Beatriz Atena de la Fuente Fierros

Expediente 427/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
427/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Beatriz Atena de la Fuente Fierros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que se sobreseyó el juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues no se encuentran legitimadas para recurrir la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. 2. Archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del año en curso, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 4. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Sin mayor trámite. Agréguese a los autos, sin mayor trámite el telegrama que remite el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo por el Director en Jefe de esta institución, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual, rinde su informe justificado, toda vez que en resolución de veintinueve de los actuales se resolvió el presente juicio de amparo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 427/2023, promovido por ********************, por alegada violación de los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional y/o quien se encuentre fungiendo como tal y otras autoridades responsables, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional y/o quien se encuentre fungiendo como tal y Director en Jefe del Registro Agrario Nacional de la Ciudad de México: La omisión de la expedición y entrega del título de propiedad ********************, que ampara el lote ********************, manzana ********************, del ********************, municipio de ********************, Michoacán; falta de seguimiento y observancia para dar respuesta en tiempo y forma a la expedición y entrega del referido título de propiedad. Del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado, con residencia en esta ciudad: La falta de inscripción del título de propiedad ********************, que ampara el lote ********************, manzana ********************, del ********************, municipio de ********************, Michoacán. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman omisiones de autoridades residentes en esta ciudad, y la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, en donde este órgano ejerce jurisdicción. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. La autoridad responsable Director de Catastro del Instituto Registral Catastral del Estado de Michoacán, negó la existencia de la omisión reclamada. En ese sentido, al reclamarse de dicha autoridad un acto omisivo, que implica un hecho negativo, es decir, que ésta no han realizado algo, les corresponde probar el debido ejercicio de su facultad; sin embargo, esa obligación de la autoridad queda supeditada, además de que tenga atribuciones para ello, a que el quejoso acredite que efectuó el trámite correspondiente para que aquélla estuviera en condiciones de actuar conforme a lo pedido. Por lo cual, en línea subsecuentes se atiende a la verificación de tales aspectos. Por otra parte, las autoridades responsables Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional y/o quien se encuentre fungiendo como tal y Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado, ambos con residencia en esta ciudad; y, Director en Jefe del Registro Agrario Nacional de la Ciudad de México, fueron omisos en rendir sus informes justificados, no obstante de haber sido debidamente notificados de los oficios por medio de los cuales se les solicitó dicho informe. Lo anterior daría lugar a presumir la certeza de los actos reclamados, en términos del artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo; sin embargo, cuando en un juicio de amparo se reclaman actos de naturaleza omisiva, que se traducen en un no hacer o abstención, se debe comprobar si existe o no obligación jurídica de las autoridades responsables, de actuar en la manera que indica el solicitante, pues de no ser así, se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión fuera cierta. Así, para demostrar la existencia de las omisiones reclamadas, debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales que rigen su actuación. Lo anterior conforme a la tesis 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional de este País, que a la letra dice: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Ahora bien, la quejosa reclama del Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional y/o quien se encuentre fungiendo como tal y Director en Jefe del Registro Agrario Nacional de la Ciudad de México, la omisión de expedirle y entregarle el título de propiedad ********************, que ampara el lote ********************, manzana ********************, del ********************, municipio de ********************, Michoacán; falta de seguimiento y observancia para dar respuesta en tiempo y forma a la expedición y entrega del referido título de propiedad. Además, del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado, con residencia en esta ciudad, la inscripción del referido título de propiedad. Lo anterior lo sustenta en el ejercicio del derecho de petición que se contiene en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que correspondía a la impetrante del amparo acreditar que elevó petición por escrito ante las autoridades responsables, pues ello constituye un elemento esencial para configurar el derecho de petición que dice transgredido. En ese sentido, el artículo 8° de la Constitución Política, obliga a las autoridades a dar una respuesta a las peticiones que los ciudadanos les dirijan en forma respetuosa y por escrito, dentro de un breve término. De lo que se tiene que, la quejosa debió presentar una solicitud, a fin de que las autoridades