Bayron Arturo Cacuango Cacuango

Expediente 1673/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1673/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Bayron Arturo Cacuango Cacuango
  • BAYRON ARTURO CACUANGO CACUANGO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese al presente cuaderno de antecedentes, el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual acusa recibo del oficio 37423/2022, por el que se le remitió el original del juicio de amparo 1673/2022 del que deriva este cuaderno; asimismo, informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto registrándolo bajo el número 174/2023 de su índice. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En consecuencia, de conformidad con el artículo 21 inciso j)1, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 102, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un expediente en el que se declaró la incompetencia de este órgano jurisdiccional; además, a juicio del suscrito, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, en virtud que en autos de dos y tres de enero de dos mil veintitrés, se reservó remitir el informe de suspensión de plano rendido por la Sub Representante Local encargado de la Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Comitán, Chiapas, y así como las constancias relativas a las diligencias practicadas por el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, relativos al exhorto 286/2022, orden 452/2022,de nuestro índice, en obvio de mayores dilaciones remítanse al Juzgado oficiante dichas documentales, para que provea lo que corresponda, dejándose en su lugar copia simples de las mismas. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese al presente cuaderno de antecedentes, el sobre de cuenta, que devuelve el servicio de mensajería acelerada denominado Estafeta, con las leyendas "rechazado por el destinatario" y "entrega en zona de alto riesgo y/o difícil acceso", mismo que contiene el original del juicio de amparo 1673/2022 y el oficio 37423/202, de veintiocho diciembre de dos mil veintidós (fojas 32 a 40), dirigido al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en turno. Atento a lo anterior, en obvio de mayores dilaciones, reenvíese el oficio 37423/202, con el expediente original del juicio de amparo 1673/2022, al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en turno por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de tales órganos jurisdiccionales, a través del servicio de mensajería denominada Estafeta, para los efectos precisados en el referido oficio. Notifíquese.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a tres de enero de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, con el que devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 286/2022, orden 452/2022, que se envió a efecto de localizar a ***** y entregar los oficios condignos a las autoridades responsables, por las razones que ahí expone. No se acusa recibo de la referida comunicación, en virtud que fue recibida vía electrónica y el propio sistema genera el acuse de forma automática. Dese de baja la comunicación mencionada y hágase las anotaciones en el libro de control electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, en virtud que en auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional declaró la competencia a favor del Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en turno, resérvese enviar el oficio de cuenta y sus anexos al Juzgado que corresponda conocer del presente asunto, a fin de que provea lo que a su derecho proceda. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo sin firma electrónica ni autógrafa, promovida por ***, a favor de ***, contra actos autoridades siguientes: "III. ACTOS RECLAMADOS: A).- la inminente deportación, expulsión, repatriación, detención, retención e incomunicación los *** DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, Toda vez que se encuentran en estado de indefensión al no poder regularizar sus documentos en la delegación de migración de esta ciudad. B).- El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los *** DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, Por más de 36 horas, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración ubicada en Calle Carretera Internacional Ciudad Cuauhtémoc Sn, 30093 Comitán de Domínguez, Chiapas Y/O Calle Novena Poniente Norte 135, 30060 Comitán de Domínguez, Chiapas, Acto que se atribuye en su calidad de ordenadora y ejecutora a las autoridades marcadas como 4 a 8. C).- LA PRIVACIÓN DE SUS LIBERTAD PERSONAL Y/O ASEGURAMIENTO ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, ADEMAS DE LOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 22 DE LA CARTA MAGNA QUE PRETENDAN EJECUTAR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR CONDUCTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESE INSTITUTO, COMISIONADOS A LAS ACCIONES DE CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA EN CHIAPAS Y TODO EL PAIS, TODA VEZ Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, A OTROS NACIONALES NICARAGÜENSES LES HAN MANIFESTADO QUE ELLOS SON LA AUTORIDAD Y "NO LES INTERESA A LAS SUPENSIONES DE LOS JUECES FEDERALES". D).- EL TEMOR FUNDADO A SER DEPORTADOS, EN RAZON DE LOS ANTECEDENTES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION. E).- LA RESTRICCION AL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRANSITO, AL DETENERNOS Y/O ASEGURARNOS Y/O PRESENTARNOS ANTE EL INM, Y CON ESTO PRIVARNOS DE MANERA ILEGAL DE NUESTRA LIBERTAD PERSONAL, LA CUAL SE HA SIDO AMENAZADA POR ELEMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN CHIAPAS, COMISIONADOS A ACCCIONES DE CONTROL Y VERIFICACION MIGRATORIA Y AL NO PERMITIRNOS QUE VIAJEMOS A OTRA PARTE DEL PAIS PARA REALIZAR NUESTROS TRAMITES MIGRATORIOS. F).- La aplicación del inconstitucional artículo 111 de la Ley de Migración. Acto que se atribuye en su calidad de ejecutora a las autoridades marcadas como 1 al 5. G).