Beatriz Cecilia Treviño Figueroa

Expediente 918/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
918/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/12/2021

Partes del expediente

  • Beatriz Cecilia Treviño Figueroa

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 28 DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "." León, Guanajuato, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. I. Causa estado. Vista la certificación que antecede y como de ella se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo y no se recurrió el proveído de tres de diciembre del año en curso, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo por la que se formó este expediente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ese acuerdo ha causado estado. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 20/2021, respecto al periodo de su vigencia, indíquesele a la aludida parte que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada María Quiroz García, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 03 DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE León, Guanajuato, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Se tiene por no presentada la demanda de amparo. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de cinco días que se concedió a la parte quejosa para que diera cumplimiento a la prevención realizada en auto de once de noviembre del año en curso, transcurrió sin que se hubiese realizado. En ese sentido, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y, por consiguiente, se tiene por no presentada la demanda de amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "." León, Guanajuato, once de noviembre de dos mil veintiuno. Parte quejosa. Beatriz Cecilia Treviño Figueroa, por propio derecho y ostentándose como tutora del menor de edad cuyo nombre lleva por iniciales A.E.M.T. Registro en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 918/2021-III. III. Prevención. Vista la demanda de amparo presentada por Beatriz Cecilia Treviño Figueroa, por propio derecho y ostentándose como tutora del menor de edad cuyo nombre lleva por iniciales A.E.M.T., a efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la misma, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones I y II, en íntima vinculación, a su vez, con el artículo 108, fracciones I y V, todos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito: Acredite la representación que aduce tener del impetrante quejoso cuyo nombre lleva por iniciales A.E.M.T. Lo anterior en razón de que en el proemio de su demanda, refiere que acude en representación del referido infante quejoso; sin embargo, no exhibe medio de convicción alguno con el que demuestre tal representación legal. Aunado a que dicho acreditamiento es uno de los requisitos de la demanda de amparo. Máxime que, en atención al principio de interés superior de los menores de edad, este Juzgado Federal está conminado a verificar la debida legitimación de quien promueve el juicio de amparo en su nombre, a fin de garantizar, desde luego, su representación adecuada y concretar la igualdad en el acceso a la justicia en todo momento. Al respecto ilustra el contenido de la tesis I.8o.A.9 K (10a.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2011974, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, página 2890, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA EN NOMBRE DE UN MENOR. SI EL SUSCRIPTOR MANIFIESTA TENER RECONOCIDA SU PERSONALIDAD ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PERO NO LO ACREDITA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIRLO PARA QUE LO HAGA Y, ANTE SU INCUMPLIMIENTO, ESTÁ OBLIGADO A RECABAR OFICIOSAMENTE LA CONSTANCIA RESPECTIVA. De los artículos 3, numeral 1 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño se advierte, respectivamente, que en todas las medidas concernientes a los niños que deban tomar los tribunales se atenderá, primordialmente, al interés superior del menor, y que el Estado garantizará el derecho de éste a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo y a proteger el ejercicio pleno de sus derechos, ya sea directamente o por medio de un representante, en concordancia con las normas procedimentales del derecho nacional. En estas condiciones, para garantizar el derecho que tiene el menor a participar, directamente o por conducto de un representante, en los procedimientos judiciales en que pueda afectarse su esfera jurídica, el juzgador debe tomar las medidas legales procedimentales necesarias, en atención, primordialmente, al principio de interés superior del niño. Adicionalmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 167, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.", estableció que la figura de la suplencia de la queja en favor de un menor debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, incluyendo, entre otras cuestiones, recabación oficiosa de pruebas, para lograr el bienestar del menor de edad y el ejercicio pleno de sus derechos. Por tanto, cuando la demanda de amparo se promueve en nombre de un infante por quien se ostenta como su representante y afirma tener reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, sin que lo acredite, debe requerírsele para que lo haga, porque esa carga procesal, en principio, corresponde al quejoso; sin embargo, el Juez de Distrito también está obligado a constatar fehacientemente esa circunstancia, motivo por el que, previo a desechar la demanda por incumplimiento a dicha prevención, el juzgador está obligado a recabar de la autoridad responsable la constancia respectiva, para proteger el interés superior del menor y permitirle integrarse a la relación jurídica procesal, a fin de que tenga una participación efectiva, por conducto de una adecuada representación y garantizar así su acceso efectivo a la justicia y la adecuada defensa de sus derechos." Así como, la tesis I.8o.A.10 K (10a.