Beatriz Díaz Polanco

Expediente 1093/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1093/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Angel Gabriel Aragón Díaz
  • Beatriz Díaz Polanco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de catorce de agosto de dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del presente cuaderno, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Visto: agréguese a este expediente, para los efectos legales correspondientes, el informe justificado de la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, así como la certificación que al mismo acompaña. Ahora bien, de las actuaciones enviadas con el informe de mérito, se advierte que por acuerdo de catorce de julio de dos mil veintitrés, la Juez responsable dictó un acuerdo en el expediente 408/2023 de su índice, en el que en contestación a los escritos de la quejosa, presentados en fechas veinte y treinta de junio de dos mil veintitrés, previo a determinar lo correspondiente al destino de la demanda presentada, previno a la parte actora, exhiba las copias necesarias de sus escritos de referencia, para correrle traslado a las partes en el juicio de origen; lo que le fue notificado a las partes a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado, en fecha cuatro de agosto siguiente. Agregando dicha autoridad, que a la fecha, ya se admitió a trámite el juicio de origen y ya se proveyó lo correspondiente a las peticiones de la actora. Documentales públicas que alcanza eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. De la que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, desde el auto de admisión se estableció que la quejosa reclamó de la responsable, la omisión de dictar el acuerdo en el que se pronuncie sobre las solicitudes que formuló en los escritos presentados en fechas veinte y treinta de junio de dos mil veintitrés, en el expediente 408/2023. Sin embargo, de las constancias que remitió la Juez responsable, se advierte que en fecha catorce de julio de dos mil veintitrés, dictó un acuerdo en el que en contestación a los escritos de la quejosa, previo a determinar lo correspondiente al destino de la demanda presentada, le previno exhiba las copias necesarias de sus escritos de referencia, para correrle traslado a las partes en el juicio relativo; lo que le fue notificado a las partes a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado, en fecha cuatro de agosto del presente año. Agregando dicha autoridad, que a la fecha, ya se admitió a trámite el sumario de origen, y ya se proveyó lo correspondiente a las peticiones de la actora. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos de los actos reclamados, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante de amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción I, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causal de improcedencia de este juicio de amparo es notoria, manifiesta e indudable, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable a la anterior consideración, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito a lo expuesto, déjese insubsistente la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa, que debería tener lugar a las nueve horas con treinta y dos minutos del cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Visto: agréguese a este expediente, para los efectos legales correspondientes, el escrito de la quejosa Beatriz Díaz Polanco, mediante el cual, con relación a la prevención que se le formuló por auto de trece de julio de dos mil veintitrés, exhibe copia simple de las actas de nacimiento que relaciona. Lo anterior, sin realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el apercibimiento realizado en el auto de radicación de la demanda y se admitió la misma a trámite, únicamente por lo que a dicha quejosa se refiere, por los motivos expuesto en el mismo. Sin que el ocurso que en esta propia fecha se provee, hubiere variado en forma alguna la determinación alcanzada en el acuerdo señalado, en virtud que las actas de nacimiento que a éste se acompañan, con las que la ocursante pretende acreditar la representación de los menores de edad A.G.A.D., L.M.A.D. y J.B.A.D., como se dijo con anterioridad, fueron exhibidas en copia simple, por lo que carecen de todo valor probatorio. En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 3a./J. 1/89 de la Extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 379, del Tomo III, Primera Parte, enero a junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Lo anterior, aunado a que el escrito de cuenta fue presentado el día del vencimiento del plazo fijado para dar cumplimiento a la prevención realizada; por lo que ya no resultaba factible interrumpir el término otorgado a fin de requerir de nueva cuenta subsanar las omisiones o defectos cometidos. Es aplicable al caso por las razones que la conforman, la tesis número I.13o.T.15 K, con número de registro 162668, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2268, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "ACLARACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO RESPECTIVO SE PRESENTA EL DÍA HÁBIL ANTERIOR AL EN QUE VENCE EL PLAZO CONCEDIDO, EL ACUERDO QUE LE RECAIGA DEBE NOTIFICARSE POR LISTA, INCLUSIVE CUANDO SEA EN EL SENTIDO DE QUE TODAVÍA NO SE ACATA LA PREVENCIÓN. La notificación del auto que recae al escrito mediante el cual el promovente pretende cumplir con la prevención impuesta en el proveído inicial, antes del vencimiento del plazo de tres días concedido cuando aún no ha sido satisfecha, debe hacerse por lista, porque es el acuerdo en el que se señalan las razones por las cuales todavía no acata la prevención y no otro requerimiento, de manera que sigue corriendo el tiempo otorgado en su beneficio. Máxime, cuando la promoción no se presenta dentro del primero o segundo de los tres días en que se dictó el auto que mandó aclarar la demanda de garantías, el cual se notificó personalmente, sino el día hábil anterior al en que vence el plazo concedido y ese día el Juez debe dictar el acuerdo en el que señale las razones por las cuales no cumplió la prevención, porque ni siquiera resulta conveniente que ordene su notificación personal para que se corrijan los defectos u omisiones subsistentes conforme al primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, pues al término del mismo día en que debe dictarse el auto relativo a la promoción concluye el plazo otorgado al promovente." Así también, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVI.1o.A.T.13 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 2152 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, con número de registro 165508, bajo el rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN CUMPLIDA PARCIALMENTE EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE SER PERSONAL E INMEDIATA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, publicada en la página 133 del Tomo XVIII, noviembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.", determinó que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el artículo 146 de la Ley de Amparo, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez Federal, en atención al principio de justicia pronta y expedita derivado del artículo 17 constitucional, debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para dar al quejoso oportunidad de corregirlos antes del vencimiento de esos tres días; ello, en razón de que dicho término se otorga en su beneficio, pues de no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar dentro del término para aclarar su demanda. De lo anterior, se colige que la finalidad primordial de tal exigencia para el juzgador, es que el promovente dé cumplimiento total a lo requerido, cuando aún está en tiempo de hacerlo; por tanto, se le debe garantizar la posibilidad material y no sólo formal de subsanar esas irregularidades, lo que hace patente que la notificación del acuerdo respectivo debe ser la idónea para el objetivo que se pretende, esto es, de manera personal e inmediata, pues de lo contrario carecerían de eficacia jurídica los requerimientos y apercibimientos contenidos en la prevención, sin ser obstáculo para ello que el artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo, no prevea la notificación de esa manera, pues en este supuesto, procede por interpretación extensiva del artículo 30 de la propia legislación. Consecuentemente, si el juzgador actúa sin observar tales exigencias, y emite un auto mediante el cual tiene por no interpuesta la demanda al no haberse cumplido con la prevención, habrá violado las reglas fundamentales que rigen el procedimiento, por lo que deberá revocarse dicho auto para el efecto de que dicte otro en los términos mencionados y proceder conforme a derecho." Sin que lo aquí acordado cause perjuicio alguno a la ocursante, o a sus menores hijos, pues tal como se señaló en el indicado auto de prevención, el hecho de que la demanda de amparo se hubiere admitido en los términos señalados, esto es, únicamente por cuanto a ésta se refiere, no implica que se desatenderá el interés superior de los referidos infantes. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. APERCIBIMIENTO EFECTIVO Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta efectuada por la Secretaria de este Juzgado, en el sentido de que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, dentro del término de cinco días otorgado para tal fin. En consecuencia, llevando adelante el apercibimiento contenido en dicho proveído, se acuerda: ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de referencia como en derecho procede, únicamente por lo que a la quejosa Beatriz Díaz Polanco se refiere, en contra del acto que reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar, del Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, que hace consistir en lo siguiente: ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN DE DAR CONTESTACIÓN A LOS ESCRITOS DE FECHAS VEINTE Y TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, PRESENTADOS EN EL EXPEDIENTE ******************** INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se tramita el incidente de suspensión, por no solicitarlo la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la Ley de Amparo. FIJACIÓN DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con treinta y dos minutos del cinco de septiembre de dos mil veintitrés. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a la(s) autoridad(es) responsable(s), que deberá(n) rendir dentro del término de quince días siguientes a aquél en que reciba(n) el oficio en que se le(s) solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañarán, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Mandamiento que deberá(n) cumplir la(s) autoridad(es) responsable(s): a) De ser CIERTO el acto.- A través de la vía ordinaria, entregando su informe ante la oficina de correspondencia respectiva, adjuntando, en su caso, las constancias con las que apoyen el sentido de su informe. b) ÚNICAMENTE de ser NEGATIVO el acto.- Podrá enviarse vía electrónica a través del correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdo14cto@correo.cjf.gob.mx; o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (con su firma electrónica FIREL); y, c) En caso de existir convenio celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitirlo vía interconexión. Apercibida(s) que de no cumplir con lo anterior, se le(s) impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos con 00/100, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. RESERVA DE TERCERO INTERESADO. Por otro lado, este Juzgado Federal se reserva, en su caso, emplazar al presente juicio como tercero interesado a quien le revista tal carácter, en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad señalada como responsable, del que pueda advertirse si su contraparte ya fue emplazado o no al juicio de origen y, en consecuencia, si le reviste o no el carácter de tercero interesado en este asunto. INTERVENCIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de copia autorizada del presente acuerdo, del auto de prevención, así como copia simple de la demanda de amparo. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa de treinta unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 251 de la citada ley, equivalente a $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos con 20/100, moneda nacional). EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE LEY Por otra parte, no habrá necesidad de emitir oficio a la(s) autoridad(es) responsable(s) para notificarle(s) el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá(n) consultar en la página de internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm Con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese a las partes, haciéndolo personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación y cúmplase.

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