Beatriz Bueno Salgado
Expediente 63/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 63/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Beatriz Bueno Salgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de abril de dos mil veintidós. Feneció plazo otorgado a la parte quejosa para manifestarse sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Visto el estado procesal de los autos, específicamente, de la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, sin que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable, no obstante de estar debidamente notificada; en consecuencia, este órgano procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio cumplimiento. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, registro digital 192174, de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." De la sentencia de amparo y sus efectos. En la resolución dictada por este juzgado de Distrito el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para que la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, cumpliera con los siguientes efectos: "Deje sin efectos el auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, únicamente por cuanto a la fecha señalada para el desahogo de la prevista por el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y señale una nueva fecha, acorde al termino establecido en la ley materia. Realice la notificación de dicho proveído a las partes procesales." Ejecutoria. Sentencia que causó ejecutoria el catorce de marzo de dos mil veintidós y en esa misma data se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Del cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio recibido en veintidós de marzo de la presente anualidad en la Oficialía de Partes de este juzgado de Distrito, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por conducto de su presidente y secretario general, remitió copia certificada del auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, por el que dejo insubsistente la fecha para el desahogo de la audiencia de ley y señaló una nueva data cercana, así como de las constancias de notificación a la parte actora y demandada de dicha determinación. Documentales expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones; por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Ejecutoria de amparo cumplida. En las narradas condiciones, este juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, puesto que la responsable ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de sus derechos violados. Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución, siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo, es decir; dentro del expediente laboral de origen dejó sin efectos la fecha señalada inicialmente para la audiencia de ley, señaló una nueva más cercana y acreditó la notificación a las partes de dicho proveído; tal como se precisó en los efectos del fallo protector otorgado. Anotaciones y archivo. Con base en lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal y con base en lo dispuesto por el cuarto párrafo del dispositivo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Ahora bien, toda vez que se concedió la protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte), se declara que este expediente es susceptible de depuración. Relevancia documental. Además, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Asimismo, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Transferencia del sumario. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De la inconformidad con la presente determinación. Hágase del conocimiento de las partes para los efectos señalados en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa cumplimiento a ejecutoria de amparo. Intégrese a los autos el oficio firmado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por conducto de su presidenta y secretario general, a través del cual informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y para tal efecto remite copia certificada del acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio laboral *******, en el cual se dejó insubsistente la fecha señalada para las trece horas del dos de mayo de dos mil veintidós y, en su lugar, se señalan las diez horas del veinticinco de marzo de dos mil veintidós, así como las cédulas de notificación a las partes del acuerdo en mención. Vista a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que, en caso de no hacerlo, este juzgado federal se pronunciará respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias que obran en autos. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, marzo de 2000, página 243, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de marzo de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado que guardan los autos, y específicamente de la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Firmeza de la sentencia Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada por este Juzgado Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Requerimiento a las autoridades. Ahora bien, con fundamento en el numeral 192, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, cumpla con la sentencia de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos: ". Se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada por la parte quejosa en contra de la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, para el efecto de que dentro del juicio laboral 01/1069/2021: Deje sin efectos el auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, únicamente por cuanto a la fecha señalada para el desahogo de la prevista por el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y señale una nueva fecha, acorde al termino establecido en la ley materia. Realice la notificación de dicho proveído a las partes procesales. ." Dicho plazo se otorga tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado y los efectos de la concesión del amparo, así como la dificultad que pudiera presentar su cumplimiento, tal como lo autoriza el artículo 192 de la ley de la materia. Apercibimiento. Con el apercibimiento para el caso de desacato a dicho requerimiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien unidades de Medida y Actualización, acorde a lo dispuesto por el numeral 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendientes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que, con exactitud, deberán cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Apoya a lo anterior determinación, la Tesis VII.2o.C.16 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, cuyo rubro es el siguiente: "SENTENCIA AMPARADORA. LINEAMIENTOS PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO." Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 63/2022. R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de enero del dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado por razón de turno a este Juzgado de Distrito, **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo contra los actos que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. II. Admisión de la demanda: El diecisiete de enero de dos mil veintidós. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El diecinueve de enero de dos mil veintidós. IV. Precepto constitucional que la parte quejosa considera vulnerados. El artículo 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que, el acto reclamado se atribuye a una autoridad que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, se hace consistir en: a) señalamiento de fecha lejana para que tenga verificado la audiencia de ley dentro del juicio laboral ******. III. Existencia del acto reclamado. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, aceptó el acto reclamado que se le atribuye; remitiendo copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio de amparo, a las que se le otorga valor probatorio pleno por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. IV. Causa de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. En el caso no se actualiza causal de improcedencia alguna. V. Estudio de fondo del asunto. Se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, al tenor de los argumentos con los que la quejosa hace valer sus conceptos de violación, mismos que no se transcriben por no ser necesario para el desarrollo y dictado de la presente resolución; además, porque tal cuestión no lo deja en estado de indefensión, al no privarlo del derecho de alegar lo que estime conveniente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". La parte quejosa alega, en su concepto de violación, esencialmente que la autoridad responsable contraviene el artículo 17 constitucional, en virtud de fijó fecha lejana para la celebración de la audiencia de ley, dentro del expediente laboral *******. El anterior concepto de violación, es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en razón a las siguientes consideraciones. En efecto, de las constancias que remitió el tribunal laboral, se advierte que dentro el expediente laboral ******, por auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable fijó las trece horas con treinta minutos del dos de mayo del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia prevista por el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Ahora bien, el artículo 17 de la Constitución Federal, en lo que interesa refiere: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". El dispositivo en comento consagra el llamado derecho a la jurisdicción, a través del cual se garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta, completa e imparcial. En el caso, se hace necesaria la transcripción de los artículos 115, 116, 117 y 119 de la Ley del Servicio Civil, los cuales norman el procedimiento laboral, en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Los ordinales invocados, en lo conducente prevén: "Articulo 115. El procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores. Artículo 116. A la demanda y a la contestación se acompañarán las pruebas en que se funden y los documentos que acrediten la personalidad. Artículo 117. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dentro de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir del momento en que reciba la demanda, dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia a que hace referencia el artículo 115, la cual deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a los que se haya recibido la demanda. En el mismo acuerdo ordenará se notifique personalmente a las partes con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda. En la notificación se apercibirá al demandado que si no concurriere a la audiencia, se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho para ofrecer pruebas. Artículo 119. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje apreciará en conciencia las pruebas que le presenten las partes, sin sujetarse a reglas fijas para su actuación y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo la consideración en que funda su decisión. El Tribunal está facultado y obligado a adoptar todas las medidas necesarias para el efecto de resolver los juicios en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda.". Como se desprende de lo anterior, el procedimiento laboral ante el tribunal estatal de conciliación son claros y breves, ya que el juicio se inicia con la demanda, la contestación se hace en igual forma; en una sola audiencia, previa conciliación, se da contestación a la demanda, se desahogan las pruebas, se formulan alegatos y se dicta el laudo correspondiente; procedimiento y resolución que deberá efectuarse en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda. En el caso, es evidente que los términos antes aludidos, en la tramitación del juicio laboral del que emana la omisión reclamada han transcurrido sin que se haya celebrado la audiencia prevista por el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 113/2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diez de septiembre último, que resolvió la contradicción de tesis 35/2000, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito, que dice: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.". Siendo pertinente aclarar, que dado que la ley burocrática local prevé que el procedimiento que debe seguirse en los juicios de su competencia, es incuestionable, que no procede la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario fijar términos para el desahogo de las pruebas, ni que previo al dictado del laudo se debe citar para oír alegatos o se deba de cerrar la instrucción, y menos aún, que se elabore un proyecto de resolución, ni que se lleve a cabo una sesión en la que se discuta y vote, por lo que, estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer. Al caso tiene aplicación la Jurisprudencia, por Contradicción de Tesis 2ª/J. 52/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, visible en la página 526, del tenor literal siguiente: "TRABAJADORES BUROCRÁTICOS LOCALES. LOS ARTÍCULOS 885 A 889 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE CUANDO LA LEY LOCAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECE QUE SE CONSTREÑIRÁ A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN Y CELEBRACIÓN DE UNA SOLA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN (LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y TAMAULIPAS). Para que proceda la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo tratándose de procedimientos burocráticos locales, es menester que la ley que los regula contemple la institución respecto de la cual se pretende tal aplicación y que aquélla no esté reglamentada, o bien que su reglamentación sea deficiente. Por tanto, si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y en su caso se dictará el laudo respectivo, es incuestionable que no procede la aplicación supletoria de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, por lo que de estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer; además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del Tribunal o de la Junta de que se trate, al ser jurídicamente válido que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia.". Sin embargo, en el caso el Tribunal responsable no ha dado cumplimiento con los términos antes señalados, ya que el estado procesal que guarda el expediente laboral impide que haga el pronunciamiento respectivo del dictado del laudo, dado que no ha tenido verificativo la audiencia prevista por el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Por otro lado, si bien se trata de violaciones de naturaleza procesal, sin embargo, sí afecta en forma directa e inmediata a la parte quejosa, vulnerándose el principio de celeridad en la administración de justicia, contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente estatuye que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial. Sirve de sustento por analogía, la jurisprudencia I.1o.T. J/32, Tomo VII Marzo de 1998, página 724, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, del rubro y contenido siguiente: PRUEBAS. EL SEÑALAMIENTO DE UNA FECHA REMOTA PARA SU RECEPCIÓN IMPLICA UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.- Cuando los tribunales de trabajo señalan una fecha distante para la recepción de los medios de prueba que las partes proponen, tal proceder constituye un acto de imposible reparación que irroga, por sí solo, un perjuicio irreparable conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; no obstante que se trata de una violación adjetiva o procesal, afecta en forma directa e inmediata al oferente, vulnerándose el principio de celeridad contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente estatuye que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial.". SEXTO. Efectos del amparo. Se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada por la parte quejosa en contra de la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, para el efecto de que dentro del juicio laboral *********: Deje sin efectos el auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, únicamente por cuanto a la fecha señalada para el desahogo de la prevista por el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y señale una nueva fecha, acorde al termino establecido en la ley materia. Realice la notificación de dicho proveído a las partes procesales. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ***********, respecto del acto y autoridad precisados en el segundo considerando, para los efectos y consecuencias establecidas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.
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