Beatriz Adriana Cazárez Cazárez
Expediente 153/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 153/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Beatriz Adriana Cazárez Cazárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación de cuenta de donde se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de la Materia, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, pues en su artículo 21, inciso a), prevé que son susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se sobreseyó y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, es susceptible de destrucción el presente expediente, y una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido Acuerdo General.
- Principal
ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por la quejosa, contra los actos reclamados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en la consideración tercera y última de este fallo constitucional.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio remitido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual cumple con el requerimiento efectuado en proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno y remite copia certificada de diversas constancias relativas al acto reclamado; con su contenido, dése vista a las partes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Para lo cual NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA el presente proveído a fin de que se imponga del oficio de cuenta, así como de las constancias anexas a los mismos.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, concretamente las constancias que se acompañaron al informe justificado rendido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, de las que se advierte, en lo que interesa, que en proveído de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, se señalaron las diez horas del cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de origen 3-47/2018. Por tanto, en virtud de que podría actualizarse una causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación de este proveído, informe si se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve o si señaló nueva fecha y hora para la celebración de la misma y, de ser así, remita copia certificada, legible y completa de la constancia que lo sustente, o bien, manifieste su imposibilidad jurídica para hacerlo. Con el APERCIBIMIENTO que en caso de no hacerlo, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización vigentes, conforme a lo establecido por el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible a página 319, Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto". Consecuentemente, no se está en condiciones de celebrarse la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se difiere la misma señalándose las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 y, por tal motivo a partir del presente proveído no habrá necesidad de emitir oficio para notificar a las autoridades responsables el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia; máxime que tal determinación no tendría la trascendencia que justifica una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página web https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini .asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 176/2012, con número de registro digital 2002576, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS".
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