Baudilio Lopez Aldana

Expediente 2348/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2348/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • Baudilio Lopez Aldana

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, cinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la diligencia actuarial que antecede, se advierte que al fedatario judicial no le fue posible dar cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de treinta de septiembre del presente año, en virtud de que a su arribo a la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, quien lo atendió le informó que no se encontraba en dichas instalaciones el directo quejoso Baudilio López Aldana. En relación con lo anterior, debe señalarse que la experiencia en los asuntos de migrantes, regularmente, alguno de los quejosos directos, como en el caso acontece, no es encontrado por el fedatario de la adscripción en las instalaciones de migración de esta ciudad. Asimismo, en la práctica ha ocurrido que la parte promovente no proporciona mayor información respecto de la ubicación de los quejosos no encontrados; en tal virtud, ante ese desinterés generalizado por parte del promovente de continuar con el juicio de amparo en relación al quejoso no encontrado por el Actuario de la adscripción, se tiene por no presentada la demanda de amparo, únicamente por cuanto hace al referido quejoso. Igualmente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la firmeza de lo antes determinado, por lo que ello causa estado. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito del directo quejoso Santos Edwing Díaz Díaz, por medio del cual solicita se dé por concluido el presente juicio de amparo, en virtud de que el tres de octubre del año en curso, la autoridad responsable (Instituto Nacional de Migración), le otorgó la salida de la estación migratoria, anexando para tal efecto copia simple del oficio emitido por dicha autoridad, con el cual acredita dicha circunstancia. Por tanto, al ser la propia voluntad de la parte directamente quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda; por tanto, se dejan sin efectos las providencias decretadas a favor de los aludidos quejosos. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 356 fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se estima que tal determinación es consentida expresamente por dicha parte y por tanto, ante el desinterés procesal manifiesto de continuar con el trámite del presente asunto, se declara la firmeza del presente proveído. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, de conformidad con el punto 7.4, del capítulo 7, del Manual relativo al Acuerdo indicado en el párrafo anterior, el presente asunto es susceptible de depuración, dado que se concedió la suspensión de oficio y de plano; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. Téngase como autorizado de la parte quejosa en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alberto Meza Hernández, en virtud de no haber acreditado contar con cédula profesional registrada ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Nora Hilda Luna Lugo, Secretaria quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, en especial el proveído de veintidós de septiembre del presente año, por el cual se tuvo por recibido el oficio UT/STSAI/5824/2022-330030422004635-N, enviado por el Secretario para el Trámite de Solicitudes Jurisdiccionales de Acceso a la Información de Poder Judicial de la Federación, con sede en Ciudad de México, por el que solicitó diversas cuestiones, entre ellas justificar lo siguiente: Toda vez, que en dicho auto de veintidós del presente mes y año, después de una revisión integral del expediente 683/2021-II, del índice de este Juzgado, se informó a la autoridad oficiante que el mismo se encuentra en trámite. Por tanto, la información solicitada (copia electrónica del expediente número 683/2021) debe considerarse como reservada, en términos del artículo 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues su difusión vulneraría la conducción del expediente en tanto no haya causado estado. En ese sentido al actualizarse una causal de reserva respecto de la información solicitada, lo procedente es efectuar el análisis de la prueba de daño conforme al artículo 1042, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los siguientes términos: La divulgación de la información representa un perjuicio significativo, real, demostrable e identificable al interés público, pues se encuentra vinculada con las estrategias y actuaciones de hecho y de derecho que permitirá contar con elementos objetivos para dictar la sentencia que corresponda al asunto en cuestión, por lo que su difusión, previo a que el asunto cause estado, pone en riesgo el ejercicio equilibrado de los derechos de las partes y la certeza deliberativa del órgano jurisdiccional en la valoración del contenido y trascendencia de las constancias que, precisamente, formarán parte de análisis, lo que vulneraría los principios de equidad, debido proceso y equilibrio procesal, así como la propia continuidad del trámite del expediente. