Beatriz Alvarado Sandoval
Expediente 1552/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 23 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1552/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Beatriz Alvarado Sandoval
- Titular del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de la Octava Demarcación en el Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a uno de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con los acuses de recibo dirigido a la autoridad responsable TITULAR DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA OCTAVA DEMARCACIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual se le comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a la autoridad responsable copia de la sentencia dictada en autos, para su conocimiento. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original; por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable los dos anexos que en copia certificada remitió en apoyo de su Informe Justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, Beatriz Alvarado Sandoval, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito en el Estado de Morelos. Acto reclamado: ".resolución interlocutoria dictada en los autos del expediente actualmente identificado con el número 604/2020-3, radicado en la Tercera Secretaría del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de la Octava Demarcación en el Estado de Morelos, de fecha 04 de octubre del año dos mil veintiuno -2021." SEGUNDO. El siete de agosto de dos mil veintidós, dicho juzgado radicó la demanda bajo el número 1573/2021, se declaró legalmente incompetente por razón de turno para conocer del expediente en cuestión. TERCERO. Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado se avocó al conocimiento del juicio, radicó la demanda bajo el número 1552/2021, la admitió a trámite, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazó a juicio a la parte tercero interesada y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La resolución interlocutoria de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictada en los autos del juicio ordinario civil 604/2020-3, por medio de la cual se estimó fundado el incidente de nulidad de emplazamiento. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito en el Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de Improcedencia. Previo a analizar el fondo de la cuestión debatida, es preciso determinar si se actualiza algún supuesto de inviabilidad, como ordena el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En efecto, el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Federal dispone que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo procederá: ". contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.". La anterior hipótesis de procedencia del amparo en la vía indirecta se desarrolla en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que dispone que contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El sentido literal del precepto constitucional es claro en cuanto a que el juicio de amparo en la vía indirecta solamente procede contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Por su parte, la disposición reglamentaria al reproducir la hipótesis de procedencia define y establece lo que debe entenderse por efectos de imposible reparación, en el sentido de que afecten materialmente derechos sustantivos. Esta definición corresponde a la evolución jurisprudencial anterior a la reforma a la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, en la que se precisó que tal concepto se entendía como una afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo. Ya no prevaleció en el texto de la ley vigente el criterio de la jurisprudencia que preveía también como hipótesis de procedencia en calidad de supuesto complementario, excepcional a la regla general apuntada, una violación procesal extraordinaria, predominante o superior. Tan es así, que dentro de los casos de procedencia por violación procesal en relación a presupuestos procesales, únicamente se estableció en la ley la determinación de competencia que provoca la inhibición, declinación o dejar de conocer del negocio. De manera que, a contrario sensu, el juicio de amparo será improcedente si el acto cuya ejecución se reclama no es de imposible reparación. Por el sentido claramente positivo en que está redactado el texto de que se trata, un análisis en sentido contrario permite establecer que si la resolución jurisdiccional no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, el juicio de amparo será improcedente. Tal aspecto positivo de la resolución judicial es relevante, porque acorde con el supuesto de procedencia genérico contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, la afectación debe ser material, directa e inmediata a un derecho sustantivo. En el caso, la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, no es un acto de imposible reparación que afecte materialmente de manera directa un derecho sustantivo, en virtud de que la consecuencia de dicha actuación es que declare la nulidad del emplazamiento, cuyo único efecto es que se vuelva emplazar a la demandada, a fin de que esté en aptitud de contestar la demanda, oponer excepciones y defensas y ofrecer pruebas; y, por consiguiente, el juicio se continúe por todas sus etapas y puede inclusive culminar con una resolución favorable a la parte actora. De ahí que tal decisión, al no violentar un derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni impedir la continuación del juicio por sus etapas procesales, no constituye un acto de imposible reparación, al no tener el carácter de irreparable, mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que siendo así los efectos intraprocesales por aquella actuación, desaparecen; esto es, dicho acto sólo produce efectos de carácter procesal e incide en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, y en caso contrario, podría reclamarla a través del juicio de amparo directo con estricto apego a los artículos 170, 171 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;." En tal virtud, la determinación reclamada no colma los atributos necesarios para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte, no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, en tanto que está vinculado a la prosecución del propio procedimiento; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En tales condiciones, el acto que se impugna no es de los que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezca si el agraviado obtiene sentencia favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir, es claro que tales efectos, como se dijo, se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales de la parte impetrante. Conviene referir que el artículo 107 Constitucional establece el amparo directo contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan a las partes en forma sustancial, de manera que se deje sin defensa al quejoso; se precisa esto, en virtud de que aun en el caso de que la sentencia definitiva que se llegara a dictar en el expediente de origen fuese adverso a los intereses de la parte quejosa, tiene oportunidad de alegar la violación de la que ahora se duele en el juicio de amparo directo. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Así como la tesis I.14o.C.15 K (9a.), con registro digital 160816, que establece: "NULIDAD DE ACTUACIONES POR DEFECTOS EN EL EMPLAZAMIENTO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE, POR TAL RAZÓN, ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO, AUNQUE ELLO PUEDE IMPLICAR REALIZARLO POR EDICTOS. De la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.", se advierte, medularmente, que la resolución que ordena reponer el procedimiento por falta de emplazamiento constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva (en materia civil, estricto o lato sensu), en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, por no afectar, directa e inmediatamente, derechos sustantivos establecidos en la Constitución, y el perjuicio procesal no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, dado que éste continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada, lo que no encuentra obstáculo en el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque el propio Alto Tribunal señaló: "... tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta.". Adicionalmente, a la misma conclusión debe arribarse cuando se trata de una resolución que ordena reponer el procedimiento por defectos en el emplazamiento y que, en su caso, puede significar que deba realizarse nuevamente mediante edictos y a cargo de la parte quejosa, puesto que tal hecho constituye un acto futuro e incierto que, de concretarse, implicaría un acto de molestia a la parte inconforme con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, pero que no está contemplado como elemento que determine la irreparabilidad del acto que reclama e, inclusive, la afectación económica puede ser objeto de las costas causadas en el juicio a la parte condenada, en las hipótesis establecidas en la ley que rige al acto." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos, 61, 63, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Beatriz Alvarado Sandoval, por los argumentos precisados en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa KARINA VANESSA CORONA ALDAY, hasta hoy quince de agosto de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, y de conformidad con lo previsto en la Circular SECNO/10/2021, en la cual se estableció que a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se levantará la suspensión de plazos y términos decretada debido al periodo de contingencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19); por lo que se ordena la reanudación en el trámite del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se fijó fecha de audiencia constitucional para las diez horas con nueve minutos del seis de mayo de dos mil veintidós; sin embargo, la misma se deja sin efectos debido a lo determinado en la circular 5/2022, de treinta de marzo del presente año, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que informa que el día no laborable será el seis de mayo del presente. De lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional antes referida, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTISEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia de mérito. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe.
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