Beatriz Adriana Castillo Garcia
Expediente 833/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 833/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/11/2022
Partes del expediente
- Beatriz Adriana Castillo Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio constitucional en que se actúa y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contemplado por el numeral 81, fracción I, inciso d), de la citada legislación, en contra del auto emitido el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en este asunto; en tal razón, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicha determinación ha causado estado. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 1807/2022, firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, sin que resulte necesario ponerlo a la vista de las partes en virtud de las consideraciones que enseguida se expondrán. Ahora bien, se precisa que de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito advierte que los actos reclamados son los siguientes: 1. De la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión en señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente administrativo laboral 220/E06/2021; 2. La omisión del Actuario adscrito a la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de notificar a las partes la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente administrativo laboral 220/E06/2021, una vez resuelta la excusa planteada por dicha junta ante la diversa Local de Conciliación y Arbitraje, con asiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas; y, 3. La omisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de resolver la excusa planteada por la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en este municipio, para conocer del expediente administrativo laboral 220/E06/2021. Relatado lo anterior, se advierte que en el presente juicio sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Lo anterior es así, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se aprecia que la quejosa Beatriz Adriana Castillo García, carece de interés jurídico en el presente asunto. Para el caso, se trae a colación la jurisprudencia 2a./J. 141/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, diciembre de 2002, página 241, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico." Según se ha precisado en la jurisprudencia temática, el interés jurídico presupone la existencia de un derecho subjetivo protegido por la ley, que es violado o desconocido, con lo cual se infiere un perjuicio a su titular, facultándolo para acudir ante los órganos jurisdiccionales a demandar que esa transgresión cese. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 167, 145-150 Tercera Parte, Séptima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo. No acontece esa situación cuando es mediata la afectación que produce al promovente del amparo el acto de autoridad que éste reclama." Así como la diversa sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 173, 205-216 Tercera Parte, Séptima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse solamente a base de presunciones." De lo anterior se obtiene que la vía constitucional sólo puede promoverse por quien resulte perjudicado con un acto de autoridad en su esfera jurídica, esto es, el perjuicio sufrido presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando es transgredido por la actuación del Estado, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a reclamar el cese de esa violación, o sea, que el derecho protegido por la ley es lo que constituye el interés jurídico, para la procedencia del juicio de amparo. De igual forma, de acuerdo con el artículo 4o. de la ley de la materia, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley, esto es lo que se define como agravio personal y directo. El anterior criterio se sustenta en la tesis visible a fojas 224, del tomo II, Primera Parte, Julio a diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUÉ LO CONSTITUYE. El artículo 4º de la Ley de Amparo, contempla para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando este acto lesiona sus intereses jurídicos en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así como la tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse de forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse a base de presunciones, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados en la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de un agravio cuando los daños o perjuicio de una persona puede sufrir no afectan real y efectivamente sus bienes legalmente amparados." En efecto, en el oficio de cuenta, la autoridad responsable precisó que dentro del expediente administrativo laboral 220/E06/2021, no existe la omisión reclamada por la parte quejosa, ya que el mismo se encuentra en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas; asimismo indicó, que dentro del citado expediente la agraviada no figura como parte, ya que el mismo fue promovido por Lorena Martínez Soto, en contra de Cardinal Brands Fabricación, S. de R.L de C.V., lo que demostró con las constancias que para tal efecto allegó al presente juicio constitucional. En las relatadas circunstancias, es posible establecer que la peticionaria del amparo Beatriz Adriana Castillo García omitió, en el presente asunto, acreditar su interés para promover la contienda constitucional, pues de las constancias de autos se deprende que no es parte en el expediente de origen, y tampoco allegó a este juicio documento alguno con el cual acredite que la omisión reclamada transgreda sus derechos fundamentales; lo que se hacía necesario ya que las eventuales omisiones en el controversial que señala en su demanda de amparo como origen del acto, no figura como parte. Luego entonces, si en el presente caso se ha demostrado la falta de interés jurídico de la quejosa, debe sobreseerse en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia establecida por el numeral 61, fracción XXI, del indicado cuerpo de leyes. Finalmente, no constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veinticinco minutos del veinticinco de octubre dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Téngase al Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por ministerio de ley, rindiendo su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés estimen conveniente, sin perjuicio de darse nueva cuenta en la audiencia constitucional respectiva; además, téngasele dando cumplimiento con la exigencia que establece el quinto párrafo del citado numeral, pues en apoyo a su dicho remite diversas constancias. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que la celebración de la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, se advierte que la autoridad responsable denominada por la parte quejosa como Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, no ha rendido su informe justificado y no existe constancia alguna que acredite que haya recibido el oficio por medio del cual se le solicitó el mismo; en tal razón, se proporcionan los correos electrónicos oficiales de este órgano constitucional: 1jdo19ctoAJ@correo.cjf.gob.mx y/o juan.hernandez.soto@correo.cjf.gob.mx, para facilitar la remisión de lo referido en líneas anteriores. Por otra parte, de autos se desprende que la celebración de la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, las autoridades responsables denominadas por la parte quejosa como Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y Actuaria adscrita a dicha autoridad, ambas con sede en esta ciudad, no cumplieron con el requerimiento que este órgano jurisdiccional les hiciera en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, pues no remitieron copias certificadas de las constancias que acreditaran el acto que se les reclamó. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la misma legislación, requiérase por última ocasión a las citadas autoridades, para que en el improrrogable término de tres días, remitan copias certificadas de las constancias que acrediten el acto reclamado. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el indicado plazo o de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá de inmediato una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100) moneda nacional. Por tener consideraciones inherentes al caso, se cita la tesis jurisprudencial V.1º. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 712, tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "PRUEBAS. LA OMISION DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS OFICIOSAMENTE, OCASIONA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El Juez de amparo en cumplimiento al último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, está obligado a requerir a la autoridad responsable para que remita las pruebas o constancias que sean necesarias a efecto de practicar el análisis adecuado del acto reclamado, de tal manera que la infracción a dicho precepto ocasiona la reposición del procedimiento del juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 91 de la Ley de Amparo." En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan para su celebración las diez horas con veinticinco minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese.
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