Beatriz Alvarado Perez y Otros.

Expediente 835/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
835/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
22/11/2017

Partes del expediente

  • Beatriz Alvarado Perez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 835/2017, promovido por Beatriz Alvarado Perez y Ernesto Barraza Cervantes, contra los actos reclamados del Procurador General de Justicia de esta ciudad y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, los quejosos en cita solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. Los solicitantes de amparo narraron los antecedentes de los actos reclamados, formularon los conceptos de violación que consideraron pertinentes y señalaron que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto de esa fecha se admitió a trámite la demanda bajo el orden 835/2017; se solicitó a las responsables su respectivo informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que en su oportunidad se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Materia Constitucional, 1917-2000, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que los actos reclamados son la orden de detención, así como su ejecución, que se atribuyen a las siguientes autoridades: En carácter de ordenadora: a) Procurador General de Justicia de esta ciudad. En carácter de ejecutora: b) Director de la Policía Judicial de la Ciudad de México. TERCERO. La autoridad mencionada en el inciso b), no existe con tal denominación según se advierte de la razón actuarial de seis de octubre pasado (foja 11), por tanto, no puede existir el acto que se le reclama. Por otro lado, no es cierto el acto reclamado de la restante autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe de ley, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtuara esa negativa. En tal virtud, debido a la inexistencia de la autoridad señalada y del acto reclamado de la restante responsable, se sobresee en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 63, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Beatriz Alvarado Perez y Ernesto Barraza Cervantes, contra los actos reclamados consistentes en la orden de detención, así como su ejecución, que se reclaman del Procurador General de Justicia de esta ciudad; y Director de la Policía Judicial de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el considerando tercero.

  3. Principal

    Ciudad de México, a nueve de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que se devuelve el oficio 51135/2017 dirigido a la autoridad ahí descrita, toda vez que no existe con tal denominación; en consecuencia, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. Por otra parte, intégrese a los autos el oficio de cuenta, en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para los efectos precisados en el párrafo anterior. Asimismo, con apoyo en los preceptos 9 y 28 fracción I, de la ley de la materia, ténganse como delegados a las personas que menciona y como domicilio para recibir notificaciones el que señala. Por otra parte, la autoridad oficiante solicita ".se permita el uso de dispositivos electrónicos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos.". Al respecto, dígase que en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura, dispuso: "no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos", de lo que se advierte que el uso de los citados aparatos, se permitirá exclusivamente para imponerse de acuerdos dictados en el expediente, y no de notificaciones, resoluciones, informes de ley o cualquier otro tipo de constancia que se encuentre integrada en autos, lo anterior a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Por tal motivo, se autoriza hacer uso de los aparatos que se mencionan única y exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente controvertido. En el entendido que los servidores públicos adscritos al área de actuaría, deberán vigilar el estricto cumplimiento a lo acordado en el párrafo que antecede.

  4. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de octubre de dos mil diecisiete. Vista la demanda signada por Beatriz Alvarado Perez y Ernesto Barraza Cervantes, contra actos del Procurador General de Justicia de esta ciudad, y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 835/2017. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo. Se admite dicha demanda. Se señala el treinta de octubre de dos mil diecisiete, a las doce horas, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Pídase a las autoridades responsables rindan informe justificado en el plazo de quince días, contado a partir de que queden notificadas de este proveído, al que deberán acompañar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que apoyen dicho informe; apercibidas que de no hacerlo, de conformidad con el diverso 117 de dicha legislación, se presumirán ciertos los actos reclamados, asimismo, se les sancionará con multa por el equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos de la fracción II del numeral 260 del ordenamiento invocado. En el entendido que este órgano de control constitucional, a fin de fijar la litis en el presente juicio y en su caso dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la ley de la materia, estima que de la lectura integral de la demanda los actos reclamados son los siguientes: - La orden de detención, así como su ejecución. Asentado lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa que de no hacer alguna manifestación al respecto en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, se sustanciará el juicio acorde con la interpretación realizada por este juzgado. IV. Se posterga la apertura del incidente de suspensión, ya que sólo se exhibieron tres copias de la demanda, y en el caso se requieren cinco, para ser distribuidas de la siguiente manera: dos para emplazar a las autoridades responsables; una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional; y dos para formar dicho incidente. Dese la intervención que corresponde a la representación social de la adscripción, en términos del artículo 5, fracción IV, de la ley reglamentaria. Por otra parte, resérvese acordar lo conducente en cuanto a la parte tercero interesada, hasta en tanto conste en autos el informe justificado rendido por las autoridades responsables. Con fundamento en el artículo 64, párrafo primero, de la citada ley, requiérase a las partes, para el caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano de control constitucional, bajo apercibimiento que de no cumplir con esa obligación se les impondrá multa de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización, acorde con el dispositivo 251 de la ley de la materia. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, asimismo, ténganse como autorizadas únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas mencionadas, no así para los efectos del primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes de quienes pueden ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 de la ley señalada. En cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, y con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el numeral 8° de la ley en cita, hágase de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva a que en las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como en las constancias del expediente, se supriman los datos sensibles que puedan contener. Finalmente, se autoriza al secretario para que firme los oficios de este juicio.

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