Beatriz Adriana Torres Franco

Expediente 885/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
885/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Beatriz Adriana Torres Franco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio número 1311.0.0.1/011/2022 que remite la Delegada autorizada por la autoridad responsable Director de Geografía y Medio Ambiente de la Dirección Regional Norte del INEGI, mediante el cual solicita la devolución de los documentos originales exhibidos al rendir su informe justificado. Atento lo anterior y, toda vez que ya no se hace necesario seguirlas conservando; en mérito de ello, devuélvanse los mismos solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución por la que se sobreseyó Fuera de Audiencia en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Notifíquese.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surtan sus efectos legales, agréguese el oficio oficio DMAF/SPI/1048/08/2022, mediante el cual la autoridad responsable da cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en proveído del treinta de agosto del año en curso. En ese sentido, visto el oficio y anexos remitidos por la responsable así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose ésta, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. En el caso, la parte quejosa ***, por su propio derecho y en su carácter de Albacea definitivo de la Sucesión intestamentaria a bienes de ***, reclamó de la Subdirección de Propiedad Inmobiliaria del Ayuntamiento del Municipio de Durango, sus unidades jurídicas y Técnicas en el área de propiedad inmobiliaria, así como a la Dirección Regional Norte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, lo siguiente: "IV (bis).- ACTO QUE SE RECLAMA: De la autoridad señalada como Subdirección de Propiedad Inmobiliaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, sus unidades Jurídicas y Técnicas en el área de propiedad inmobiliaria reclamo la nula contestación que en derecho proceda de mis memoriales de fechas 18 de Febrero y 22 de Abril del año en curso, mismos que se acompañan con sus legajos correspondientes en copia debidamente certificada por el Notario Público Número 13 en ejercicio de este Distrito Judicial LIC. ***, en donde se les ha requerido la identificación catastral y el otorgamiento de Cedula correspondiente del Lote número *** (***) de la Colonia *** del Municipio de la Capital propiedad de los sucesores de *** según la Escritura Pública número *** del Volumen 47 del Protocolo a cargo del Notario Público número 11 de este Distrito Judicial LIC. *** y debidamente inscrito en el Público de la Propiedad bajo el número ***, a foja 196, Tomo 100 de fecha 20 de Septiembre de 1986. De la Autoridad denominada Dirección Regional Norte del instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática representado por el ING. ***** con domicilio ***, se reclama la negativa de dar contestación al Oficio Número 611/05/2022 de fecha de recepción 16 de Mayo del año en curso y que tuvo a bien dirigir para los efectos precisados la Subdirección de propiedad inmobiliaria del H. Ayuntamiento de Durango" En ese sentido, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [...]" La cesación de efectos, ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que cese la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De las constancias certificadas remitidas por la autoridad responsable, se desprende que mediante comunicación identificada como DMAF/SPI/0275/03/2022, del catorce de marzo de dos mil veintidós, dirigido *** y recibido por el autorizado de la promovente el quince siguiente, la autoridad responsable manifestó a la quejosa la imposibilidad para dar cumplimiento a lo solicitado toda vez que los datos proporcionados en la escriturara relativa al lote número *** de la Colonia ***, perteneciente a los Municipios de Pueblo Nuevo y Durango, con una superficie total de *** hectáreas de terreno de agostadero, no cuentan con los elementos técnicos necesarios para la ubicación del predio dentro de la limítrofe del municipio de Durango, por lo que era necesario presentar en esa dependencia un plano georreferenciado con coordenadas "UTM" para que con elementos que éste aporte, saber con exactitud la ubicación y la superficie del terreno que le pueda corresponder. En atención a lo anterior, la quejosa presentó escrito del veintidós de abril del año en curso, por medio del cual anexó dictamen pericial de agrimensura y geolozalización del macizo continental de la Colonia ***, por lo cual la promovente solicitó se le otorgara la cédula de identificación catastral del indicado predio y hecho que fuera lo anterior, se autorizara para recibirla entre otros, al licenciado ***. En ese sentido, mediante oficio y anexos de cuenta, se advierte que en oficio DMAF/SPI/1048/08/2022, del nueve de agosto del año en curso, dirigido a la impetrante de amparo ***, se le hizo de su conocimiento que una vez