Baudelio Bonilla Ibarra
Expediente 74/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 74/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Baudelio Bonilla Ibarra
- Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diez de mayo de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes, toda vez que como se advierte de la certificación que antecede no obran en el sumario documentos originales. Devolución de legajo de pruebas. Finalmente, resulta innecesario conservar los legajos de pruebas recibidos mediante proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés e identificado como Tomo I y II, los cuales fueron formados con las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable; en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado de los autos, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, en consecuencia, se acuerda lo siguiente: Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis de las constancias que integran el presente sumario, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hacen consistir en: La omisión del Tribunal responsable de desahogar la totalidad de las pruebas admitidas en auto de siete de febrero de dos mil dieciocho dentro del expediente ********************/********************. Para mejor proveer, las pruebas que se admitieron en el auto indicado con anterioridad se precisan en las siguientes tablas ilustrativas, tanto de la parte actora como de la demandada, respectivamente: Desglose de las pruebas admitidas a la parte actora (tabla 1) Prueba admitida Autoridad o persona a cargo Estado en el que se encuentra la probanza 1.- Confesional ficta No necesita desahogo. No necesita desahogo. 2.- Confesional expresa No necesita desahogo. No necesita desahogo. 3.- Confesional por posiciones ******************** Se tuvo por desierta (trece de marzo de dos mil veintitrés, visible en foja 57 de autos) 4.- Confesional por posiciones (cambió a testimonial) ******************** Pendiente de desahogar (se requirió al******************** por domicilio del ateste el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, visible en foja 54 de autos, notificándole de lo anterior el catorce de marzo de este año) 5.- Confesional por posiciones (cambió a testimonial) ******************** Pendiente de desahogar (se requirió al******************** por domicilio del ateste el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, visible en foja 54 de autos, notificándole de lo anterior el catorce de marzo de este año) 6.- Confesional por posiciones ******************** Desahogada (siete de junio de dos mil dieciocho, visible en foja 33 del legajo de pruebas identificado como "Tomo II"). 7.- Confesional por posiciones ******************** Desahogada (siete de junio de dos mil dieciocho, visible en foja 35, ídem). 8.- Confesional por posiciones ******************** Desahogada (siete de junio de dos mil dieciocho, visible en foja 31, ibídem). 9.- Confesional por posiciones ******************** Desahogada (siete de junio de dos mil dieciocho, visible en foja 40, ibídem). 10.- Documentales No necesita desahogo. No necesita desahogo. 11.- Inspección y fe ocular Actuario judicial adscrito al Tribunal responsable. Desahogada (dieciséis de abril de dos mil dieciocho, visible en fojas 18 y 19 del legajo de pruebas identificado como "Tomo II"). 12.- Testimonial ******************** Pendiente de desahogar (último señalamiento para llevar a cabo, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, visible en foja 50 de autos) 13.- Instrumental de actuaciones No necesita desahogo. No necesita desahogo. 14.- Presuncional en triple aspecto No necesita desahogo. No necesita desahogo. Desglose de las pruebas admitidas a la parte demandada (tabla 2) Prueba admitida Autoridad o persona a cargo Estado en el que se encuentra la probanza 1.- Confesional por posiciones y declaración de parte ******************** Desahogada (ocho de junio de dos mil dieciocho, visible en foja 48 del legajo de pruebas identificado como "Tomo II"). 2.- Testimonial ******************** Pendiente de desahogar (último señalamiento para llevar a cabo, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, visible en fojas 43 y 44 de autos) 3.- Testimonial ******************** Pendiente de desahogar, se requirió al******************** para que informara si tenía interés en que se efectuara dicha probanza el nueve de agosto de dos mil veintidós, notificándole el catorce de marzo de dos mil veintitrés, visible en fojas 53 a 56 de autos). 4.- Instrumental de actuaciones No necesita desahogo. No necesita desahogo. 5.- Presuncional No necesita desahogo. No necesita desahogo. 6.- Confesional expresa No necesita desahogo. No necesita desahogo. 7.- Documentales (con ratificación de firma y contenido) ******************** Desahogada (ocho de junio de dos mil dieciocho, visible en foja 50 del legajo de pruebas identificado como "Tomo II"). 8.