Beatríz Aida Olvera Muñoz

Expediente 849/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
849/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • Beatríz Aida Olvera Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de dieciueve de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

  2. Principal

    1.- ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B), Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA,** EL ACUERDO DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 QUE DICE: Estado procesal. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se evidencia que por Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó la suspensión de funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, del miércoles dieciocho de marzo al viernes treinta y uno de julio del presente año, respectivamente, con excepción de los órganos jurisdiccionales que se encuentran de guardia y exclusivamente para la atención de asuntos urgentes. Y que en el diverso Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se determinó levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, con las precisiones que ahí se indican, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal, en consecuencia, se procede a proveer lo conducente en el presente asunto. Fundamentación. Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Acuerdo y/o motivación. Reanudación de plazos procesales. Con fundamento en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con efectos a partir de esta fecha, y dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron; el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Archivo de incidente. Como se encuentra ordenado en el juicio principal del cual deriva este incidente, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión que se tramitó en original y duplicado. De autos se advierte que por una parte se concedió la suspensión provisional; y, por la otra; se negó y concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, toda vez que por una parte se concedió la suspensión provisional; y, por la otra; se negó y concedió la suspensión definitiva; con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos 6 meses siguientes a su archivo, con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo. Además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. Billete de depósito. Respecto a la devolución del billete de depósito .., por la cantidad de ..que fue exhibido por la parte quejosa con el propósito de que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional, de conformidad con el artículo 156 de la Ley de Amparo1, dígase a la parte quejosa que hasta en tanto transcurra el término de seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes del presente auto se acordará lo conducente, con el apercibimiento de que de no solicitarlo o no comparecer a recogerlo, con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, prescribirá a favor del erario federal en el plazo de dos años contados a partir de la fecha en que legalmente se ordenó su devolución o entrega. Para lo anterior, se deberá agendar la cita respectiva a través del sistema "Agenda OJ", que a partir de esta fecha estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella ingrese al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que la persona que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó. El acceso podrá restringirse a quien acuda fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Además, mientras dure la contingencia sanitaria, se deberá practicar la diligencia de entrega recepción de documentos garantizando la sana distancia entre el compareciente y el personal de este órgano jurisdiccional. Esto, en términos de lo establecido en los artículos 3 y 25, párrafo cuarto del mencionado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Cabe precisar que los términos de seis meses previsto en el numeral 156 de la Ley de Amparo, y dos años de la Ley de Tesorería de la Federación, transcurre de forma paralela, sin embargo, deberá agotarse forzosamente el primero de éstos para solicitar en caso de ser procedente la devolución del billete de depósito citado. Exhorto a las partes. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica. Además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.

  3. Principal

    5) ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISOS B) y/o C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, QUE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Petición. La(s) autoridad(es) responsable(s) Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Presidenta: a.- Rinde(n) su(s) informe(s) justificado(s); y, b.- Ofrece(n) prueba(s). c.- Nombra delegada. Acuerdo y/o motivación. Trámite y vista. Se tiene(n) por rendido(s) el(los) informe(s) justificado(s). Prueba(s). Se admite(n) la(s) prueba(s) ofrecida(s). Delegados. Se tiene como delegada a la persona mencionada en el informe de cuenta. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la(s) autoridad(es) responsable(s), manifiesta(n) y acredita(n) que el diez de abril de dos mil diecinueve, en el juicio laboral *, se ordenó girar los oficios de los cuales se duele el quejoso y mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, acordó el oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el cual informó que las instituciones bancarias *** y *., proporcionaron datos de los movimientos bancarios de la demandada, aquí tercera interesada, *. Documentos a los que se concede valor probatorio pleno. Consecuentemente, el(los) acto(s) reclamado(s) cesó (aron) en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de la(s) autoridad(es) responsable(s) han sido destruidos, en forma total e incondicional, al haberse girado y acordado los oficios de los cuales se duele el quejoso, ya que mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral *, la junta responsable acordó el oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el cual informó que las instituciones bancarias *** y *., proporcionaron datos de los movimientos bancarios de la demandada, aquí tercera interesada, * Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las once horas con diez minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    El Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla informa que la Junta Especial Número Cuatro se encuentra cerrada, en el periodo del veintiséis al treinta de octubre de dos mil veinte, por los motivos que expone, circunstancia por la cual solicita una prórroga para rendir su informe justificado. 1.- Se toma conocimiento de lo informado por la autoridad oficiante. 2.- Como lo solicita la autoridad responsable, se concede una prórroga de diez días para rendir su informe justificado. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos y la(s) certificación (ones) de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, en atención al oficio de cuenta, se concedió una prórroga de diez días a la autoridad responsable, a efecto de que rinda su informe justificado. Diferimiento. En tal sentido, procede diferir la audiencia constitucional. Fecha y hora. En consecuencia, se fijan para su celebración las once horas con diez minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la (s) autoridad (es) responsable (s) por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.

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