Baudene Barrera Valdovinos

Expediente 730/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
730/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/07/2023

Partes del expediente

  • Baudene Barrera Valdovinos

Actuaciones

  1. Principal

    Principal 730/2023-IV Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Visto; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de doce de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo, como asunto totalmente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años. Notifíquese.

  2. Principal

    Principal 545/2020-V CUENTA. El doce de julio de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el estado que guardan los presentes autos. Conste. El Secretario César Barajas García Acapulco de Juárez, Guerrero; doce de julio de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se puede celebrar, toda vez que en proveído de diez de julio del año en curso, se requirió al Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del citado acuerdo, informe el estado actual que guarda la excusa 1/2021. Por tanto, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.

  3. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA, EL AUTO DE DOCE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN EL QUE SE ACORDÓ. Acapulco de Juárez, Guerrero; doce de julio de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Baudene Barrera Valdovinos, contra actos de los Magistrados del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo. En ese sentido, regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 730/2023-IV y fórmese expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; sin que ello, tenga como consecuencia, admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Jueza debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 WordSISE "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal. El referido artículo de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." [.]" El dispositivo apuntado contempla la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. En ese sentido, en primer lugar es importante distinguir entre la titularidad de un interés jurídico o legítimo y la posibilidad de acreditarlo, en virtud de que hay casos en los que el análisis de la demanda y del acto reclamado permite advertir, sin lugar a dudas, que el quejoso carece de un interés jurídico o legítimo para promover juicio de amparo; sin embargo, en otras ocasiones, de BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 los elementos relatados en la demanda es posible desprender su titularidad, en cuyo caso debe existir la posibilidad de acreditarlo durante la substanciación del procedimiento. En este último caso, basta que al promover la demanda se advierta la posibilidad de que la parte quejosa sea titular de un interés jurídico o legítimo para admitirla a trámite, sin que sea necesario que ello se acredite plenamente en virtud de que tal extremo está vinculado con un aspecto que debe ser analizado y valorado en la sentencia que se dicte en el juicio de amparo. Por ello, al proveer sobre la admisión de la demanda, debe verificarse si la parte quejosa es titular de un interés jurídico o legítimo, lo cual puede acreditar plenamente durante el juicio; sin embargo, si de los antecedentes expuestos en la demanda de amparo se desprende que el quejoso no tiene interés jurídico o legítimo, entonces se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que tampoco podrá acreditarlo durante la secuela procesal. Al respecto debe precisarse que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente para quienes resienten perjuicio con motivo de un acto de autoridad. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Así, el interés jurídico en el juicio de amparo se refiere a la titularidad que tiene el quejoso en relación con los derechos trasgredidos y, en consecuencia, se requiere que el acto de autoridad que se reclama lesione de manera directa el derecho del que es titular la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que uno de los principios constitucionales que rigen el juicio de amparo es el denominado BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 WordSISE "agravio personal y directo", que contempla el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente dice: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]." Principio que es recogido en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 En efecto, de acuerdo con los preceptos normativos citados, el ejercicio de la acción constitucional está reservado para la parte agraviada, que deberá ubicarse en alguno de los dos supuestos siguientes: I.- Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa a su esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad (interés jurídico); o, II.- En caso de que no se cuente con tal interés, se establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Así, en relación con lo anterior, es importante mencionar que para ambos supuestos de interés debe acreditarse una afectación real y actual, sea de manera directa o por su situación especial ante la norma, lo que no ocurre en el caso, como se expondrá a continuación: El concepto "perjuicio" que señala la ley reglamentaria, tiene una connotación especial para el juicio de amparo, pues se refiere a la ofensa que se hacen a los derechos del orden constitucional de que es titular una persona, cuenta habida que esos tipos de interés (jurídico y/o legítimo), representan uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si los actos reclamados no lesionan la esfera de derechos de los gobernados, es decir, no causan un agravio personal y directo, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, entonces no tendrán legitimación para entablar dicho juicio de amparo. En ese orden de ideas, para su procedencia se debe acreditar, cuando se acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado afecta sus derechos, que tal acto le causa un daño, perjuicio o menoscabo en los mismos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra demostrada el juicio de garantías resulta improcedente. En esa tesitura, este órgano jurisdiccional estima que el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente contra el acto BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 WordSISE reclamado consistente en: "IV.