Beatriz Alcántara Jiménez y otro

Expediente 828/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
828/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • José Alfredo Rojas Zamudio
  • Beatriz Alcántara Jiménez y otro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Vistas las razones de treinta de marzo del año en curso, de las que se advierte la imposibilidad que tuvieron las actuarias judiciales adscritas a este órgano jurisdiccional, para notificar de manera personal a las quejosas en el juicio de amparo 2167/2015 y sus acumulados 2171/2015 y 3533/2015, el auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés y la resolución de nueve de marzo de dos mil veintitrés dictada en el amparo en revisión 468/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, por los motivos que exponen, en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación de la resolución y del auto referido, así como las subsecuentes a las quejosas en los juicios citados, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, situación que prevalecerá hasta en tanto se señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese, y por lista a las quejosas en el juicio de amparo 2167/2015 y sus acumulados 2171/2015 y 3533/2015, la resolución de nueve de marzo de dos mil veintitrés dictada en el amparo en revisión 468/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, así como el auto de veintiocho de marzo de este año.

  2. Principal

    EN UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, EL AUTO DE VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE: "Ciudad de México, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a las quejosas ********************, en el auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, a efecto que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento de la sentencia, sin que hayan realizado manifestación alguna. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Cabe precisar que en la sentencia se concedió el amparo y protección de la justicia Federal a las quejosas para los siguientes efectos: "(.) DÉCIMO. Efecto de la concesión del amparo. El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a las quejosas durante la vigencia del referido numeral y éstas no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de las quejosas para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. (.)" El efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que el jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a las quejosas y éstas no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ahora bien, para acreditar el acatamiento de la sentencia la autoridad responsable manifestó mediante oficio registrado con folio 2531 que no realizó el procedimiento de fiscalización electrónica a las quejosas y que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Sin que las quejosas realizaran señalamiento alguno. Por tanto, la suscrita estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a las quejosas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese y personalmente a la quejosas." NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    Ciudad de México, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón actuarial de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, signada por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la quejosa, la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en Zacatecas, Zacatecas, en el amparo en revisión 323/2017 y el acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintitrés, por los motivos que expone, en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación de la resolución y el auto mencionados, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado de Distrito, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese y por medio de lista a la quejosa, la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en Zacatecas, Zacatecas, en el amparo en revisión 323/2017, el acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintitrés y esta determinación.

  4. Principal

    Ciudad de México, quince de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a la quejosa *****************, en el auto de uno de febrero de este año, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia, sin que a la fecha hayan hecho manifestación alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que este juzgado federal concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "(.) En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. ." El efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que el jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ahora bien, para acreditar el acatamiento de la sentencia la citada autoridad responsable manifestó mediante oficio registrado con folio 1879 que no realizó el procedimiento de fiscalización electrónica a la quejosa y que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Sin que la quejosa realizara señalamiento alguno al respecto. Por tanto, se estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a la quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese y por lista a la quejosa de conformidad con lo ordenado en auto de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México · 11,142 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano