Beatriz Adriana González Guzmán

Expediente 87/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
87/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/04/2021

Partes del expediente

  • Beatriz Adriana González Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que el plazo de cinco días, para interponer el recurso de queja, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo, ha transcurrido sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que ha causado estado, archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Beatriz Adriana González Guzmán, por su propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 y 17 de la Constitución Federal. Registro de demanda Fórmese expediente y regístrese con el número 87/2021-1, que es el que por orden le corresponde. Acto reclamado. El quejoso como acto reclamado, señala: ? La omisión de acordar el escrito de dieciséis de marzo del año en curso, en el que solicitó que se señalara fecha y hora para la reinstalación de la aquí quejosa conforme a la condena impuesta en el laudo. Ahora bien, de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación que plasma el quejoso en el escrito de demanda, se desprende lo siguiente: 1. Ante la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, se tramita el expediente 435/7/2017. 2. Dentro del mencionado procedimiento, el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, el quejoso presentó un escrito a través del cual solicitó en el juicio natural la reinstalación de la suscrita en el puesto desempeñado más el pago de la cantidad de $242, 144.00 (doscientos mil pesos ciento cuarenta y cuatro 100/00 M.N.), por concepto de salarios e intereses que se generaron, cuya omisión de dar respuesta constituye el acto aquí reclamado. Desechamiento de demanda. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de cuenta, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia tal y como se indica a continuación. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación en el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos en juicio, cuyos efectos no tengan, sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Además, precisa que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Respecto de este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, interpretó el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, en el que sostuvo que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, la Segunda Sala determinó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación de la parte promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Por lo que concluyó, que el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2ª./J.48/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Ahora bien, recientemente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, estableció un lapso específico para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva en el juicio laboral que haga procedente el juicio de amparo indirecto. En efecto, la Segunda Sala determinó que para la procedencia del amparo en el que se reclamen dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, deben de transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, desde la fecha que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse la omisión reclamada; circunstancia que en el caso, no se actualiza. Lo anterior dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el uno de marzo de dos mil diecinueve, número de registro 2019400, aplicada por analogía, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Caso concreto En el caso, la omisión reclamada, no constituye actos que deban ser considerados como de imposible reparación porque de manera inmediata no afectan derechos sustantivos de la aquí parte quejosa, sino que son actos cuyo efecto es meramente procesal, en tanto que la omisión de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, en acordar el escrito presentado el dieciséis de marzo del año en curso, dentro del expediente laboral 435/7/2017, por el momento no le causa una afectación gravosa, dado que han transcurrido siete días hábiles, al momento de la presentación de la demanda (veinticinco de marzo de dos mil veintiuno) con la que se formó el juicio de amparo en que se actúa, para el dictado de la mencionada resolución, aún sin contar el plazo legal con que contaba la junta responsable para pronunciarse; por ende, es evidente que en el caso resulta manifiesta y notoriamente improcedente la demanda de amparo. En tales condiciones, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a sentido contrario, y con apoyo en el diverso artículo 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda. Domicilio y autorizados Téngase como autorizado del quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Isaac del Castillo Contreras y Mucio Leopoldo Fuentes Rodríguez, mientras que a las restantes únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos en el domicilio ubicado en ubicado en Maclovio Herrera, número 3507, de esta ciudad, hasta en tanto registren su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; y como domicilio para tales efectos el señalado en el escrito de cuenta. De igual manera, proporciona la parte quejosa el correo electrónico ef476545@gmail.com, así como el teléfono 7137295 para su contacto. Se requiere un número de teléfono móvil De igual modo, con apoyo en el artículo 5, fracción I del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ya invocado, se requiere a la parte quejosa para que, dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcionen un número de teléfono móvil con el objeto de establecer un contacto respectivo en los casos que se estime necesario. Habilitación de días y horas inhábiles Con apoyo en el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Acceso electrónico De igual forma, se le autoriza el acceso al expediente electrónico con la cuenta FIREL que tiene dada de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "edgarfuentes", para envío y recepción de notificaciones electrónicas, así como para presentación electrónica de promociones en el presente juicio. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 79 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene señalando dicha vía para la presentación de promociones, consulta de expediente y para oír y recibir notificaciones. En tal virtud, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del citado usuario, únicamente por lo respecta al juicio de amparo en que se actúa. Se exhorta a las partes para que hagan uso del esquema de Juicio en Línea Por otra parte, tomando en consideración el fenómeno de salud pública que se vive, se exhorta a las partes para que hagan uso de las herramientas tecnológicas y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; debiendo en su caso proporcionar el usuario respectivo, así como solicitar la notificación vía electrónica. Se hace del conocimiento a las partes el sistema citas para consulta de expedientes o comparecencias En otro entorno, conforme los artículos 2°, fracción VIII, 3°, 4° y 6° todos del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes señalado, se hace del conocimiento de las partes que desde del tres de agosto de dos mil veinte, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el enlace institucional https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionale sales, dentro del cual los justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, encontrarán el apartado "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas con el objeto de consultar expedientes, el desahogo de comparecencias o requerimientos. En cuanto a la generación de citas, cuando desee acudir una persona vulnerable frente al Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto se establezcan. Publicaciones en lista de acuerdos Por otra lado, dado que aún no se permitirá la entrada libre de los justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace de su conocimiento que las listas de acuerdos serán colocadas en un espacio de fácil acceso en el edificio, para quienes acudan sin contar con una cita. Transparencia En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Finalmente, se ordena al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistido de Patricia Arcos León, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 3,876 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano