Beatriz Esparza García
Expediente 902/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 59 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 902/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 59
- Última actuación
- 10/08/2021
Partes del expediente
- Beatriz Esparza García
- Beatriz Esparza García y Otros.
- Gilberto López Valles
- Congreso del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 59.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diez de agosto de dos mil veintiuno. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. Requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este Juzgado Federal en días y horas hábiles, a recibir los documentos que en originales hubiere exhibido; lo anterior previa cita que deberá hacer a fin de que pueda tener acceso a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, conforme lo establecen los artículos 2 y 4 del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus del COVID-19"; con el apercibimiento que de no hacerlo así, el documento de que se trate podrá ser destruido junto con el expediente; lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, inciso b), del citado acuerdo. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de la carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.
- Incidental
Mexicali, Baja California, a diez de agosto de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que el día de hoy se dictó proveído en que se tuvo por consentido el cumplimiento dado al fallo protector, y se ordenó el archivo, en el juicio de principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado; mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al término de seis meses, de haberse ordenado el presente archivo, conforme con el diverso artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo general de que se trata. Certificación de carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del expediente original de suspensión contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depuración", mientras que el duplicado "no es de relevancia documental" y "destrucción", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a quince de junio de dos mil veintiuno. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta signado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Se autoriza acceso y notificarse electrónicamente. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en los diversos 75, 77, 78, 79 y demás relativos y aplicables del "Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula los Servicios Tecnológicos Relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y Los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal." así como en lo dispuesto por el "Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", se autoriza lo siguiente: 1) el acceso al expediente electrónico, y 2) recibir notificaciones electrónicas, en el presente juicio de amparo, a las siguientes personas: (1) Juan Valdivia Martínez con nombre de usuario (a) Juanvaldivia. Encargada del SISE. Lo anterior, hágase del conocimiento de la persona encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido de que es responsabilidad de la parte promovente que el nombre de usuario con el que se registró tal autorizado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, estén plasmados en forma clara y precisa, esto es, tal y como deben escribirse, pues de lo contrario, la encargada del aludido sistema no podrá autorizar los accesos respectivos. Notificaciones por vía electrónica. Como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios de la adscripción para que las determinaciones dictadas en el presente asunto le sean notificadas a la citada parte a través del "Portal Juicios en Línea del Poder Judicial de la Federación". No ha lugar. Ahora bien, por lo que respecto a la autorización de las diversas personas que señala, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de nueve de septiembre de dos mil veinte, pues ya se había acordado respecto a lo solicitado. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diez de junio de dos mil veintiuno. Declaración de firmeza de incidente innominado. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que otorga el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere la fracción I, inciso e), del artículo 97, del mismo ordenamiento, en contra de la resolución interlocutoria de diecisiete de marzo de dos mil veinte, en la que se resolvió que fue correcta la cantidad de numerario que se devolvió a la parte quejosa en cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se declara que dicha resolución interlocutoria quedó firme para todos los efectos legales procedentes. Fallo protector cumplido. Ahora, vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de doce de abril de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Los efectos de la concesión del amparo fueron los siguientes: "a) Deje de aplicar en perjuicio de la parte quejosa ********, el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. b) Devuelvan las cantidades que se hubieran descontado a la parte gestora del amparo ******, respecto a su pensión con motivo de la aplicación del último párrafo del artículo 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta; en el entendido de que sólo deberán devolver los descuentos de esos tópicos efectuados desde el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, fecha en la cual se efectuó el último acto de aplicación y en la cual se sustentó la instauración del presente juicio de amparo." Dicha sentencia fue recurrida por las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y por la parte quejosa, a través del recurso de revisión, turnándose los autos al Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, quien lo registró bajo el número de amparo en revisión 227/2019, autoridad que una vez sustanciado el medio de impugnación aludido, el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve resolvió confirmar la sentencia antes mencionada. Tan pronto fue recibida la citada ejecutoria, por auto de cuatro de octubre de la anualidad, fue requerido el cumplimiento respectivo. Con lo anterior quedó claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: Dejar de aplicar a la parte quejosa, el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Devolver las cantidades que le hubieren descontando a la parte quejosa, respecto a su pensión con motivo de la aplicación de los artículos referidos, en el entendido de que sólo debían devolver los descuentos de esos tópicos efectuados desde el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, fecha en que se efectuó el último acto de aplicación y en que se sustentó la instauración del juicio de amparo. Actuaciones en acatamiento al fallo protector. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, entre otras cosas, realizaron lo siguiente: Mediante oficio recibido en este Juzgado de Distrito el once de octubre de dos mil diecinueve, se acompañó el diverso oficio de nueve de octubre del año en curso, mediante el cual se hizo constar que no se aplicarían en lo presente y en lo futuro a la parte quejosa, los descuentos relativos a los conceptos de seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad (servicio médico) y reserva técnica (fojas 486 a 495). Por oficio recibido el treinta de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable, informó que giró oficio al Secretario de Salud en el Estado, Presidente de la Junta Directa del Instituto responsable y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable Inversión y Administración de la Reserva Técnica de dicho Instituto, con el fin de que le diera vista al Comité Técnico del Fideicomiso para que tomara las acciones tendientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Asimismo, remitió diverso oficio presentado el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual la autoridad responsable informó que la parte quejosa se presentó en sus instalaciones a efecto de recibir los cheques correspondientes a las cantidades descontadas por concepto de reserva técnica y servicio médico, adjuntando acreditar lo anterior, copias con firmas de recibido en original por parte de los quejosos, de fecha treinta y uno de octubre de la anualidad. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, por auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada para que manifestaran lo que a derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable, sin hubieren hecho manifestación alguna que atender al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se declaró cumplido el fallo protector, en virtud que se consideró que las autoridades responsables realizaron las gestiones necesarias a efecto de que dejaran de aplicar en perjuicio de la parte quejosa Beatriz Esparza García, Gilberto López Valles y José Luis Montes Gutiérrez, el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta; y devolvieron las cantidades que por dichos conceptos descontaron a los citados quejosos, efectuados desde el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, fecha en la cual se efectuó el último acto de aplicación. Por lo que en dicho auto en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. Recurso de inconformidad. Mediante escrito acordado el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, la parte quejosa, interpuso recurso de inconformidad en contra del auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en el que este Juzgado de Distrito tuvo por cumplido el fallo protector; por lo que los autos originales fueron remitidos al Tribunal Colegiado en turno para su substanciación. Por auto de veinte de febrero de dos mil veinte, se recibió la ejecutoria dictada por el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, dentro del recurso de inconformidad 3/2020 de su índice, misma que se resolvió en los términos siguientes: "ÚNICO. Se declara fundado el presente recurso de inconformidad." Parte medular de la ejecutoria dictada en la inconformidad 3/2020 del índice del Sexto Tribunal Colegiado de este Circuito. Los motivos torales por los cuales se declaró fundada la inconformidad promovida en el presente asunto, fueron las siguientes (subrayado añadido): En consecuencia, lo que corresponde es declarar fundado el recurso de inconformidad, revocar la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, que declaró cumplida la sentencia de amparo y, por ende, devolver los autos al Juzgado de origen para que realice las gestiones necesarias a efecto de que la ejecutoria de amparo quede debidamente cumplida en los términos señalados en párrafos precedentes. En el entendido de que para establecer las cantidades exactas, derivadas de la indebida retención de las cantidades por concepto de reserva técnica y seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, debe ordenar la apertura del incidente innominado en los términos antes precisados, en el que las partes interesadas estén aptitud de probar sus pretensiones respecto al monto de las cantidades que se deban pagar al quejoso en acatamiento del fallo protector y, una vez que se desahoguen las pruebas ofrecidas por aquéllas y aleguen lo que a sus intereses convenga, se deberá dictar la resolución correspondiente ajustándose a los lineamientos precisados en esta ejecutoria, en la que deberá fundar y motivar, debida y suficientemente sus determinaciones, en la que se establezca la cantidad líquida que se deba entregar a cada uno de los quejosos, para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que no son suficientes los cheques y desgloses exhibidos por la responsable. [.]" Incidente innominado. Por lo que en atención a lo ordenado por la superioridad en comento, dado que resultó necesario precisar en forma exacta los montos que correspondía entregar a la parte quejosa en cumplimiento al fallo protector por parte de las responsables, con fundamento en el artículo 193, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se dio inicio al incidente innominado a efecto de cuantificar lo anterior; por lo que se dio vista a las partes por el término de tres días para que manifestaran lo que a su interés conviniera y ofrecieran las pruebas pertinentes. Pruebas que fueron ofrecidas por las autoridades responsables mediante acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte. Resolución. El incidente antes precisado se resolvió el once de marzo de dos mil veinte, en el cual se precisó que fue correcta la cantidad devuelta a la parte quejosa por las autoridades responsables, en cumplimiento al fallo protector; resolución que no fue impugnada por la parte quejosa, y que por tanto, adquirió firmeza para todos los efectos legales correspondientes. Así pues, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable de que se trata, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que cumplieron con los lineamientos señalados en el fallo protector, porque en este caso quedó demostrado que las autoridades responsables realizaron las gestiones necesarias a efecto de que dejar de aplicar en perjuicio de la parte quejosa Beatriz Esparza García, Gilberto López Valles y José Luis Montes Gutiérrez, el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta; y devolvieron las cantidades correctas que por dichos conceptos descontaron a los citados quejosos, efectuados desde el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, fecha en la cual se efectuó el último acto de aplicación. En tal virtud, es inconcuso que jurídica y materialmente los efectos del fallo constitucional se han concretado, pues es evidente que se acataron los lineamientos ahí establecidos, colmándose así el derecho por cuya infracción se concedió el amparo, sin que existan excesos ni defectos a ese respecto, precisamente, porque la propia autoridad realizó la actuación que, sin duda, constituye el deber exigido por virtud de la concesión del amparo. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contados a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo. Notifíquese y personalmente.
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