responsables emitieran pronunciamiento en torno a la misma. Sin embargo, en el particular, se estima que la parte quejosa no demostró haber presentado solicitud gestionando ante las autoridades responsables. Es así pues las constancias que anexó a su demanda de amparo son insuficientes para acreditarlo. En efecto, exhibió orden de pago que contiene sello del Registro Agrario Nacional de fecha seis de diciembre de dos mil veintidós, en el cual se precisa el número de título de propiedad ********************, que corresponde al mismo que indica la quejosa; sin embargo, tal constancia no acredita la exigencia de la solicitud a que se refiere el artículo 8º Constitucional, pues de su contenido se advierte que sólo constituye una orden de pago, con vigencia de diez días naturales a partir de su expedición, con la precisión que de no realizar el pago en el término señalado, automáticamente caducará, debiendo solicitar una nueva fecha. Esto es, dicha constancia no justifica la solicitud por parte de la quejosa, ni que haya realizado el pago correspondiente para que la responsable efectuara las gestiones conducentes a la expedición del título de propiedad. Además, si bien allegó constancia en la que aparece como emisor el Gobierno del Estado de Michoacán, Dirección del Registro Público de la Propiedad, relativa a la calificación de inscripciones, que contiene inserta la leyenda: "Comprobante", expedido por la cantidad de setecientos treinta y siete pesos, a nombre de la quejosa ********************, con fecha del cuatro de diciembre de dos mil trece; dicha constancia en modo alguno acredita que elevó petición o solicitud ante las autoridades responsables del Registro Agrario Nacional, pues como se ve, corresponde a dependencia diversa de ésta. De ahí que, no obstante la omisión de rendir el informe justificado por parte de las autoridades del Registro Agrario Nacional, no puede tenerse por ciertas las omisiones reclamadas. En lo que hace a las omisión de inscripción del título de propiedad ********************, que reclama del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado, con residencia en esta ciudad; como se dijo, dicha autoridad fue omisa en rendir su informe justificado, empero, no ha lugar a presumir la certeza del acto reclamado, ya que a esta autoridad le reclama la inscripción de un título del que indica no le ha sido expedido y entregado por las diversas del Registro Agrario Nacional. Por lo que, no obstante que haya exhibido constancia en la que aparece como emisor la Dirección del Registro Público de la Propiedad, relativa a la calificación de inscripciones, que contiene inserta la leyenda: "Comprobante", expedido por la cantidad de setecientos treinta y siete pesos, a nombre de la quejosa ********************, con fecha del cuatro de diciembre de dos mil trece; empero, la misma no contiene sello alguno de la referida dependencia, de modo que no se tiene certeza de la exhibición del pago relativo ante dicha dependencia. Además de que, al atribuirle la inscripción de un título que no le ha sido expedido y entregado, no es posible atender a la certeza del reclamo que le formula. Por lo anterior, para los efectos del presente juicio de amparo se tienen como inexistentes los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CXLI/97, de voz y texto siguientes: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Así como la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del siguiente tenor: "PETICION, DERECHO DE. TRAMITES SUCESIVOS. El artículo 8o. constitucional establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Ahora bien, cuando la petición consiste en una solicitud para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, o para una autorización similar, y cuando la tramitación de esa solicitud requiera legalmente que el particular satisfaga determinados requisitos, la garantía constitucional sólo es respetada por la autoridad cuando hace en un breve término los requerimientos necesarios al solicitante, para integrar el término relativo, y además, en un breve término también va proveyendo lo necesario a las promociones de la interesada y, por último, en un término que también sea razonablemente breve, dicta la resolución definitiva a la solicitud mencionada. Pues cuando la autoridad es lenta en la tramitación de la solicitud y en cada uno de los trámites correspondientes, y da la impresión de ser renuente en cuanto a llegar a la resolución final del asunto, no puede decirse que se esté respetando por ella el orden constitucional, por lo que hace al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Federal." Así las cosas, ante la inexistencia de los actos reclamados, se impone SOBRESEER en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables del Director de Catastro del Instituto Registral Catastral del Estado de Michoacán, Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional y/o quien se encuentre fungiendo como tal y Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado, con residencia en esta ciudad y, Director en Jefe del Registro Agrario Nacional de la Ciudad de México, por las razones dadas en el considerando último de este fallo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de mayo de dos mil veintitrés. Se difiere la audiencia constitucional. Por otro lado, vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que aún no transcurre el plazo de quince días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable Director en Jefe del Registro Agrario Nacional de la Ciudad de México, rinda el informe que a su parte corresponde. Para dar margen a lo anterior, se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

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