Beatriz Elizabeth Díaz Domínguez y Otros.

Expediente 1000/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1000/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
20/09/2018

Partes del expediente

  • Beatriz Elizabeth Díaz Domínguez y Otros.
  • Beatriz Elizabeth Díaz Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha quedado firme, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial trascendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Documentos agregados en autos. Como existe documentos originales exhibidos por la parte quejosa agregados en autos, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, dese vista a la citada parte, a fin que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger las documentales exhibidas, apercibido que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con las constancias judiciales. Indicándole que a fin de no distraer al personal de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTE DE SEPTIMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha quedado firme, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial trascendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Documentos agregados en autos. Como existe documentos originales exhibidos por la parte quejosa agregados en autos, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, dese vista a la citada parte, a fin que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger las documentales exhibidas, apercibido que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con las constancias judiciales. Indicándole que a fin de no distraer al personal de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese."

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por por la quejosa ***, mediante el cual solicita copia certificada del informe justificado rendido por la autoridad responsable. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídasele a su costa las copias que refiere en su escrito de cuenta, previa razón de recibo que se deje en autos, para su debida constancia, autorizando para recibirlas las personas que menciona. Se hace de su conocimiento que para tal efecto deberán acudir a este Juzgado dentro del horario de diez a trece horas en día hábil, con identificación oficial con fotografía vigente y copia de la misma. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, en suplencia del Titular de la Presidencia y del Secretario Auxiliar de Amparos, con sede en esta ciudad. Anexo al informe de cuenta, la responsable remite copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral ***, de su índice, entre las que destaca el auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Por tanto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza las documentales que remite la autoridad responsable. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la dilación en que ha incurrido la autoridad responsable al no proveer sobre su escrito presentado el nueve de julio del año en curso, dentro de los autos del expediente laboral ***. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del citado artículo 61, que menciona: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales de la quejosa. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , que tiene por rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie, la quejosa se duele de la dilación en que ha incurrido la autoridad responsable al no proveer sobre su escrito presentado el nueve de julio del año en curso, dentro de los autos del expediente laboral ***. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, es de advertirse que mediante acuerdo de veintiocho de agosto del año en curso, dictado en el expediente laboral ***, proveyó en relación al escrito que la parte quejosa presentó el nueve de julio de dos mil dieciocho (fojas 27 y 28), señalando las once horas del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos en relación al incidente de liquidación de laudo, subsanando así la dilación planteada. Lo expuesto hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos de la dilación atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo, que mediante acuerdo de veintiocho de agosto de la presente anualidad, proveyó respecto del escrito presentado por la quejosa el nueve de julio del año en curso, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación a la garantía de prontitud en la impartición de justicia, a partir de la inactividad de la citada autoridad, consistente en la dilación en que había incurrido la responsable al no proveer dentro del plazo que la ley establece, sobre el escrito que presentó en el juicio laboral de origen, el nueve de julio de dos mil dieciocho, lo que en el caso se subsana con el acuerdo de veintiocho de agosto de la presente anualidad. De ese modo, quien resuelve concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la dilación original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con seis minutos del cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Notifíquese.

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