- La aprobación y emisión del artículo 111 de la Ley de Migración publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011. Acto que se atribuye a las autoridades marcadas como 1 al 5. H).- La promulgación del artículo 111 de la Ley de Migración publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011. Acto que se atribuye a la autoridad marcadas del 1 al 5. IV. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- delegado Regional en Chiapas del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en Calle Carretera Internacional Ciudad Cuauhtémoc Sn, 30093 Comitán de Domínguez, Chiapas Y/O Calle Novena Poniente Norte 135, 30060 Comitán de Domínguez, Chiapas. (En su carácter de ordenadora y ejecutora). 2.- director de la Estación Migratoria en comitan, Chiapas del Instituto Nacional de Migración. Con domicilio en Calle Carretera Internacional Ciudad Cuauhtémoc Sn, 30093 Comitán de Domínguez, Chiapas Y/O Calle Novena Poniente Norte 135, 30060 Comitán de Domínguez, Chiapas. (En su carácter de ordenadora y ejecutora). 3.- subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria en Comitan, Chiapas de Instituto nacional de Migración, con domicilio en Calle Carretera Internacional Ciudad Cuauhtémoc Sn, 30093 Comitán de Domínguez, Chiapas Y/O Calle Novena Poniente Norte 135, 30060 Comitán de Domínguez, Chiapas. (En su carácter de ordenadora y ejecutora). 4.- subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Estación Migratoria en Comitan, Chiapas de Instituto Nacional de Migración, con domicilio en Calle Carretera Internacional Ciudad Cuauhtémoc Sn, 30093 Comitán de Domínguez, Chiapas Y/O Calle Novena Poniente Norte 135, 30060 Comitán de Domínguez, Chiapas. (En su carácter de ordenadora y ejecutora). 5.- jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos en la Estación Migratoria de Comitan, Chiapas, del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en Calle Carretera Internacional Ciudad Cuauhtémoc Sn, 30093 Comitán de Domínguez, Chiapas Y/O Calle Novena Poniente Norte 135, 30060 Comitán de Domínguez, Chiapas. (En su carácter de ordenadora y ejecutora)". ANOTACIONES Seguidamente, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Control Electrónico de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1673/2022-6-B FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS ? La privación de la libertad con fines de deportación fuera de procedimiento (expulsión y/o devolución y/o repatriación). ? Aseguramiento, detención o alojamiento prolongado. ? La incomunicación ? La aprobación, emisión, promulgación y aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. CONSIDERACIONES PREVIAS En virtud que la demanda fue presentada vía electrónica a través Oficialía de Correspondencia Común del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, sin firma autógrafa ni electrónica, este órgano jurisdiccional procede a atender los actos reclamados por ser de los prohibidos por los artículos 22 de la Constitución General de la República y 15 de la Ley de Amparo y en atención a lo dispuesto en el artículo 3º último párrafo del citado ordenamiento, y se reservará proveer lo que corresponda, respecto del diverso acto que hace consistir en la aprobación, emisión, promulgación y aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DEL ALOJAMIENTO PROLONGADO Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. Ahora, de conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención de la parte quejosa, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sean puestos en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la detención de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe consistir necesariamente en que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, su detención debe ser excepcional. Además, conforme el artículo 150 de la Ley de Amparo, la suspensión debe concederse en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él. De ese modo, si en el caso particular en el capítulo de hechos el promovente expone que los quejosos 1Bayron Arturo Cacuango Cacuango,2Emily Lizeth Lanchimba Tayan y 3Esther Maricela Mayorga Ibarra, fueron detenidos el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, por Agentes del Instituto Nacional de Migración, y alojados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, ubicada en Calle Carretera Internacional Ciudad Cuauhtémoc Sn, 30093, Comitán de Domínguez, Chiapas y/o Calle Novena Poniente Norte 135, 30060, Comitán de Domínguez, Chiapas, lo cual consiste en la detención de migrantes en situación irregular en una estación migratoria, que es un acto que afecta la libertad personal respecto del cual proceda conceder la suspensión. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 126 y 164 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano a los quejosos ***, respecto del acto reclamado consistente en la privación de libertad, con motivo del alojamiento en la Estación Migratoria Comitán de Domínguez, Chiapas, para el efecto de que si, a la fecha, los directos agraviados tienen más de treinta y seis horas alojados o retenidos en las instalaciones de la Estación Migratoria Comitán de Domínguez, Chiapas, SEAN PUESTOS EN INMEDIATA LIBERTAD, debiendo las autoridades responsables dictar las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que la parte quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa, pudiendo, en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración. Criterio similar asumió el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, por resolución pronunciada en sesión extraordinaria de diez de mayo de dos mil veintidós, en el recurso de queja 183/2022. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO RESPECTO DE LA INCOMUNICACIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CON FINES DE DEPORTACIÓN FUERA DE PROCEDIMIENTO Y TRASLADO. Respecto del acto reclamado consistente en la posible incomunicación, analizado lo expuesto por la parte quejosa y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor de ***, para el efecto de que a la brevedad se le haga efectivo su derecho a la notificación, contacto y asistencia consular, tomando en cuenta que ello es un derecho fundamental vigente en nuestro país, asimismo, para que en lo inmediato se les permita tener contacto con sus representantes legales. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2015596, que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 206, Décima época, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS EXTRANJEROS A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU FUENTE Y JERARQUÍA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. (...) Así como la diversa tesis de jurisprudencia de la referida Primera Sala, con registro digital 2015594, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 204, del tenor literal siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU CONTENIDO ESPECÍFICO Y RELEVANCIA PARA GARANTIZAR UNA DEFENSA ADECUADA DE LOS EXTRANJEROS. (...) Y la diversa jurisprudencia de dicha Primera Sala del Máximo Tribunal del País, con registro digital 2015592, que obra en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 200, Décima Época, Materias Constitucional, Penal, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. ACCIONES BÁSICAS QUE IMPLICAN SU INTERVENCIÓN. (...) Por otra parte, es importante traer a colación el artículo 22 constitucional, 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, mismos que disponen la procedencia de la suspensión de oficio y de plano. En efecto, los artículos 15 y 22 de la Constitución, en la parte que interesa, señalan: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. ...' Ley de Amparo "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. ..." "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De los artículos transcritos, se aprecia en lo que interesa, los actos prohibidos a que alude el artículo 22 constitucional y los supuestos de procedencia de la medida cautelar oficiosa y de plano que refiere la ley de la materia, se constriñen a las hipótesis que ahí señalan. Prevén la posibilidad de promover un juicio de amparo en nombre de un tercero cuando se reclamen actos, entre otros, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, y el afectado se encuentre imposibilitado para ejercer la acción de manera directa, en cuyo caso el juez de distrito está obligado a decretar la suspensión del acto. Asimismo, señalan que la suspensión de oficio se concederá de plano, cuando se trate de los actos precisados anteriormente, que, de llegarse a consumar, haría físicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho reclamado. Lo cual, deriva de la propia naturaleza del acto reclamado, en virtud de que para concederla únicamente es necesario atender al origen del acto tildado de inconstitucional, sin mayores requisitos porque, de ejecutarse sería imposible la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales; de ahí que, por su urgencia, sea dable otorgar la medida cautelar de oficio y decretarla de plano, inclusive sin que se cumplan previamente los requisitos de la demanda. En consecuencia, analizado lo expuesto por la parte quejosa y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125, 126 y 160, en relación con el 15 de la invocada Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que los quejosos ***, no sean objeto de ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como tampoco de la privación de la libertad con fines de deportación fuera de procedimiento, así como para el efecto de que no se ejecute la orden de deportación de la parte quejosa, siempre y cuando dicho mandamiento se hubiere emitido fuera de procedimiento. Sin que la suspensión decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Asimismo, la suspensión de plano concedida implica que de manera inmediata las autoridades responsables en términos del artículo 109 de la Ley de Migración les haga saber a la parte quejosa su derecho como presentado: ? Que conozcan la ubicación de la Estación Migratoria donde fueron alojados, sus reglas y servicios a los que podrán tener acceso; ? Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que soliciten el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrán, si lo desean, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; ? Tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; Lo anterior es así, ya que una persona extranjera que es detenida, se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, cabal y completamente, los derechos que le asisten, y la situación a la que se enfrenta, por tanto, a través de la ayuda consular, los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos fundamentales. ? Recibir de forma escrita sus derechos y obligaciones, informándole las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; ? Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crean conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; ? Informarle que en caso de que no hable español, contara con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; ? Acceder a comunicación telefónica; ? Recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. La suspensión que aquí se concede no tiene como efectos el tránsito libre de la parte quejosa por el territorio nacional, o sea un salvoconducto para su desplazamiento por el país. Lo anterior es así, pues como ya se precisó, hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria de la parte quejosa, deberá permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, que deba conocer de la solicitud de regulación respectiva, ello con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo; y por lo tanto, la medida cautelar sólo se concede en los