- Pericial Técnica ******************** Se declaró desierta (siete de septiembre de dos mil diecinueve, visible en foja 50, ídem). 9.- Inspección y fe ocular Actuario Judicial adscrito al Tribunal responsable. Desahogada (dieciséis de abril de dos mil dieciocho, visible en foja 20, ibídem). Ahora bien, con independencia de que el impetrante de amparo haya reclamado la omisión de desahogar todas las pruebas admitidas en el citado auto de siete de febrero de dos mil dieciocho; de la interpretación de la totalidad de la demanda, se dilucida que se duele del retardo en la impartición de justicia por parte del Tribunal responsable al no efectuar debidamente la prosecución del juicio laboral. Es por ello que este juzgador únicamente se pronunciará por aquellos medios de prueba que estaba pendiente su desahogo hasta antes de la presentación de la demanda de amparo, es decir, el dieciséis de enero de dos mil veintitrés. En otras palabras, se analizarán las probanzas señaladas en la tabla 1, específicamente las marcadas con los números 3, 4, 5 y 12 ofrecidas por la parte actora, así como los medios de prueba indicados como 2 y 3 en la tabla 2, ofertadas por la parte demandada. En esa intelección, por lo que refiere a la prueba 3 de la parte actora, como se estableció en la tabla 1, esta se tuvo por desierta el trece de marzo de dos mil veintitrés, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, lo que hace concluir que a la fecha de la presentación de la demanda era cierto que el Tribunal responsable no había hecho las gestiones correspondientes para la prosecución del juicio natural. En cuanto a las pruebas 4 y 5 de la parte actora, si bien, en el aludido auto de siete de febrero de dos mil dieciocho, estas habían sido admitidas como confesional por posiciones, el siete de junio de ese mismo año, se les cambió a naturaleza testimonial, en virtud de que las personas a cargo de desahogarlas, ya no laboraban para la demandada; lo anterior, con fundamento en el artículo 793 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, con fundamento en dicho numeral, y a petición de la parte actora, requirió a la demandada para que diera el domicilio de las personas a cargo de las probanzas que se estudian; no obstante, fue hasta el catorce de marzo de dos mil veintitrés, que notificó el aludido requerimiento, es decir, realizó las gestiones conducentes con posterioridad a la presentación escrito inicial de amparo. Después, acerca de la probanza 12 de la parte actora, si bien, ésta diligencia se encuentra pendiente, lo cierto es que, ha tenido múltiples diferimientos, sin embargo, el Tribunal responsable en cada una de estas ocasiones -los diferimientos- ordenó al actuario judicial adscrito a dicho Tribunal, para efecto de que notificara a los testigos, poniendo de relieve, la pretensión objetiva por impulsar el procedimiento laboral. Posteriormente, con respecto al medio de convicción 2 de la parte demandada, igualmente, a pesar de los diversos diferimientos, el Tribunal responsable comisionó al fedatario público correspondiente para efecto de que hiciera del conocimiento de las atestes la nueva fecha que tuvo bien a señalar el multicitado Tribunal. Por último, por lo que refiere a la probanza 3 de la parte demandada, en actuación de nueve de agosto del veintidós, así como se precisó en la tabla 2, se requirió al******************** para que informara si subsistía el interés en desahogar la probanza que se estudia, por los motivos que en dicha actuación se exponen. Empero, la aludida actuación, apenas le fue notificada a la demandada el catorce de marzo de dos mil veintitrés, o sea, se efectuaron las gestiones correspondientes con posterioridad a la presentación escrito inicial de amparo. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la inactividad procesal del Tribunal responsable para llevar a cabo el desahogo de todas las probanzas del auto de siete de febrero de dos mil dieciocho, así como realizar las gestiones correspondientes para lograr el desahogo de dichos medios de prueba, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto sus pretensiones se encuentran satisfechas, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la hora señalada para el día de hoy. También, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajusten a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el magistrado Instructor adscrito a la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa, las cuales serán valoradas en cuanto a su procedibilidad en audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, trece de marzo de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado de autos y la certificación que antecede de los que se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy en virtud de que se encuentra pendiente que se alleguen al sumario las constancias que le fueron requeridas a la responsable; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián
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