que solicitó el apoyo del "INEGI" mediante oficio DMAF/SPl/0611/05/2022, el once de julio de dos mil veintidós, se recibió por parte de la citada institución el diverso 1311.2/23/2022, con la información requerida; por lo que se le informó a la promovente que su solicitud fue atendida de manera positiva, anexando la constancia relativa a la cédula catastral del predio en comento. Pues bien, la especie se materializa el motivo de improcedencia en comento, toda vez que mediante el oficio en comento, se dio contestación a lo peticionado por el impetrante de amparo; oficio que fue notificado a la parte quejosa el nueve de agosto del año en curso, por conducto de su autorizado ***, ello tal como se advierte de la reproducción en la que se inserta recibo del oficio DMAF/SPI/1048/08/2022, así como recibo ce la cédula catastral relativa: De lo anterior se advierte que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que fue el veinte de julio de dos mil veintidós, existía el acto que de la autoridad responsable se reclamó, también lo es que el día nueve de agosto del año en curso, la responsable emitió pronunciamiento respecto a lo peticionado por la parte quejosa, de lo cual se realizó la notificación respectiva en la propia fecha. Por lo que resulta inconcuso que cesó en sus efectos el acto reclamado indicado, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional; en tal virtud se actualiza la causal de improcedencia en estudio y con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Aplica al caso concreto por las razones que informa, la tesis 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación consultable en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" En el entendido que en torno a la respuesta emitida y notificada el nueve de agosto del año en curso, no procede la ampliación de la demanda de amparo, sin que con ello se desatienda la jurisprudencia de rubro "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA"; toda vez que dicho criterio parte de la base del desconocimiento del quejoso del contenido del informe de donde surge la necesidad de darle vista personal para su conocimiento. Sin embargo, en el presente caso, la repuesta respectiva fue notificada de manera personal por conducto del autorizado de la quejosa ***, pues así se advierte de la constancia reseñada con anterioridad; por tanto, se evidencia que desde el nueve de agosto de dos mil veintidós, la parte quejosa tuvo conocimiento pleno y precisa de aquella, de manera que el no darle vista con tal actuación, no se le deja en estado de indefensión, al ya tener conocimiento del acto. En atención a lo asentado se sobresee fuera de audiencia el presente juicio y se deja sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta y seis minutos del diez de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    CITATORIO: PARTE QUEJOSA. AUTO DE SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surtan sus efectos legales, agréguese el oficio oficio DMAF/SPI/1048/08/2022, mediante el cual la autoridad responsable da cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en proveído del treinta de agosto del año en curso. En ese sentido, visto el oficio y anexos remitidos por la responsable así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose ésta, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. En el caso, la parte quejosa ***, por su propio derecho y en su carácter de Albacea definitivo de la Sucesión intestamentaria a bienes de ***, reclamó de la Subdirección de Propiedad Inmobiliaria del Ayuntamiento del Municipio de Durango, sus unidades jurídicas y Técnicas en el área de propiedad inmobiliaria, así como a la Dirección Regional Norte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, lo siguiente: "IV (bis).- ACTO QUE SE RECLAMA: De la autoridad señalada como Subdirección de Propiedad Inmobiliaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, sus unidades Jurídicas y Técnicas en el área de propiedad inmobiliaria reclamo la nula contestación que en derecho proceda de mis memoriales de fechas 18 de Febrero y 22 de Abril del año en curso, mismos que se acompañan con sus legajos correspondientes en copia debidamente certificada por el Notario Público Número 13 en ejercicio de este Distrito Judicial LIC. ***, en donde se les ha requerido la identificación catastral y el otorgamiento de Cedula correspondiente del Lote número *** (***) de la Colonia *** del Municipio de la Capital propiedad de los sucesores de *** según la Escritura Pública número *** del Volumen 47 del Protocolo a cargo del Notario Público número 11 de este Distrito Judicial LIC. *** y debidamente inscrito en el Público de la Propiedad bajo el número ***, a foja 196, Tomo 100 de fecha 20 de Septiembre de 1986. De la Autoridad denominada Dirección Regional Norte del instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática representado por el ING. ***** con domicilio ***, se reclama