términos ya precisados. Debiendo de informar las autoridades responsables dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Resulta ser aplicable al caso, la jurisprudencia: emitida por el Pleno del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 879, registro digital 2022090, cuya literalidad es: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. (...) Cabe precisar que los efectos de la medida suspensional anteriormente decretada, no implica sustituir el documento que en su caso expide la autoridad migratoria para transitar libremente por el territorio nacional. Dicha medida cautelar no surtirá efectos si en el caso los directos quejosos estuvieran en el supuesto a que se refiere el artículo 33 Constitucional, esto es, que el Titular del Ejecutivo de la Unión haya juzgado inconveniente la permanencia en el país de los extranjeros. Se precisa que la medida cautelar también se concede para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia con la debida oportunidad le de trámite a la solicitud que plantea la parte quejosa respecto de su situación migratoria. Asimismo, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá el efecto, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la parte quejosa por las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Lo anterior se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es el de residir legalmente en el país; sin embargo, tales derechos no son absolutos y por ende no es posible autorizarlos al margen de la disposición legal que los prevé, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetos a límites y subordinados a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. Por otra parte, en caso de que se haya ejecutado la deportación de la parte quejosa, la medida cautelar se concede para el efecto de que las responsables bajo su más estricta responsabilidad, tomen las medidas necesarias y que esté a su alcance para salvaguardar la vida de los mismos, así como para que gire las instrucciones necesarias a los Directores o Encargados de las Estaciones Migratorias, a efecto de que en el lugar que se designe o llegara a designarse para su estancia con motivo del seguimiento de algún proceso, también tomen las medidas necesarias indispensables para los efectos a que se hizo alusión. Lo anterior tiene su justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarias para salvaguardar la vida de los inmigrantes. REQUERIMIENTO ESPECIAL Requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que se encuentre notificada de este acuerdo, remitan a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que ha dado a la medida cautelar concedida; asimismo, deberán informar si en su base de datos ESTUVIERON REGISTRADOS LOS QUEJOSOS DESDE EL MOMENTO DE SU DETENCIÓN hasta el momento en que rindan su informe de suspensión de plano; de igual forma deberán indicar a qué lugar fueron reubicados, esto es, informar si de la citada base de datos de las estaciones migratorias de esta Entidad Federativa o bien de toda la República existe registro relativo al ingreso o reingreso de los quejosos; así como la fecha exacta y motivo por el cual, en su caso, dicha parte haya egresado. También se informa a las mismas que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligadas a recibir el oficio que en relación con este juicio se les dirija, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, o sea, que no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se les impondrá multa de cincuenta unidades de medidas y actualización de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo, que arroja la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se procederá en su contra en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se autoriza a las autoridades responsables que rindan su respectivo informe a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo Institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA POR EXHORTO URGENTE En consideración a que en el escrito de cuenta se advierte que los quejosos se encuentran en la Estación Migratoria Comitán de Domínguez, Chiapas, en consecuencia, con fundamento en el numeral 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto urgente vía SISE al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al Actuario Judicial de su adscripción, para que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria, ubicada en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, a fin de que localice a los quejosos 1Bayron Arturo Cacuango Cacuango,2Emily Lizeth Lanchimba Tayan y 3Esther Maricela Mayorga Ibarra; y bajo su más estricta responsabilidad y en el acto de la diligencia realice lo siguiente:  Vocear o llamar a los directos quejosos, en el lugar respectivo;  Notificarles el presente auto;  Dar fe del estado físico en que se encuentran los quejosos.  Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Se faculta al actuario para que indague en caso de ser necesario a disposición de qué autoridad diversa a las señaladas se encuentra la parte quejosa, y en caso de tener conocimiento les notifique el presente auto, y asienten la denominación de dicha autoridad. Así también, se solicita al Actuario Judicial del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en turno, que entregue los oficios que a continuación se citan, notificando la presente suspensión de plano, de los cuales se deberán anexar a dicha comunicación, así como copia de la demanda de amparo, solicitando de la manera más atenta al Juzgado exhortado, lo imprima tantas veces sea necesario, a fin de notificar el siguiente oficio a las autoridades responsables que se anexan, los cuáles podrá reproducir o imprimir tantas veces sea necesario. De igual manera, en aras de tutelar el artículo 17 Constitucional, se faculta al referido actuario, de ser necesario, testar la denominación incorrecta, y colocar, a puño y letra, el nombre correcto de la citada autoridad responsable a fin de notificarle lo antes referido, o a la autoridades donde sean localizados los directos quejosos. