Beatriz del Carmen Pat Chavez

Expediente 135/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
135/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
14/03/2019

Partes del expediente

  • Beatriz del Carmen Pat Chavez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    III. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el quince de febrero del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de garantías. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    III.- Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el alegato ministerial número 89/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita sobreseer el presente juicio; lo anterior, sin hacer pronunciamiento alguno al respecto en virtud de que en proveído de quince de febrero del año en curso, se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia, lo anterior se comunica para los efectos legales correspondientes

  3. Principal

    III. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Encargada de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y un anexo que acompaña y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con el informe de mérito y anexo y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, del contenido del informe de mérito se advierte que la responsable dio cumplimiento a la solicitud que se le hizo mediante oficio 2727/2018, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, mismo que fue recibido por esa unidad el día cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en el que solicitó el apoyo a fin de realizar el trabajo social y estudio socieconómico respecto del ciudadano Benjamín Alberto Pat Ake, proporcionado la dirección domiciliar del usuario, a lo que dicha unidad respondió por medio de oficio 1053/2018, de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se le proporcionó una fecha para la visita al domicilio del citado Pat Ake, quedando ésta, para el día lunes quince de octubre de dos mil dieciocho; ante ello, las trabajadoras sociales acudieron a la dirección proporcionada, sin embargo el multicitado Pat Ake, no se encontraba en ese momento en su domicilio, estando únicamente la madre de éste. Es de manifiesto, que la parte quejosa en su apartado de actos reclamados señaló como tal: "....La negativa de la Titular de la Unidad de Evaluación Psicología y Trabajo Social del Poder Judicial del Estado y la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Estado, reclamo la negativa a realizar la investigación del trabajo social y un estudio socioeconómico ordenado por la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en los autos del expediente número 125/2018, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria...." Por tanto, debe decirse que se actualiza el sobreseimiento el presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción IV, la Ley de Amparo, que dispone literalmente lo siguiente: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;" Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, ésta niega la existencia del acto que se le reclama, la que se corrobora con las constancia que adjuntó la Encargada de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, al momento de rendir su informe con justificación, pues de ellas se advierte que mediante oficio 1053/2018, de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se le proporcionó una fecha para la visita al domicilio del citado Pat Ake, quedando ésta para el día lunes quince de octubre de dos mil dieciocho, en mérito de ello las trabajadoras sociales acudieron a la dirección proporcionada, sin embargo el multicitado Pat Ake, no se encontraba en ese momento, estando en su domicilio únicamente la madre de éste; documentales que obran en autos y las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así las cosas, se puede apreciar, que la autoridad responsable, dio contestación a la petición que formuló la Juez Primero de Oralidad del Primer Departamento Judicial del Estado dentro del expediente 125/2018, pues acudió en la fecha y hora señalada para la visita domiciliaria necesaria para la evaluación del trabajo social y estudio socieconómico, sin que pudiera llevarse a cabo, por los motivos que expuso, sin que ello sea imputable a la ahora responsable; en consecuencia, es de estimarse que la omisión reclamada no existe, habida cuenta que la presente demanda se presentó con posterioridad al dictado del acuerdo mencionado, es decir, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, según sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito domiciliados en Mérida, Yucatán. En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, respecto del acto y por la autoridad precisada anteriormente, dado que no se justificó su existencia al momento de la promoción de la presente demanda de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la agraviada es para invalidar el acto reclamado, restituyendo a la quejosa en el goce de los derechos humanos conculcados y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable; por tanto, si la existencia del acto no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la imperante de amparo en el goce del derecho humano violado. En efecto, la inexistencia del acto reclamado radicó en que al momento de que la quejosa promovió la demanda de amparo, no existía la omisión reclamada a la responsable, ya que con anterioridad ésta, se había pronunciado respecto del estudio socioeconómico solicitado, exponiendo los motivos por los cuales no se pudo realizar la encomienda requerida; de ahí que se considere que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que este juzgado pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce del derecho humano respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que exhibió las copias certificadas de las actuaciones que realizó respecto a lo solicitado, con la que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Esto es así, dado que la inexistencia del acto reclamado se encuentra debidamente probada, y no depende de la carga probatoria que en su caso pudiera aportar la parte quejosa para desvirtuar dicha circunstancia, sino se advierte de forma clara e indubitable con las constancias antes referidas, por lo que, no obstante llegara la audiencia constitucional, en nada variaría el sentido del fallo, al haberse acreditado de autos, que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado era inexistente. Resulta ilustrativa al respecto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, del tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." También se advierte que en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), ubicada en la publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, bajo el registro IUS 2005150, la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En estas condiciones, se decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el día de hoy diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, a las diez horas con nueve minutos. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    . Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Encargada de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y un anexo que acompaña y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con el informe de mérito y anexo y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, del contenido del informe de mérito se advierte que la responsable dio cumplimiento a la solicitud que se le hizo mediante oficio 2727/2018, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, mismo que fue recibido por esa unidad el día cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en el que solicitó el apoyo a fin de realizar el trabajo social y estudio socieconómico respecto del ciudadano Benjamín Alberto Pat Ake, proporcionado la dirección domiciliar del usuario, a lo que dicha unidad respondió por medio de oficio 1053/2018, de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se le proporcionó una fecha para la visita al domicilio del citado Pat Ake, quedando ésta, para el día lunes quince de octubre de dos mil dieciocho; ante ello, las trabajadoras sociales acudieron a la dirección proporcionada, sin embargo el multicitado Pat Ake, no se encontraba en ese momento en su domicilio, estando únicamente la madre de éste. Es de manifiesto, que la parte quejosa en su apartado de actos reclamados señaló como tal: "....La negativa de la Titular de la Unidad de Evaluación Psicología y Trabajo Social del Poder Judicial del Estado y la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Estado, reclamo la negativa a realizar la investigación del trabajo social y un estudio socioeconómico ordenado por la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en los autos del expediente número 125/2018, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria...." Por tanto, debe decirse que se actualiza el sobreseimiento el presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción IV, la Ley de Amparo, que dispone literalmente lo siguiente: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;" Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, ésta niega la existencia del acto que se le reclama, la que se corrobora con las constancia que adjuntó la Encargada de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, al momento de rendir su informe con justificación, pues de ellas se advierte que mediante oficio 1053/2018, de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se le proporcionó una fecha para la visita al domicilio del citado Pat Ake, quedando ésta para el día lunes quince de octubre de dos mil dieciocho, en mérito de ello las trabajadoras sociales acudieron a la dirección proporcionada, sin embargo el multicitado Pat Ake, no se encontraba en ese momento, estando en su domicilio únicamente la madre de éste; documentales que obran en autos y las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así las cosas, se puede apreciar, que la autoridad responsable, dio contestación a la petición que formuló la Juez Primero de Oralidad del Primer Departamento Judicial del Estado dentro del expediente 125/2018, pues acudió en la fecha y hora señalada para la visita domiciliaria necesaria para la evaluación del trabajo social y estudio socieconómico, sin que pudiera llevarse a cabo, por los motivos que expuso, sin que ello sea imputable a la ahora responsable; en consecuencia, es de estimarse que la omisión reclamada no existe, habida cuenta que la presente demanda se presentó con posterioridad al dictado del acuerdo mencionado, es decir, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, según sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito domiciliados en Mérida, Yucatán. En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, respecto del acto y por la autoridad precisada anteriormente, dado que no se justificó su existencia al momento de la promoción de la presente demanda de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la agraviada es para invalidar el acto reclamado, restituyendo a la quejosa en el goce de los derechos humanos conculcados y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable; por tanto, si la existencia del acto no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la imperante de amparo en el goce del derecho humano violado. En efecto, la inexistencia del acto reclamado radicó en que al momento de que la quejosa promovió la demanda de amparo, no existía la omisión reclamada a la responsable, ya que con anterioridad ésta, se había pronunciado respecto del estudio socioeconómico solicitado, exponiendo los motivos por los cuales no se pudo realizar la encomienda requerida; de ahí que se considere que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que este juzgado pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce del derecho humano respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que exhibió las copias certificadas de las actuaciones que realizó respecto a lo solicitado, con la que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Esto es así, dado que la inexistencia del acto reclamado se encuentra debidamente probada, y no depende de la carga probatoria que en su caso pudiera aportar la parte quejosa para desvirtuar dicha circunstancia, sino se advierte de forma clara e indubitable con las constancias antes referidas, por lo que, no obstante llegara la audiencia constitucional, en nada variaría el sentido del fallo, al haberse acreditado de autos, que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado era inexistente. Resulta ilustrativa al respecto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, del tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." También se advierte que en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), ubicada en la publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, bajo el registro IUS 2005150, la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En estas condiciones, se decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el día de hoy diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, a las diez horas con nueve minutos. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

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