la negativa de dar contestación al Oficio Número 611/05/2022 de fecha de recepción 16 de Mayo del año en curso y que tuvo a bien dirigir para los efectos precisados la Subdirección de propiedad inmobiliaria del H. Ayuntamiento de Durango" En ese sentido, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [...]" La cesación de efectos, ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que cese la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De las constancias certificadas remitidas por la autoridad responsable, se desprende que mediante comunicación identificada como DMAF/SPI/0275/03/2022, del catorce de marzo de dos mil veintidós, dirigido *** y recibido por el autorizado de la promovente el quince siguiente, la autoridad responsable manifestó a la quejosa la imposibilidad para dar cumplimiento a lo solicitado toda vez que los datos proporcionados en la escriturara relativa al lote número *** de la Colonia ***, perteneciente a los Municipios de Pueblo Nuevo y Durango, con una superficie total de *** hectáreas de terreno de agostadero, no cuentan con los elementos técnicos necesarios para la ubicación del predio dentro de la limítrofe del municipio de Durango, por lo que era necesario presentar en esa dependencia un plano georreferenciado con coordenadas "UTM" para que con elementos que éste aporte, saber con exactitud la ubicación y la superficie del terreno que le pueda corresponder. En atención a lo anterior, la quejosa presentó escrito del veintidós de abril del año en curso, por medio del cual anexó dictamen pericial de agrimensura y geolozalización del macizo continental de la Colonia ***, por lo cual la promovente solicitó se le otorgara la cédula de identificación catastral del indicado predio y hecho que fuera lo anterior, se autorizara para recibirla entre otros, al licenciado ***. En ese sentido, mediante oficio y anexos de cuenta, se advierte que en oficio DMAF/SPI/1048/08/2022, del nueve de agosto del año en curso, dirigido a la impetrante de amparo ***, se le hizo de su conocimiento que una vez que solicitó el apoyo del "INEGI" mediante oficio DMAF/SPl/0611/05/2022, el once de julio de dos mil veintidós, se recibió por parte de la citada institución el diverso 1311.2/23/2022, con la información requerida; por lo que se le informó a la promovente que su solicitud fue atendida de manera positiva, anexando la constancia relativa a la cédula catastral del predio en comento. Pues bien, la especie se materializa el motivo de improcedencia en comento, toda vez que mediante el oficio en comento, se dio contestación a lo peticionado por el impetrante de amparo; oficio que fue notificado a la parte quejosa el nueve de agosto del año en curso, por conducto de su autorizado ***, ello tal como se advierte de la reproducción en la que se inserta recibo del oficio DMAF/SPI/1048/08/2022, así como recibo ce la cédula catastral relativa: De lo anterior se advierte que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que fue el veinte de julio de dos mil veintidós, existía el acto que de la autoridad responsable se reclamó, también lo es que el día nueve de agosto del año en curso, la responsable emitió pronunciamiento respecto a lo peticionado por la parte quejosa, de lo cual se realizó la notificación respectiva en la propia fecha. Por lo que resulta inconcuso que cesó en sus efectos el acto reclamado indicado, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional; en tal virtud se actualiza la causal de improcedencia en estudio y con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Aplica al caso concreto por las razones que informa, la tesis 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación consultable en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" En el entendido que en torno a la respuesta emitida y notificada el nueve de agosto del año en curso, no procede la ampliación de la demanda de amparo, sin que con ello se desatienda la jurisprudencia de rubro "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA"; toda vez que dicho criterio parte de la base del desconocimiento del quejoso del contenido del informe de donde surge la necesidad de darle vista personal para su conocimiento. Sin embargo, en el presente caso, la repuesta respectiva fue notificada de manera personal por conducto del autorizado de la quejosa ***, pues así se advierte de la constancia reseñada con anterioridad; por tanto, se evidencia que desde el nueve de agosto de dos mil veintidós, la parte quejosa tuvo conocimiento pleno y precisa de aquella, de manera que el no darle vista con tal actuación, no se le deja en estado de indefensión, al ya tener conocimiento del acto. En atención a lo asentado se sobresee fuera de audiencia el presente juicio y se deja sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta y seis minutos del diez de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

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