior, que es visible con el registro 2011580, en la página 1086 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, mayo de 2016, Tomo II, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. Luego, la propia Segunda Sala, ha reconocido la dificultad para establecer un lapso genérico de la duración de la demora que pueda ser considerado de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no, una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el amparo indirecto. De igual suerte, ha señalado que la interpretación del artículo 8o. de la Constitución Federal, sobre la falta de respuesta a una petición que llega a un extremo de cuatro meses, no significa que la autoridad cuente con ese periodo para responder, sino exclusivamente que ese lapso hace indiscutible la infracción al derecho fundamental de obtener una respuesta en breve término. Consecuentemente, la Segunda Sala ha resuelto que, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, se determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. En consecuencia, el plazo mencionado, determina un periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento; pues constituye un criterio -por lo que hace a la materia laboral- que proporciona un estándar mínimo objetivo que ofrece seguridad jurídica a las partes en el juicio. Es aplicable a esta consideración, por las razones que la informan, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo el rubro y contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. Así las cosas, si lo reclamado por la quejosa es la omisión de la junta laboral de acordar el escrito que presentó el ocho de noviembre del año en curso, mediante el que le solicitó se requiriera a la demandada en el juicio, Instituto Mexicano del Seguro Social, por el cumplimiento del laudo condenatorio, acorde con el citado artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, tal promoción debió acordarse a más tardar el doce de noviembre [dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles siguientes -conforme al diverso artículo 715 de la misma ley-] y a partir de esa fecha deben contarse los cuarenta y cinco días naturales a que se refiere la jurisprudencia obligatoria, a efecto de identificar si existe una dilación excesiva del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto; lo que en el particular acontecerá el veintisiete de diciembre del año dos mil diecinueve. En consecuencia, aun cuando el escrito cuya omisión reclama la quejosa lo ingresó el ocho de noviembre de dos mil diecinueve; sin embargo, la falta de acuerdo no puede estimarse -bajo el estándar mínimo objetivo diseñado por la jurisprudencia- como una omisión que se traduzca en una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, generadora del agravio real y actual que permita acudir a esta vía de impugnación, pues conforme al parámetro diseñado, la responsable aún no ha incurrido en una dilación excesiva que haga procedente el juicio de amparo. Por consiguiente, se desecha de plano la demanda...(VII)

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