- ACTO RECLAMADO: La Resolución emitida por los Integrantes del Consejo de la judicatura, dependiente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, de fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintitrés." Para demostrar lo anterior, es importante hacer hincapié en que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como objetivo fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate; de ahí que el orden jurídico objetivo otorga al interesado una mera facultad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto a sus pretensiones. Por ello, el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos tiene como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, lo cual responde a intereses superiores de carácter público y, por tanto, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo de sancionar al servidor público, sino determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo, y si la conducta resulta compatible o no con el servicio que se presta; de ahí que se trate de una facultad del Estado, con respecto a sus funcionarios o servidores públicos. De tal suerte que los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos son actos administrativos de control interno que tienen por objeto lograr y preservar una prestación óptima del servicio público. Sin que lo anterior implique otorgar la titularidad de un derecho a un particular, puesto que la actuación de éste se limita a hacer del conocimiento del órgano que corresponda alguna conducta irregular. BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 De manera tal que en el caso concreto, el acto reclamado no es susceptible de generar un agravio personal y directo a la parte quejosa, puesto que en principio la participación del quejoso se circunscribió a hacer de conocimiento de la autoridad responsable, los hechos que consideró indebidos. Sin que ello le otorgara derecho alguno para que la autoridad responsable se pronunciara en un sentido acordé con sus pretensiones, puesto que la investigación sobre si un determinado servidor público incumplió o no con las obligaciones inherentes a su cargo es una facultad del Estado. En relación con lo anterior, tampoco podría considerarse que el quejoso cuenta con interés legítimo para combatir el acto en cuestión, puesto que acorde a las consideraciones que anteceden, no puede sostenerse que el orden jurídico le otorga un derecho a salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento administrativo sancionador, sino sólo una facultad para denunciar posibles irregularidades en el desempeño de las funciones de servidores públicos, las cuales de actualizarse, sólo pueden ser sancionadas por el Estado, por ser una prerrogativa de éste, y no del promovente. En efecto, de lo narrado en la demanda de amparo se advierte que el quejoso presentó una queja administrativa en contra de la servidora pública Patricia Lozano Hernández, Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal adscrita al Juzgado de Oralidad Penal en Zihuatanejo, Guerrero, con motivo de la cual, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, emitió la resolución de veintiséis de mayo del presente año, misma que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional; sin embargo, con la emisión de dicha resolución a la impetrante no resiente una afectación, para impugnar en el juicio de amparo, porque se insiste, el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 WordSISE sancionador, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate. Tal y como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 1/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 1120, que es del tenor siguiente: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE." Derivado de lo anterior, se estima que la denunciante de la queja administrativa promovida en contra de un servidor público, no resiente una afectación y carece de legitimación para impugnar, por la vía del amparo, la resolución emitida en el procedimiento administrativo respectivo, en primer lugar, porque se trata de un procedimiento administrativo y no jurisdiccional en el que el denunciante tenga la calidad de parte; además, porque tal decisión no representa un beneficio o perjuicio directo para el promovente de la queja, el que únicamente tiene derecho a presentarla en relación con la conducta de los servidores públicos, respecto de su actuación dentro de la tramitación de algún asunto, pues el procedimiento administrativo consiste en actos de control interno en los que se investiga si el servidor cumplió con sus obligaciones y deberes inherentes a su cargo y su conducta resulta compatible o no con el servicio prestado, y será el órgano disciplinario correspondiente el que decidirá si inicia o no formalmente el procedimiento administrativo de responsabilidades y se sanciona o no al servidor público. Y si bien cualquier interesado puede presentar queja por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; no menos cierto resulta que ello no otorga a los denunciantes la facultad de BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 exigir a la autoridad que realice determinada conducta o acceda a sus pretensiones; por tanto, no se causa afectación al quejoso para reclamar la resolución correspondiente. Ello es así, porque el procedimiento administrativo de responsabilidad tiene por finalidad salvaguardar la óptima prestación del servicio público de administración de justicia y no tiene por objeto constituir derechos en favor del denunciante, pues dicho procedimiento no tutela intereses particulares de los denunciantes o promoventes de la queja o denuncia. En consecuencia, no tienen reconocido en la ley aplicable un derecho subjetivo para instar, vía demanda de amparo, la resolución emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa, sobre todo porque para la promoción del amparo se requiere que el acto reclamado viole sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a la esfera de los mismos, de conformidad con el artículo 5° de la Ley de Amparo; lo que en el caso concreto no sucede por las razones expuestas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Baudene Barrera Valdovinos, por su propio derecho, contra actos de los Magistrados del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo. Por las razones que contiene, resulta aplicable la jurisprudencia PCJI.A. J/2 A (10a.), registro digital 2010369, de rubro: "QUEJA ADMINISTRATIVA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. CUANDO EL DENUNCIANTE RECLAMA EN AMPARO TAL DETERMINACIÓN, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 WordSISE Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el señalado en el escrito inicial de demanda, y como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Karla Lizbeth Mejía Rodríguez y Marco Antonio Gutiérrez Terán, en virtud de que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se comunica a las partes que las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 WordSISE se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el expediente en que se actúa, así como la expedición de copias simples o certificadas de las actuaciones que integran este sumario, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente.

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