Beatriz Buitimea Arcos
Expediente 286/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 286/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Beatriz Buitimea Arcos
Actuaciones
- Principal
EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Juicio 286/2022 folio 2849. cuatro de marzo de dos mil veintidós. Agréguese la demanda de amparo promovida por Beatriz Buitimea Arcos, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia de la ciudad de Tenosique, Tabasco. Aspectos Generales Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 286/2022. Genérese el expediente electrónico e impreso. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; ello, pues en atención al principio de impartición de justicia pronta, completa e imparcial que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Precisión del acto reclamado. Al analizar la demanda de amparo presentada por la quejosa Beatriz Buitimea Arcos, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se aprecia que señala como acto reclamado el siguiente El punto primero del auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, emitido en el expediente 248/2019 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia de Tenosique, Tabasco, en el que se modificó el porcentaje que se le descontaba al demandado José de la Luz Arias Cortázar, por concepto de pensión alimenticia, esto es, se ordenó retener el porcentaje del diez (10) por ciento que le era entregado a la aquí quejosa por dicho concepto. Desechamiento de demanda. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso en primer término se actualiza la causal de improcedencia establecida en el articulo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en razón de que la quejosa es parte formal y material en el juicio de origen, por lo que estaba obligada a agotar el principio de definitividad. A lo que el artículo citado dispone Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Dicho principio procesal del juicio de amparo, deriva del contenido de la fracción III del artículo 107 constitucional, mismo que textualmente dispone Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o 99 estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. El dispositivo apuntado contempla el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo. La falta de cumplimiento de esa obligación acarrea la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior obedece a que el juicio de amparo es, de suyo, un medio de defensa extraordinario, de tal manera que los recursos ordinarios se constituyen en una especie de filtro, cuyo objetivo es impedir el abuso del juicio de derechos fundamentales, ya que a través de la sustanciación de los recursos o medios de impugnación ordinarios pueden darse por terminados conflictos o litigios que, dada su naturaleza, no tienen razón de ser del conocimiento de los tribunales federales de amparo. Para que se actualice la causal de improcedencia antes aludida, es necesario que concurran los requisitos siguientes a) Que se trate de una resolución que provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, Excepciones: c) Que la parte quejosa no sea una persona extraña al juicio de origen. d) Que no se trate de actos que importen peligro a la privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. e) Que no se trate de un acto reclamado consistente en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación, resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca requisitos para su disfrute. En el caso a estudio, se reúnen los requisitos que se precisaron en líneas supracitadas, para que se actualice la causal de improcedencia que se invoca. Esto, en virtud de que el primero de los requisitos -que el acto reclamado emane de una autoridad judicial, administrativa o del trabajo- y toda vez que el acto de reclamo se trata del punto primero del auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, emitido en el expediente 248/2019 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia de Tenosique, Tabasco. Asimismo, se actualiza el segundo de los requisitos enunciados -proceda algún medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama- en atención a que contra el acto reclamado procede el recurso de reconsideración. Para sustentar tal aserto conviene trascribir los artículos 342 y 347, en relación con el artículo 343 y 352, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, que establecen*** En este punto, cabe precisar que la improcedencia del juicio intentado es evidente, toda vez que así lo manifestado la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, y en ese sentido se considera suficientemente acreditado el requisito que ve al carácter manifiesto de la causa de improcedencia. Ahora, en el caso la parte quejosa, quien comparece al presente juicio por su propio derecho, reclama sustancialmente el punto primero del auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, emitido en el expediente 248/2019 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia de Tenosique, Tabasco, en el que se modificó el porcentaje que se le descontaba al demandado José de la Luz Arias Cortázar, por concepto de pensión alimenticia, esto es, se ordenó retener el porcentaje del diez (10) por ciento que le era entregado a la aquí quejosa por dicho concepto. De lo anterior, se arriba a la conclusión que contra el auto combatido en este juicio biinstancial, conforme a la legislación aplicable al caso, admite un recurso ordinario, lo que implica desde luego que para combatirlo no puede acudirse directamente al juicio constitucional, sin antes agotar tal proceso de composición. Ello es así, pues el aludido auto no se ubica en el catálogo de las resoluciones impugnables a través del recurso de apelación, por exclusión dicho auto puede ser revocado o modificado a través del medio de defensa ordinario previsto en el artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, esto es, el recurso de reconsideración. De lo que se sigue, que la amparista debió agotar el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de reconsideración antes de acudir a la instancia constitucional, porque no se actualiza para la procedencia del juicio de amparo indirecto intentado ninguno de los supuestos de excepción. De tal forma que la inconformidad de la quejosa con dicha determinación pudo hacerla valer de manera inmediata mediante el medio ordinario de defensa, a través del cual tratara de obtener la modificación del auto que tilda de inconstitucional. Por lo antes expuesto, al poder obtenerse la revocación, modificación o nulificación de tal determinación, pues durante la tramitación del juicio en lo natural, existe la posibilidad de impugnarla a través del recurso de reconsideración y por las diversas excepciones y defensas que plantee, para poder obtener, como se dijo en líneas precedentes, la modificación o revocación de tal determinación, emitida en los autos del procedimiento de origen. Ahora, de la interpretación que se realiza del artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa, se arriba a la conclusión que el recurso de reconsideración en el juicio natural satisface los requisitos, para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular el acuerdo emitido dentro del juicio de origen, generador del acto reclamado; entonces, si la promovente del presente sumario es parte en el juicio de origen está constreñida u obligada a agotar el medio ordinario de defensa en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad responsable; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia responsable mediante la tramitación del recurso respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Por tanto, en contra del acuerdo reclamado por la impetrante es improcedente el juicio de amparo, dado que en contra del mismo tendrá que agotar el recurso establecido en el artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco.*** De ahí que se pueda concluir que si la parte quejosa no interpuso el medio de defensa que la ley de la materia contempla, por virtud del cual se puedan revocar el acto que se reclama -previo a acudir al presente juicio-, no obstante su vinculación al juicio de origen, es palmario que no se cumplió con el principio de definitividad; por lo que es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo; y, por ende, se desecha la demanda de amparo.*** Domicilio de la quejosa y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Elsa Romana Campos de la Cruz y Yosse Faviola Gutiérrez Correa, esto en razón que cuentan con sus cédulas profesionales inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos1 a Iván Aguila Ventura, Natalia Correa Medina, Miguel Rodríguez Gutiérrez, Eunice López Correa, Silvia Hernández Miranda y Karen Alondra Méndez Méndez, por así haberlo expresado la parte quejosa. Además, téngase como medio de comunicación no procesal el número telefónico proporcionado por la parte quejosa. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente*** Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
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