Beatriz Carrillo Acosta y Otros.
Expediente 582/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 582/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/12/2015
Partes del expediente
- Beatriz Carrillo Acosta y Otros.
- Gerardo J. Carrillo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que tuvo por desechada la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso en contra de dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías, no existen documentos originales exhibidos por la parte promovente y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de dos de diciembre de dos mil quince, que dice: "Se tiene por recibida la demanda de amparo signada por Gerardo J. Carrillo también conocido como Gerardo Carrillo Jiménez y Beatriz Carrillo Acosta también conocida como Juana Beatriz Acosta Pérez, contra actos de: 1. Juez Primero de lo Familiar con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 582/2015-II-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso a estudio, la demanda de amparo debe desecharse al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". Realizando una interpretación del 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XVIII, tenemos que éste prevé el principio de definitividad, al cual todo quejoso debe atender previó a la interposición del juicio constitucional, ya que dicho precepto establece que el juicio de amparo es improcedente si se promueve contra actos que admitan un medio de defensa alterno y que pueda ser hecho valer ante la autoridad que emitió el acto que se consideré trasgresor de derechos fundamentales; lo cual trae como consecuencia, que la instancia constitucional sólo proceda respecto de actos definitivos, en relación con los cuales no exista recurso alguno o medio de defensa que pueda dar lugar a la modificación, revocación, o anulación del acto impugnado. Lo anterior, en virtud de que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Establecido lo anterior, y analizada la demanda en su integridad, se advierte que los quejosos señalaron como acto reclamado el siguiente: "El auto de fecha 25 de octubre de 2015, dictado por la autoridad responsable, el cual surtió efectos el día 6 de noviembre del 2015 en donde la autoridad responsable manifestó no ha lugar a nuestro escrito de fecha 06 de octubre del 2015, haciendo una manifestación en el acuerdo que se re recurre, sin fundamento y motivación alguna." Ahora bien, en relación con el acto reclamado consistente en el auto de veinticinco de octubre de dos mil quince, dictado por el Juez Primero de lo Familiar con residencia en esta ciudad, mediante el cual determinó que no ha lugar a su petición de adopción, esta Juzgadora determina que en el caso, no se cumplió con el principio de definitividad que debe agotarse previo a la interposición del juicio constitucional. Lo anterior es así, toda vez que los quejosos manifiestan bajo protesta de decir verdad, dentro de su escrito de demanda, que el cinco de mayo de dos mil catorce, presentaron demanda de diligencias de jurisdicción voluntaria ante Juez Primero de lo Familiar con residencia en esta ciudad, misma que fuera radicada bajo el número 1095/14 y posteriormente resuelta mediante auto dictado el veinticinco de octubre de dos mil quince, determinando que no ha lugar a su petición de adopción, siendo procedente en contra de este último el recurso de apelación, ello conformidad con el artículo 883 del Código de Procedimientos Civiles el Estado de Baja California, que establece : "Artículo 883. Las providencias de jurisdicción voluntaria serán apelables, en ambos efectos, si el recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias, y sólo en el devolutivo, cuando el que recurre hubiere venido al expediente voluntariamente o llamado por el Juez, o para oponerse a la solicitud que haya dado motivo a su formación." Recurso mismo, respecto del cual los aquí quejosos no realizan manifestación alguna en relación con su interposición en contra del auto aquí reclamado, a pesar de que se encontraban obligados a ello, en función del principio de definitividad que consiste precisamente en que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se agoten todos los recursos o medios de defensa que la ley otorgue a las partes de un juicio o procedimiento. Sirve de apoyo la Tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II febrero de 2012, Materia Común, Décima Época, visible en la página 1627, cuyo rubro y texto es el siguiente: RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si el amparo indirecto se reclama una providencia dictada en un procedimiento judicial no contencioso, como lo es la jurisdicción voluntaria, y contra tal determinación procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, como lo establece el artículo 749 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero; con tal circunstancia, al no agotarse tal medio de impugnación, procedente en el caso, antes de acudir al amparo, provoca la improcedencia del juicio de garantías , de acuerdo al diverso 73, fracción XIII, de la ley de la materia. De igual forma, apoya lo anterior, la jurisprudencia I.3o.C. J/39, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1214, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que es del tenor literal siguiente: DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Por tanto, ante la omisión de los impetrantes de haber interpuesto el recurso de apelación ante el propio 1. Juzgado Primero de lo Familiar, con sede en esta ciudad, tiene como resultado que el juicio de amparo ahora promovido resulte improcedente. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo promovida por Gerardo J. Carrillo también conocido como Gerardo Carrillo Jiménez y Beatriz Carrillo Acosta también conocida como Juana Beatriz Acosta Pérez"
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