Beatriz Brito Baranda

Expediente 372/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
372/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Beatriz Brito Baranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA II. Vista la certificación secretarial, así como el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para recurrir la determinación de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, sin que haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2° y 98 de la ley de la materia, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Dese el aviso correspondiente a las partes, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido. (...)

  2. Principal

    Vista la notificación personal realizada a ********************, en representación de la ******************** del proveído de veinticuatro de noviembre pasado, se advierte que ratificó el escrito de desistimiento. Al efecto, es preciso destacar que en términos generales el desistimiento es un acto procesal mediante el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado. Ahora, la intención de abandonar el trámite del juicio, puede efectuarse en cualquier actuación, incluso, en el acto de la notificación, en razón de que las diligencias practicadas por los Actuarios de los Juzgados de Distrito tienen plena validez, ya que cuentan con la capacidad legal para realizarlas y su resultado tiene el valor de prueba plena, ya que el Actuario está investido por disposición de la ley de fe pública. Al caso es aplicable la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 121-126, Sexta Parte, Materia Común, página 16, que dice: "ACTUARIOS DE JUZGADOS DE DISTRITO, ACTUACIONES EFECTUADAS POR LOS, VALOR PROBATORIO PLENO DE LAS. El Juez de Distrito está obligado a atribuir valor probatorio pleno a las actuaciones realizadas por los actuarios del propio juzgado, según lo previenen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles (conforme a los cuales los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan); con mayor razón, desde luego, cuando tales actuaciones no fueron declaradas nulas, en términos de lo previsto por el artículo 32 de la Ley de Amparo." Sobre esa base, atendiendo a que la promovente expresó su deseo de desistir del juicio; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la referida impetrante por desistido de esta instancia constitucional, y en vía de consecuencia, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EL JUICIO DE AMPARO. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 70, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página 54, de rubro y texto: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, por lo que es patente que el derecho de acción en demanda de garantías individuales lo tiene el quejoso ante el órgano jurisdiccional en contra de actos de autoridad; de ahí que existe la posibilidad jurídica de que lo retire, en cualquier momento, por una mera declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la acción. Por consiguiente, el desistimiento de la acción, ratificado plenamente por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia, e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para renunciar al ejercicio de su acción, en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Asimismo es aplicable la tesis 2a./J. 10/2003, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Marzo de 2003, página 386, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el doce de diciembre del año en curso; asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. En atención a lo anterior, y dado que no fue posible realizar el emplazamiento a la diversa tercera interesada ******************** en este juicio, se deja sin efectos cualquier gestión pendiente para la localización de la citada contendiente.

  3. Principal

    MESA II. Se requiere a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA II.- Vista la razón actuarial de cuenta, tómese nota de la imposibilidad del actuario de la adscripción para llevar a cabo el emplazamiento de la tercera interesada Antonia Martínez Pérez, a través de los medios ordenados en auto de diez de octubre del año en curso, por las razones que expone. Consecuentemente, del ocurso con que se dio cuenta para la emisión del referido proveído, se advierte que la parte quejosa señaló otros dos domicilios fuera de la jurisdicción de este juzgado; sin embargo, los datos son imprecisos pues únicamente refiere el municipio y estado de la república, por lo que ante la imposibilidad de llevar a cabo dicha diligencia, se requiere por última ocasión a la promovente para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione el domicilio correcto, preciso y actual de la referida contendiente, a efecto de que este juzgado esté en aptitud de hacer el llamamiento a juicio. Con el apercibimiento decretado en el acuerdo de diez de octubre pasado. En otro orden, del estado procesal de autos, se advierte que la audiencia constitucional está señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del catorce de noviembre de dos mil veintidós; sin embargo, no será factible llevarla a cabo, por las razones antes descritas, por lo que se difiere de manera anticipada y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.

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