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, si se parte de la base de que la impartición de justicia es del mayor interés público, la divulgación de cualquier información que menoscabe ese interés constituiría un perjuicio desproporcionado sobre quien desea ejercer el derecho de acceso a la información; por tanto, la difusión de lo solicitado puede menoscabar, obstaculizar o dificultar la resolución del asunto de manera objetiva e imparcial, ya que dar a conocer actuaciones, diligencias o las constancias aportadas por las partes a personas ajenas a la relación procesal, puede generar un prejuzgamiento e inconvenientes para su emisión. La limitación es proporcional y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, pues no existe otro supuesto jurídico ni un medio menos restrictivo que permita el acceso de la información solicitada sin ocasionar un perjuicio a la adecuada conducción del expediente judicial en tanto no haya causado estado. Aunado a ello, dicha restricción es temporal ya que una vez que se dicte la sentencia correspondiente en el expediente de que se trata y esta cause estado, el solicitante estará en aptitud de obtener la información requerida. Plazo de reserva En consecuencia, atendiendo a lo expuesto en términos de los artículos 99, párrafo segundo y 1003, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se considera que el plazo de reserva de la información solicitada debe ser de 5 años, atendiendo a que el expediente se encuentra en trámite. Determinación jurisdiccional. Para dar cumplimiento al oficio de cuenta comuníquese a la Secretaría para el Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información de la Unidad de Transparencia lo siguiente: 1. Existencia de la información. El expediente referido en la solicitud remitida existe en los archivos de este órgano jurisdiccional. 2. Respecto a comunicar si la información en posesión de los Centros Archivísticos Judiciales, Centro de Manejo Documental y Digitalización en Apizaco, Tlaxcala o las Casas de la Cultura Jurídica, a raíz de la transferencia de los archivos judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Consejo de la Judicatura Federal. Se señala que la información solicitada no se encuentra en este supuesto en virtud de que el expediente señalado obra en este órgano jurisdiccional. 3. Precisar si la totalidad de la información solicitada como expresión documental, actualiza los supuestos de información reservada o confidencial, en términos de los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o si resulta procedente su entrega a través de una versión pública. De una revisión exhaustiva al expediente 683/2021, del índice de este Juzgado, se advierte que se encuentra en trámite. Por tanto, la información solicitada (demanda y auto de admisión) debe considerarse como reservada, en términos del artículo 110, fracción XI4, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues su difusión vulneraría la conducción del expediente en tanto no haya causado estado. En ese sentido al actualizarse una causal de reserva respecto de la información solicitada, lo procedente es efectuar el análisis de la prueba de daño conforme al artículo 1045, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los siguientes términos: IV. La divulgación de la información representa un perjuicio significativo, real, demostrable e identificable al interés público, pues se encuentra vinculada con las estrategias y actuaciones de hecho y de derecho que permitirá contar con elementos objetivos para dictar la sentencia que corresponda al asunto en cuestión, por lo que su difusión, previo a que el asunto cause estado, pone en riesgo el ejercicio equilibrado de los derechos de las partes y la certeza deliberativa del órgano jurisdiccional en la valoración del contenido y trascendencia de las constancias que, precisamente, formarán parte de análisis, lo que vulneraría los principios de equidad, debido proceso y equilibrio procesal, así como la propia continuidad del trámite del expediente. V. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, si se parte de la base de que la impartición de justicia es del mayor interés público, la divulgación de cualquier información que menoscabe ese interés constituiría un perjuicio desproporcionado sobre quien desea ejercer el derecho de acceso a la información; por tanto, la difusión de lo solicitado puede menoscabar, obstaculizar o dificultar la resolución del asunto de manera objetiva e imparcial, ya que dar a conocer actuaciones, diligencias o las constancias aportadas por las partes a personas ajenas a la relación procesal, puede generar un prejuzgamiento e inconvenientes para su emisión. VI. La limitación es proporcional y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, pues no existe otro supuesto jurídico ni un medio menos restrictivo que permita el acceso de la información solicitada sin ocasionar un perjuicio a la adecuada conducción del expediente judicial en tanto no haya causado estado. Aunado a ello, dicha restricción es temporal ya que una vez que se dicte la sentencia correspondiente en el expediente de que se trata y esta cause estado, el solicitante estará en aptitud de obtener la información requerida.

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