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al funcionario judicial que realice la diligencia, para que la lleve a cabo cumpliendo con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. Hecho lo anterior, sírvase devolverla la brevedad posible, adjuntando la constancia de notificación que al efecto haya recabado. INCOMPETENCIA Sin que se estime necesario proveer sobre la admisión de la demanda, debido a que este juzgado considera que no es competente para conocer del juicio por las siguientes razones: Esto es así, partiendo de las reglas fundamentales que en materia de competencia prevé el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto transcrito establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: 1) será competente el juez de Distrito en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Las notas diferenciales de las reglas de competencia establecidas por el artículo en cita fueron precisadas por la Tercera Sala del alto tribunal jurisdiccional del país, en la tesis 3ª. XLIX/93, publicada en la página trece, Tomo XII, septiembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que textualmente dice: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. (...) De lo anterior, se advierte que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, a efecto de detener la ejecución, si el acto es de aquellos que por su naturaleza son susceptibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Esa finalidad ha quedado plasmada en diversas tesis de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, como la sustentada por la entonces Segunda Sala, publicada en la página ciento treinta y cuatro, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que literalmente dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE CONSISTA EN UN DECRETO, SI SE ADVIERTE QUE SE RECLAMAN SUS EFECTOS E INMINENTES CONSECUENCIAS. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por lo tanto, si de la demanda de amparo se desprende que se reclama un decreto y sus efectos e inminentes consecuencias, resulta que debe conocer del juicio el Juez dentro de cuya jurisdicción tendrá que ejecutarse dicho decreto, pues de lo contrario, ningún sentido tendría que en el artículo 36 se atienda a la jurisdicción del Juez de Distrito en que el acto reclamado deba tener ejecución. Así como también, la tesis de la entonces Segunda Sala, publicada en la página setenta y tres, volúmenes 217-228, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que refiere: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado.". Consecuentemente, se colige que es competente para conocer de un juicio de amparo el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto; si son varios actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutarlo o si la responsable ejerce sus funciones en el lugar de la ejecución. En esa tesitura, debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, debido a que de esa manera el gobernado tiene un pronto acceso a la protección de sus derechos y porque la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio, aun ya concluido, al cumplimentar la sentencia; aunado a que para la aplicación de la regla prevista en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, basta que se trate de ejecutar el acto o que haya comenzado a ejecutarse con la intervención de la autoridad aunque no se haya logrado su total materialización, para que de esa manera se surta la competencia del juez de Distrito del lugar donde se presenta ese hecho. Como en la especie, los actos reclamados se hacen consistir sustancialmente en: ? La privación de la libertad con fines de deportación fuera de procedimiento (expulsión y/o devolución y/o repatriación). ? Aseguramiento, detención o alojamiento prolongado. ? La posible incomunicación. ? La aprobación, emisión, promulgación y aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. En tales condiciones, es de concluir, indudablemente, que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de este asunto, puesto que son los Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en turno, los que tienen jurisdicción en el territorio en que se quieren se ejecuten los actos reclamados por parte del Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en Comitán de Domínguez, Chiapas; ello en razón que el promovente refiere que los directos quejosos se encuentran alojados en las Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas. Máxime que de la lectura integra de la demanda no se advierten actos ejecutables en este distrito judicial. Por tanto, con apoyo en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio de amparo al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de tales órganos jurisdiccionales, a través del servicio de mensajería denominada Estafeta, a fin de que asuma el conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al juez que corresponda conocer del asunto, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación de la competencia y acusar el recibo correspondiente Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Con apoyo en los artículos 52 Duodecies y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas Y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrado en vigor a partir del siete de noviembre del año en curso, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación del portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con la apertura total de "juicio en línea", a todas las materias e instancias en los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por los medios electrónicos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por exhorto a los quejosos y por oficio a las autoridades responsables.

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