Beanney Aguilar Valdez

Expediente 1141/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1141/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
30/07/2018

Partes del expediente

  • Beanney Aguilar Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que el proveído de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual este Juzgado de Distrito desechó la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. se instruye destruir el expediente principal

  2. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 24, 26, FRACCIÓN III, 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE CITA: téngase por recibido el oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual, a su vez, remite el memorial signado por el Secretario de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, por el que se transcribe la literalidad del acuerdo de dieciséis de julio del año en curso, emitido en el juicio de amparo ****, del índice de este órgano jurisdiccional, y copia certificada de la demanda de amparo promovida por *****. En ese sentido, en dicha determinación se hace constar que se ordenó la separación de autos del juicio de amparo *****, en virtud de que los actos de molestia reclamados, deben estudiarse de manera autónoma, correspondiendo a este asunto conocer únicamente respecto a la omisión de desahogar las pruebas periciales ofrecidas en el juicio agrario *****. En consecuencia, fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1141/2018-B, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113 de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de la Materia. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y en el caso, como lo reclamado versa sobre la omisión de la autoridad responsable de desahogar las pruebas periciales ofrecidas en el juicio natural, se estima que el acto de molestia no afecta esos "derechos sustantivos". Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Luego, tomando en consideración que la quejosa se duele de la omisión de desahogar las pruebas periciales en materia de grafoscopía y documentoscopía, es evidente que a través de lo reclamado de ninguna manera se afecta la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito, o la propiedad, sino que se trata de infracciones meramente adjetivas o intraprocesales que no afectan derechos fundamentales, dado que si el inconforme obtiene una resolución favorable dentro del juicio de origen, las violaciones alegadas no trascenderán en modo alguno al resultado del fallo en su perjuicio, y si no lo fuera, esto no ocasionaría una situación de imposible reparación, pues de acuerdo a sus manifestaciones la autoridad responsable únicamente se reservó desahogar las pruebas periciales ofrecidas, previo al dictado de la sentencia y señaló que de estimarlo necesario ordenará el desahogo de dichos medios de impugnación, por lo que se reitera, para que proceda el juicio constitucional que se intenta es necesario reclamar actos violatorios de derechos sustantivos y no eminentemente procesales como los que reclama la parte quejosa. Conforme lo expuesto, es que queda manifiesta la improcedencia de la demanda de amparo propuesta, de acuerdo con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en cuanto dispone que no procede el juicio de amparo en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo ya invocado, interpretado en sentido contrario, por lo que, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo de que se trata.

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