Beatriz Calleja Rojas
Expediente 1117/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1117/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 02/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Beatriz Calleja Rojas
- Fiscal General del Estado de Morelos, Por Si Y Por los Agentes del Ministerio Público O Fiscales Adscritos A la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos Que Se Encuentran A Su Mando Por Si O Por la Policía de Investigación Criminal Que Se Encuen
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; dos de mayo de dos mil veintidós Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada por este juzgado en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. Se tramitó incidencia de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, ARCHÍVENSE LOS AUTOS COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de expediente principal. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 21, inciso a) y penúltimo párrafo, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Por otro lado, se hace la precisión que el criterio y plazo de conservación es el siguiente: Destruible y deberá conservarse en el archivo de este Juzgado durante TRES AÑOS; asimismo, el expediente no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en el instrumento normativo en cita y no obran documentos originales que deban ser devueltos a quien corresponda. Destino de cuaderno incidental. Respecto al original del incidente de suspensión, conforme lo establece el artículo 18, inciso a), del referido Acuerdo General, procédase a la correspondiente depuración, una vez transcurridos los TRES AÑOS posteriores a este acuerdo, dado el sentido de la suspensión provisional. En la inteligencia que el duplicado del incidente de suspensión, según lo establece la fracción II, inciso a) del artículo 20 de tal Acuerdo, será destruido una vez transcurridos seis meses posteriores a la emisión del presente proveído que ordena el archivo del expediente. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo. SEGUNDO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; cinco de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que ya obra la totalidad de los informes justificados de las autoridades responsables; por tanto se levantan las reservas de cinco seis de octubre y ocho de noviembre de la anualidad pasada, se levantan la reservas aludidas y se provee: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes justificados obrantes en autos, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Relaciónense en la audiencia constitucional. Diferimiento audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio, artículo 26, fracción II citado, cumple con tal exigencia, estos es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. Asimismo, del estado de autos ser advierte que el veintiocho de noviembre pasado, No ha lugar a ordenar emplazar a tercero interesado. Se desechan pruebas. Ahora bien, dado que el veintiocho de septiembre pasado, se reservó proveer sobre el emplazamiento del tercero interesado; no ha lugar a ordenar emplazamiento alguno dado el sentido negativo en que fueron rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. Desechamiento de pruebas (informes de autoridad). Por cuanto a la prueba que ofrece, consistente en el informe de autoridad a cargo de la Dirección de Catastro del Estado de Morelos, se desecha, toda vez que dada la naturaleza de la información que se pretende obtener, es evidente que la misma obra en los archivos del autoridad respectiva, de manera documental, por ende, de esa forma debe ser solicitada, directamente por la parte promovente, y en el caso, ésta no acreditó haber realizado las gestiones necesarias ante la autoridad de quien solicita dicha probanza, pues como se advierte de la demanda de amparo, no anexó documento en donde demuestre que haya efectuado gestión alguna para obtener la información pretendida, lo que resulta de suma importancia para este órgano de control constitucional, a más de que uno de los principios generales que rigen el juicio constitucional en materia de pruebas, lo es el hecho de que las partes deben allegar al juicio las constancias que como tales pretendan ofrecer, con el fin de acreditar sus pretensiones. Por tanto, no ha lugar a admitir la probanza de informe de autoridad que pretende la parte quejosa, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Amparo, ya que, esa información deberá solicitarla directamente ante esa autoridad y de negársela, entonces, en términos del invocado numeral, este Tribunal podrá solicitarla; máxime que la carga de la prueba le corresponde a la parte impetrante de amparo. Apoya lo anterior en lo conducente, la tesis IV.1o.C.33 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la página 2683 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, correspondiente