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2011985, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, página 2969, que se trascribe a continuación: "REPRESENTACIÓN DE UN MENOR EN EL AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE VERIFICAR LA DEBIDA LEGITIMACIÓN DE QUIEN PROMOVIÓ EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. De conformidad con la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo, el órgano revisor deberá revocar la resolución recurrida cuando por acción u omisión se hayan violado las reglas fundamentales que norman el procedimiento, siempre que las violaciones hayan trascendido al resultado del fallo. Entre esas reglas se encuentra la relativa a verificar la debida legitimación de quien promueve el juicio de amparo en representación de un menor de edad, a fin de garantizar una representación adecuada del infante y concretar la igualdad en el acceso a la justicia en todo proceso judicial, en observancia al principio de interés superior del niño. En ese sentido, constituye una violación procesal en los términos descritos, que el Juez de Distrito deseche una demanda de amparo indirecto respecto de un menor, con motivo de que quien se ostentó como su representante incumplió con la carga procesal de acreditar su personalidad, la cual afirmó tener reconocida ante la autoridad responsable, sin que lo hubiera requerido para hacerlo y, en su caso, recabar de la autoridad responsable la constancia respectiva, pues ello implica que soslayó la normativa legal, constitucional e internacional, así como los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para proteger el interés superior del menor y permitirle integrarse a la relación jurídica procesal, a fin de que tenga una participación efectiva, que asegure el ejercicio pleno de sus derechos. Por tanto, si se advierte que durante la secuela del amparo no se verificó la debida legitimación de la persona que promovió el juicio en representación del menor quejoso, debe reponerse el procedimiento." Igualmente, la jurisprudencia 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Julio de 1996, página 48, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." 2. Relate bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada todos los antecedentes de los actos reclamados por separado, esto es, una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos impugnados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia, caso en el cual deberá hacer la expresión correspondiente; lo anterior, ya que los que narró en su líbelo constitucional son insuficientes y confusos, puesto que esgrime cuestiones desvinculadas entre sí; además deberá indicar las fechas de conocimiento de cada uno de los actos reclamados. 3. Manifieste bajo protesta de decir verdad el motivo por el cual señala autoridades del orden civil y penal, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que reclama una orden de desalojo y la terminación de un contrato de comodato, sin que se desprenda que tales actos deriven de un asunto penal. Se hace saber a la parte promovente del amparo de los delitos en que incurren los quejosos cuando afirman hechos falsos u omiten aquellos que les constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]". Apercibida que de no cumplir con el anterior requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. IV. Se ordena protección de identidad de menor de edad. Por otro lado, toda vez que el presente juicio parece ser promovido por un infante quejoso, por los motivos que se expusieron con antelación; en consecuencia, con apoyo en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos en que afecten a niñas, niños y adolescentes" (puntos 9 y 10, capítulo III, de las Reglas de actuaciones generales); así como en la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16, párrafo I), Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11.2); Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos (párrafos 8, inciso a), 26, 27 y 28), Manual sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos (Capítulo VII, p. 59 - 63), Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores también conocidas como Reglas de Beijing (Regla 8), este órgano jurisdiccional ordena salvaguardar la privacidad de la participación infantil a través del resguardo de su identidad, lo anterior en aras de proteger su derecho fundamental a la privacidad e intimidad; para efecto de lo cual se deberá sustituir el nombre del niño quejoso en el presente procedimiento constitucional con sus iniciales, en todo proveído dictado en el presente asunto, así como en las listas de acuerdos, diligencias, comunicaciones oficiales, así como en la sentencia que se dicte en su momento, debiendo glosarse al expediente en sobre cerrado, hoja que contenga el nombre completo del infante de referencia. V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 y el correlativo artículo 24, ambos de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por así solicitarlo. VI. Se exhorta a las partes. Por otro lado, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VII. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VIII. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. XI. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el nueve de noviembre de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida del licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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