Beatriz Díaz Torres
Expediente 1468/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1468/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Beatriz Díaz Torres
- Juez Oral Mercantil de esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Durango, Durango, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta; en atención a su contenido, hágase de su conocimiento que en virtud del nuevo esquema de trabajo, este juzgado no cuenta con un centro de fotocopiado con el fin de obtener la reproducción a que se refiere. Sin embargo, se precisa al compareciente que la copia del documento a que alude puede obtenerla a través del expediente electrónico que se puede consultar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, (una vez que solicite a este tribunal la autorización correspondiente, precisando el usuario para tal efecto), e incluso las que incluyan evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas, de conformidad con el artículo 36, segundo párrafo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; de ahí que, al no exponer algún impedimento para hacer uso de ellas, no es factible acordar de conformidad su petición. Por otro lado, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, hágase la devolución de los documentos que indica, con excepción del relativo al poder que refiere, toda vez que le fue devuelto con anterioridad, tal como se desprende de la constancia que obra en el presente juicio, previa razón de recibo y copia certificada que de los mismos se deje en el expediente para constancia. Notifíquese.
- Principal
Durango, Durango, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito de cuenta signado por el apoderado legal de la parte quejosa, sin mayor pronunciamiento, toda vez que mediante resolución que antecede se desechó la demanda que dio origen al presente asunto. Notifíquese.
- Principal
****(personal) HGC NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.- Durango, Durango, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los ocursos de los Actuarios de la Junta Especial número Trece de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y de los representantes del sector obrero y del capital de dicha Junta; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso e), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se les tiene por interponiendo recursos de queja en contra de los autos dictados el siete y diecinueve, ambos de septiembre pasado. De conformidad con el artículo 101 de la ley de la materia, notifíquese a las demás partes la interposición de los aludidos medios de impugnación, con copias de los escritos de expresión de agravios, para que en el plazo de tres días señalen constancias para remitir al que deba resolver. Transcurrido el plazo, envíense al Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, en turno, los originales de los ocursos de mérito y una copia de cada uno para el agente del Ministerio Público de su adscripción. Hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto que este juzgador emitió las determinaciones recurridas. Por otra parte, agréguense a los autos el oficio y anexos que remite la Directora del Área Jurídica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, por medio del cual da cumplimiento parcial al requerimiento que le fue formulado en auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés; toda vez que proporciona los datos relativos al nombre de las personas que fungen como Representante Patronal, Representante Obrero y Actuarios, todos integrantes de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, y Coordinadora de Recursos Humanos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, consistentes en su Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única del Registro de Población (CURP), así como su historial de domicilios, y glósese en el expediente, en sobre cerrado y sellado. En tal virtud, como se ordenó en auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés, comuníquesele a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Durango "1", del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se sirva hacer efectiva la multa impuesta a cada uno los Representantes Patronal y Obrero de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, así como al Actuario Notificador adscrito a dicha Junta y a la Coordinadora de Recursos Humanos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en tal sentido, para que se encuentre en posibilidades de hacer efectivo su cobro, remítasele en ocho tantos, copia del citado acuerdo, así como de los documentos proporcionados por la Directora del Área Jurídica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado de Jalisco, los cuales contienen los datos personales de los mismos, y que por expresar datos sensibles, deberán conservar con el debido sigilo, por lo que la documentación de que se trata, se le envía en sobre cerrado, para lo cual en relación a los nombres de las personas multadas, así como el monto de las multas impuestas y el Registro Federal de Contribuyentes de éstas, le informo lo siguiente: NOMBRE CARGO MONTO MULTA RFC Joel Radillo Becerra Representante Patronal de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco 200 (UMAS) $20,748.00 (Veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) RABJ800802VA6 Arturo González Anaya Representante Obrero de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco 200 (UMAS) $20,748.00 (Veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) GOAA530716868 Francisco Javier Álvarez Tostado Actuario de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco 200 (UMAS) $20,748.00 (Veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) AATF5512025S9 Claudia Iveth Flores Reyna Actuario de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco 200 (UMAS) $20,748.00 (Veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) FORC800522G68 Yadira Elizabeth García Álvarez Actuario de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco 200 (UMAS) $20,748.00 (Veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) GAAY8904199V1 Jesús Gerardo Leal García Actuario de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco 200 (UMAS) $20,748.00 (Veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) LEGJ820315CJ10 Luisa Gabriela Sandoval Castro Actuario de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco 200 (UMAS) $20,748.00 (Veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) SACL9203157F4 Sally Alcaraz Estrada Coordinadora de Recursos Humanos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco 50 (UMAS) $5,187.00 (Cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional) AAES770427MT0 Por otra parte, la autoridad oficiante remite los datos referentes a la persona que se encontraba en funciones de Presidente de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, hasta el día veintiséis de junio de dos mil veintitrés; no obstante, de los autos, se advierte que el requerimiento que dio origen a la multa impuesta fue notificado el treinta de agosto de dos mil veintitrés; en tal sentido, líbrese nuevamente oficio al Secretario del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, para que dentro del término de tres días, computado legalmente, proporcione el nombre, Registro Federal de Contribuyente (RFC) con homoclave, fecha de nacimiento, copia de la identificación oficial y/o cualquier otro documento que permita la plena identificación del Presidente y/o Encargado de la Presidencia de la Junta sancionada, que se encontraba en funciones el treinta de agosto pasado. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en el término indicado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización al momento de realizarse la conducta sancionada, con fundamento en los artículos 237 fracción I, con relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo y de conformidad con el sexto párrafo, apartado b) del artículo 26 de la Constitución. Asimismo, agréguese únicamente para que obre el oficio de la autoridad responsable, en virtud a que en proveído de once de octubre de dos mil veintitrés se acordó lo conducente. Finalmente, agréguese a los autos el oficio de la autoridad exactora Administrador Desconcentrado de Recaudación de Jalisco "2" por medio del cual comunica que se registró la multa impuesta en autos. Notifíquese; hágase personalmente a las partes.
- Principal
****(personal) HGC NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.- Durango, Durango, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual en cumplimiento al proveído que antecede, se remite la boleta de turno respectiva. Por otro lado, téngase por recibido el escrito signado por el apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en autos. Examinada la demanda, así como el escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama: La diligencia de señalamiento de bienes para embargo. La inscripción de embargo por lo que hace a los derechos que le corresponden a la quejosa Beatriz Díaz Torres como demandada en el juicio ejecutivo mercantil 1146/2021. I. Desechamiento Al respecto, este juzgador estima se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 con relación al diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, preceptos legales que establecen lo siguiente: Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.] De los preceptos citados se advierte la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Sin embargo, ello se acota en relación a los actos de ejecución de sentencia, respecto de los cuales, por regla general sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; y por excepción, el juicio procederá de manera inmediata contra actos dictados en dicho procedimiento, que causen un perjuicio de imposible reparación que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales, distintos a los ya decididos en el juicio, al interaccionar la fracción IV segundo párrafo del artículo 107 de la Ley de Amparo. Esto es, son dos los supuestos para que un acto emitido en un procedimiento fuera de juicio, o como en el caso, después de concluido, sea impugnable a través del amparo indirecto, a saber: a) Que se trate de la última resolución. b) Que se trate de un acto intermedio que sea de imposible reparación. Por última resolución, debe entenderse aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y en los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En cuanto al segundo punto, el legislador estableció que los actos "intraprocesales", para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo tanto, dado que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento de ejecución de sentencia y de remate, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, contra la última resolución dictada en la fase correspondiente. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así como, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del referido Tribunal, que señala: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En el caso, de los antecedentes el acto reclamado se desprende que la parte quejosa es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 1146/2021, del índice del Juzgado Oral Mercantil en el Estado, en el cual se le condenó al pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora; y señala como actos reclamados la diligencia de señalamiento de bienes de embargo, así como la inscripción de dicho embargo ante el Registro Público de la Propiedad sobre los derechos que le correspondían sobre el bien inmueble embargado, de los cuales refiere que tuvo conocimiento hasta el día veinte de octubre del año en curso. Luego, es evidente que los actos reclamados acontecieron dentro del procedimiento de ejecución del juicio ejecutivo mercantil de origen. Y, que deben considerarse como violaciones de carácter procesal, porque no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución aludido, ni pueden considerarse como de imposible reparación, al no afectar derechos sustantivos de la quejosa, ya que las infracciones que se reclaman son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, contra, precisamente, la última resolución dictada en la fase correspondiente, pudiendo en su caso, ser reparada; de ahí que el acto reclamado no transgrede algún derecho sustantivo constitucional o convencional de la demandante. Por consiguiente, ante la actualización del motivo de inejercitabilidad examinado, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con los actos reclamados precisados. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Francisco Rodríguez Zamarripa, Juez Primero de Distrito en el Estado de Durango, ante la secretaria Liliana Angélica Balderas Silva, que autoriza y da fe. Doy fe.
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