al mes de Julio de 2007, materia común, Novena Época, cuyo rubro: "PRUEBA "DOCUMENTAL VÍA INFORME" EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO PUEDE SOLICITARLA CON LA SIMPLE MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE, SI CORRESPONDE A ÉSTE LA OBLIGACIÓN DE GESTIONAR Y REQUERIRLA DIRECTAMENTE A LA AUTORIDAD, Y SÓLO EN CASO DE NEGATIVA INTERVENIR PARA QUE SE LE EXPIDA. El artículo 152, párrafo primero, de la Ley de Amparo dispone que los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que las partes del juicio de garantías les soliciten para ofrecerlos como prueba en la audiencia constitucional y en caso de negativa serán requeridos por el Juez de Distrito. En esa tesitura, si en el juicio de garantías una de las partes ofrece como prueba la "documental vía informe" de determinada autoridad, al margen de su denominación, dicha probanza constituye una prueba documental al tener como objetivo obtener información, pues de qué otra manera tendría que rendirse por la autoridad a quien se le solicita para hacer constar su existencia o inexistencia y, en su caso, otorgar la copia que avale su contenido. Consecuentemente, el Juez de Distrito no puede solicitar a la autoridad el informe pretendido con la simple manifestación del oferente, ya que al juzgador no le corresponde procurar las pruebas de las partes, sino que a éstas les incumbe la obligación de gestionar y requerir directamente ante la autoridad la información respectiva y sólo en caso de negativa el juzgador de amparo puede intervenir para que se le otorgue en aras de respetar el espíritu del citado precepto." Finalmente, respecto a la prueba que ofrece, consistente en el informe de autoridad a cargo del Consulado Americano, se desecha, pues una vez analizadas las interrogantes formuladas por la parte quejosa, se advierte que pretende probar que una persona se encuentra radicando en el extranjero y la fecha en que ingreso a territorio mexicano, lo que no se encuentra relacionado con el acto reclamado, pues en su demanda señaló como tal la orden de aprehensión, presentación, búsqueda, comparecencia y la negativa a recibir un escrito de designación de defensor y solicitud de copias de la carpeta de investigación, lo que como ya se dijo, no guardan relación con lo aquí reclamado, por lo que el medio de convicción ofrecido no resulta idóneo para probar el acto de molestia. Es aplicable al caso, la tesis del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 163, Tomo 181-168, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBAS EN EL AMPARO. DEBEN DESECHARSE TODAS AQUELLAS QUE SEAN INCONDUCENTES. El artículo 150 de la Ley de Amparo establece que en el juicio de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra el derecho; sin embargo, este precepto debe interpretarse tomando en cuenta el principio general de derecho que faculta al Juez para desechar las pruebas que estime inconducentes o no idóneas; por ello, si se pretende acreditar por medio de una inspección judicial un hecho que es materia de prueba documental, debe desecharse aquélla pues de no hacerlo así equivaldría a dar a los artículos 151 y 152 de la ley en comento una interpretación indebida y convertir al Juez de Distrito en un colaborador del oferente de la prueba". Por lo anterior, se desecha la prueba de informe de autoridad aludida. Notifíquese y; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa, el acuerdo de cinco de enero de dos mil veintidós. ACUERDO: Cuernavaca, Morelos; cinco de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que ya obra la totalidad de los informes justificados de las autoridades responsables; por tanto se levantan las reservas de cinco seis de octubre y ocho de noviembre de la anualidad pasada, se levantan la reservas aludidas y se provee: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes justificados obrantes en autos, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Relaciónense en la audiencia constitucional. Diferimiento audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio, artículo 26, fracción II citado, cumple con tal exigencia, estos es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. Asimismo, del estado de autos ser advierte que el veintiocho de noviembre pasado, No ha lugar a ordenar emplazar a tercero interesado. Se desechan pruebas. Ahora bien, dado que el veintiocho de septiembre pasado, se reservó proveer sobre el emplazamiento del tercero interesado; no ha lugar a ordenar emplazamiento alguno dado el sentido negativo en que fueron rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. Desechamiento de pruebas (informes de autoridad). Por cuanto a la prueba que ofrece, consistente en el informe de autoridad a cargo de la Dirección de Catastro del Estado de Morelos, se desecha, toda vez que dada la naturaleza de la información que se pretende obtener, es evidente que la misma obra en los archivos del autoridad respectiva, de manera documental, por ende, de esa forma debe ser solicitada, directamente por la parte promovente, y en el caso, ésta no acreditó haber realizado las gestiones necesarias ante la autoridad de quien solicita dicha probanza, pues como se advierte de la demanda de amparo, no anexó documento en donde demuestre que haya efectuado gestión alguna para obtener la información pretendida, lo que resulta de suma importancia para este órgano de control constitucional, a más de que uno de los principios generales que rigen el juicio constitucional en materia de pruebas, lo es el hecho de que las partes deben allegar al juicio las constancias que como tales pretendan ofrecer, con el fin de acreditar sus pretensiones. Por tanto, no ha lugar a admitir la probanza de informe de autoridad que pretende la parte quejosa, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Amparo, ya que, esa información deberá solicitarla directamente ante esa autoridad y de negársela, entonces, en términos del invocado numeral, este Tribunal podrá solicitarla; máxime que la carga de la prueba le corresponde a la parte impetrante de amparo. Apoya lo anterior en lo conducente, la tesis IV.1o.C.33 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la página 2683 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, correspondiente al mes de Julio de 2007, materia común, Novena Época, cuyo rubro: "PRUEBA "DOCUMENTAL VÍA INFORME" EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO PUEDE SOLICITARLA CON LA SIMPLE MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE, SI CORRESPONDE A ÉSTE LA OBLIGACIÓN DE GESTIONAR Y REQUERIRLA DIRECTAMENTE A LA AUTORIDAD, Y SÓLO EN CASO DE NEGATIVA INTERVENIR PARA QUE SE LE EXPIDA. El artículo 152, párrafo primero, de la Ley de Amparo dispone que los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que las partes del juicio de garantías les soliciten para ofrecerlos como prueba en la audiencia constitucional y en caso de negativa serán requeridos por el Juez de Distrito. En esa tesitura, si en el juicio de garantías una de las partes ofrece como prueba la "documental vía informe" de determinada autoridad, al margen de su denominación, dicha probanza constituye una prueba documental al tener como objetivo obtener información, pues de qué otra manera tendría que rendirse por la autoridad a quien se le solicita para hacer constar su existencia o inexistencia y, en su caso, otorgar la copia que avale su contenido. Consecuentemente, el Juez de Distrito no puede solicitar a la autoridad el informe pretendido con la simple manifestación del oferente, ya que al juzgador no le corresponde procurar las pruebas de las partes, sino que a éstas les incumbe la obligación de gestionar y requerir directamente ante la autoridad la información respectiva y sólo en caso de negativa el juzgador de amparo puede intervenir para que se le otorgue en aras de respetar el espíritu del citado precepto." Finalmente, respecto a la prueba que ofrece, consistente en el informe de autoridad a cargo del Consulado Americano, se desecha, pues una vez analizadas las interrogantes formuladas por la parte quejosa, se advierte que pretende probar que una persona se encuentra radicando en el extranjero y la fecha en que ingreso a territorio mexicano, lo que no se encuentra relacionado con el acto reclamado, pues en su demanda señaló como tal la orden de aprehensión, presentación, búsqueda, comparecencia y la negativa a recibir un escrito de designación de defensor y solicitud de copias de la carpeta de investigación, lo que como ya se dijo, no guardan relación con lo aquí reclamado, por lo que el medio de convicción ofrecido no resulta idóneo para probar el acto de molestia. Es aplicable al caso, la tesis del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 163, Tomo 181-168, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBAS EN EL AMPARO. DEBEN DESECHARSE TODAS AQUELLAS QUE SEAN INCONDUCENTES. El artículo 150 de la Ley de Amparo establece que en el juicio de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra el derecho; sin embargo, este precepto debe interpretarse tomando en cuenta el principio general de derecho que faculta al Juez para desechar las pruebas que estime inconducentes o no idóneas; por ello, si se pretende acreditar por medio de una inspección judicial un hecho que es materia de prueba documental, debe desecharse aquélla pues de no hacerlo así equivaldría a dar a los artículos 151 y 152 de la ley en comento una interpretación indebida y convertir al Juez de Distrito en un colaborador del oferente de la prueba". Por lo anterior, se desecha la prueba de informe de autoridad aludida. Notifíquese y; personalmente a la parte quejosa.
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